El Gobierno vasco rechaza la oferta del Ingreso Mínimo Vital porque el Estado le hurta funciones

La Consejería de Autogobierno ha roto su silencio. Tras meses mordiéndose la lengua y sin revelar los escollos políticos que están retrasando la transferencia del Ingreso Mínimo Vital desde octubre del año pasado, Olatz Garamendi ha emitido una nota de prensa donde rechaza la propuesta que le ha formulado el Gobierno español porque "recorta las funciones" que debe asumir la comunidad autónoma. En concreto, pretende fiscalizar el pago de esta ayuda y retener ese control, y hace un planteamiento de "dudosa legalidad".

En resumen, supondría petrificar la situación actual, una mera encomienda de gestión, y no una transferencia como tal. Como consecuencia, el Estado escatima en los medios humanos, materiales y económicos necesarios porque no está pensando en un traspaso completo, sino en "mercancía averiada". Garamendi "en ningún caso aprobará la transferencia en estas condiciones".

Sin citar expresamente al ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, como artífice de este bloqueo, Garamendi deja ver que la situación es crítica con ese departamento y que entra en abierta contradicción con el compromiso político que sí asumió con ella el ministro de Política Territorial, Miquel Iceta. Con esta manifestación clara de malestar por parte del Gobierno vasco, sube la presión para que el presidente español, Pedro Sánchez, clarifique y tercie en mitad de esta contradicción entre dos de sus ministerios, como ya adelantó DEIA.

LESIVO PARA EUSKADI

La nota de la consejería anuncia que el Gobierno vasco ha rechazado la propuesta que le ha trasladado el Ejecutivo español porque "recorta las funciones a asumir" y no traspasa los medios humanos, materiales y económicos necesarios. Lo que plantea Madrid es "mercancía averiada" para Lakua, y de "dudosa legalidad y lesivo para los intereses de Euskadi". Cree que genera un "daño" a Euskadi porque el Estado se reserva funciones y retiene la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, "en contra de lo que dispone el Estatuto de Gernika, en su artículo 18.2". Establece una relación de "dependencia jerárquica" respecto a Madrid.

Garamendi muestra su "sorpresa" y recuerda que Iceta se comprometió públicamente al traspaso completo, de manera que Euskadi asumiría todo el proceso de principio a fin, y tramitaría, autorizaría y concedería la prestación. El Gobierno vasco culmina su nota sin romper la negociación, y apostando por seguir dialogando, aunque la pelota queda en el tejado de Pedro Sánchez ante el bloqueo actual. La vicelehendakari segunda y líder del PSE, Idoia Mendia, lleva meses defendiendo el traspaso íntegro de la competencia, sin regatear en sus funciones. En este asunto, la sintonía es total.