El Gobierno Vasco reclama a Verter Recycling, la empresa propietaria del vertedero vizcaíno de Zaldibar en cuyo derrumbamiento murieron los trabajadores Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán, un total de 28,7 millones de euros, una cuantía a la que se suma el coste de los desperfectos en la autopista A-8.
Así lo confirma la consejera vasca de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, en una respuesta por escrito a la parlamentaria de Elkarrekin Podemos Miren Gorrotxategi, que le pregunta si existe la posibilidad de que Verter Recycling no asuma la devolución de los costes que son de su responsabilidad.
La formación morada presentó esta pregunta parlamentaria el pasado mes de octubre a raíz de que el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORNE) publicara el 29 de septiembre la liquidación de la compañía Verter Recycling. La consejera niega que Verter pueda quedar eximida de su deuda y explica que en caso de no sufragar esos 28,7 millones deberán hacerlo los responsables subsidiarios, es decir los gestores y administradores de la empresa, los que sucedan al propietario en la titularidad de la misma o en el ejercicio de la actividad o los miembros de las administraciones concursales y liquidadores de esta firma.
Tapia ha precisado que ya se ha exigido ese importe a Verter Recycling y que se le concederá un periodo de pago voluntario de la deuda. Una vez transcurrido, se adoptarán las herramientas legales para su recuperación. "No se contempla la posibilidad de que la empresa se exima de su responsabilidad, siempre desde el respeto a las decisiones que se pueden adoptar por las autoridades judiciales en el procedimiento contencioso-administrativo incoado" por esta empresa.
El importe de 28.738.441 euros es el coste ocasionado por los trabajos que tuvo que hacer el Gobierno Vasco para prevenir y evitar nuevos daños tras el derrumbe del vertedero el 6 de febrero de 2020. Concretamente consistieron en prevenir y reparar los daños ambientales derivados del deslizamiento de tierras, por lo que no incluyen los daños ocasionados en la autopista A-8, cuyos responsables serán los encargados de calcular y reclamar sus costes de reparación.
La búsqueda de los dos trabajadores sepultados en el vertedero se prolongó durante quince meses hasta el hallazgo de Alberto Sololuze, pero no así de Joaquín Beltrán. Los trabajos de estabilización y adecuación concluyeron el pasado mes de agosto.
En septiembre los tres responsables de Verter Recycling, que estaban acusados de dos homicidios por imprudencia grave y de un delito contra la seguridad de los trabajadores, pactaron con la Fiscalía y las familias una condena de seis meses de prisión -lo que supone que no entrarán en la cárcel- e indemnizar a las familias de las víctimas.
Sin embargo, todavía hay un segundo proceso judicial abierto contra los responsables de Verter por el derrumbe del vertedero en febrero del 2020, por presuntos delitos medioambientales, al que hace referencia la consejera en su respuesta parlamentaria.