El viceconsejero de Vivienda del Gobierno vasco, Miguel de los Toyos, ha defendido este lunes que es "imperativo que la vivienda deje de ser un factor que incremente la desigualdad y vuelva a considerarse un derecho fundamental" y cree que, "para ello, es necesario un compromiso conjunto de los Estados miembros para desarrollar un marco normativo común que proteja a los colectivos más vulnerables y garantice el acceso a una vivienda digna".
En un comunicado, el Gobierno vasco ha informado de que el Observatorio Vasco de la Vivienda, iniciativa del Departamento de Vivienda y Agenda Urbana, ha publicado este lunes el informe sobre vivienda asequible en la Unión Europea, estudio que "evidencia que el acceso a una vivienda digna y asequible se ha convertido en un desafío en la mayor parte de los países de la UE".
El informe indica que "las tasas de sobrecarga de costes de vivienda, que miden el porcentaje de ingresos que las familias destinan a la vivienda, han aumentado en toda la región". Según señala, en países como el Estado español, el 30,6% de los hogares que viven en alquiler a precio de mercado destinan más del 40% de sus ingresos a cubrir los costes de vivienda, superando sustancialmente la media de la UE, situada en el 20,6%.
"Esto refleja la tensión en el mercado de alquiler y la insuficiencia de viviendas asequibles para satisfacer la demanda", ha explicado el director de Planificación y Procesos Operativos de Vivienda del Gobierno Vasco, Mario Yoldi.
Además, ha destacado que este informe "revela que la crisis de acceso a la vivienda es una problemática extendida en toda Europa, no limitada únicamente al Estado español, y se agrava en varios países del sur, como Grecia, Italia o Portugal".
Gran carga para las familias
El estudio subraya que los buenos resultados en algunos indicadores macroeconómicos, como el crecimiento del PIB estatal --que alcanzó el 2,1% en 2023--, no se están traduciendo en una mejora del bienestar económico de las familias. Aunque la inflación ha disminuido del 10,4% en 2022 al 3,4% en 2023, los efectos acumulativos han mermado el poder adquisitivo de los hogares, especialmente en lo que respecta a la vivienda.
En ese sentido, el viceconsejero de Vivienda, Miguel de los Toyos, ha reconocido que "la escalada de precios y el aumento de los costes hipotecarios, debido a las subidas del Euribor durante el pasado año, han incrementado la carga financiera para quienes buscan adquirir o alquilar un hogar".
Especulación con la vivienda
Una de las principales conclusiones del informe es "la disminución paulatina en las políticas públicas de vivienda en la mayoría de los países europeos". "Este abandono ha favorecido un entorno en el que el sector privado ha impulsado de manera significativa los precios de la vivienda, con un enfoque especulativo que ha convertido a la vivienda en un activo financiero, en lugar de un bien de primera necesidad", ha explicado De los Toyos.
Además, el estudio indica que "la escasez de oferta y la creciente demanda, especialmente en las áreas metropolitanas, han llevado a una situación en la que la vivienda resulta inaccesible para muchas familias" y subraya que "la situación es especialmente grave en los países del sur de Europa, donde el sobreesfuerzo de las familias para acceder a una vivienda es notorio".
En este sentido, señala que en países como Grecia, Italia y Portugal, el porcentaje de ingresos destinados a la vivienda es similar o incluso superior al de España, "lo que agrava las desigualdades sociales". "La falta de vivienda pública y de políticas de regulación del mercado de alquiler ha dejado a las clases medias y bajas con escasas opciones para emanciparse y acceder a una vivienda adecuada", subraya.
Reactivar políticas públicas
Ante esta situación, el informe hace un llamamiento a la "necesidad de reactivar políticas públicas de vivienda en la Unión Europea para aumentar la oferta de viviendas asequibles y regular el mercado".
El viceconsejero de Vivienda del Gobierno vasco considera "imperativo que la vivienda deje de ser un factor que incremente la desigualdad y vuelva a considerarse un derecho fundamental" y cree que "para ello, es necesario un compromiso conjunto de los Estados miembros para desarrollar un marco normativo común que proteja a los colectivos más vulnerables y garantice el acceso a una vivienda digna".
Por último, el Gobierno vasco ha aplaudido la decisión de la Comisión Europea de "impulsar la figura de un nuevo Comisario de Vivienda y Energía", el danés Dan Jorgensen que, "a pesar de las limitaciones en competencias de vivienda, tendrá un papel clave en el impulso de actuaciones de regeneración urbana y eficiencia energética, lo que redundará en una actualización y mejora del parque de vivienda europeo e introducirá, previsiblemente, medidas de apoyo financiero a la promoción de viviendas asequibles".