El Gobierno vasco plantea diferenciar los niveles de expresión oral y escrita de euskera asignados a cada puesto de trabajo en el sector público y poder asignar un "perfil lingüístico intermedio combinando los diferentes niveles" si se considera que en esas tareas se requieren competencias de euskera escrito y hablado diferentes.
Esta es una de las novedades recogidas en borrador del nuevo decreto que regula el proceso de normalización del uso del euskera en las entidades del sector público de la CAV que esta semana ha sido sometido a trámite de información pública para recibir aportaciones.
En el texto, que viene a actualizar el decreto vigente de 1997, se prevén los llamados "perfiles lingüísticos intermedios".
Hasta ahora, todos los perfiles lingüísticos han sido simétricos, es decir, se exigía el mismo nivel en todas las competencias que conformaban el perfil lingüístico. A lo largo de los años de vigencia del Decreto 86/1997, se ha detectado la existencia de puestos de trabajo en los que los niveles de expresión oral y escrita necesarios para el desempeño de las funciones de un puesto de trabajo son diferentes, según explica el Ejecutivo en la exposición de motivos del borrador del decreto.
Para estos casos se ha creado la posibilidad de establecer perfiles lingüísticos intermedios "siempre y cuando del análisis de las funciones y relaciones comunicativas del puesto de trabajo se deduzca su conveniencia".
En cualquier caso, en los puestos de trabajo que tengan relación verbal con la ciudadanía "el nivel mínimo de expresión oral será el PL2 o B2, ya que los expertos consideran que este nivel es básico para garantizar adecuadamente los derechos lingüísticos de la ciudadanía".
Otra de las novedades que se incluyen en el borrador es la exención de la acreditación del perfil lingüístico por haber realizado en euskera todas las pruebas del proceso selectivo y haber superado el mismo.
El texto busca conseguir una administración que trabaje en euskera y castellano y también pretende unificar en un único texto las normas generales comunes de normalización para todo el sector público entre las que se encuentran Osakidetza, Ertzaintza, Educación, Justicia y otros sujetos públicos hasta ahora excluidos del proceso de normalización.