El Gobierno vasco ha reconocido como víctimas de vulneración de derechos humanos entre 1978 y 1999 a 66 personas, entre ellas a José Ignacio Zabala, miembro de ETA secuestrado, torturado y asesinado por los GAL junto al también integrante de la organización terrorista José Antonio Lasa.
Estos reconocimientos se recogen en el tercer informe de la Comisión de Valoración del Gobierno vasco de las solicitudes de reconocimiento como víctimas presentadas en virtud de la llamada ley vasca de abusos policiales.
En el documento no está contemplado el nombre de José Antonio Lasa porque sus familiares presentaron la petición fuera de plazo de las solicitudes estudiadas entre julio de 2022 y junio de 2023.
Víctima de aparatos policiales y parapoliciales
La comisión considera no obstante que debería producirse una reapertura de plazos para atender "de forma cabal" esta petición, es decir, en el mismo sentido que a la de la familia de José Ignacio Zabala, que en su solicitud pidió que este fuese reconocido como "víctima de los aparatos policiales y parapoliciales del Estado español" y dejó constancia de que todos sus allegados "han sufrido una tortura psicológica, durante tantos años, en silencio".
En total, según se incluye en el informe adelantado por EiTB al que ha tenido acceso EFE, 66 peticiones han sido resueltas favorablemente y 64 no han sido admitidas o han sido desestimadas por haberse presentado fuera del plazo legal.
De las 66 víctimas, además de José Antonio Zabala, "secuestrado, desaparecido forzadamente y torturado", hay 49 ciudadanos que sufrieron malos tratos o torturas en dependencias policiales; 7 fallecidos por disparos de bala de la policía y de grupos de extrema derecha; una más murió por los golpes de un grupo de extrema derecha tras ser violada; cuatro sufrieron heridas de bala y otro fue herido con pelotas de goma.
Además, se contabilizan otras tres víctimas heridas graves como consecuencia de patadas o de otro tipo de golpes
El importe indemnizado durante este periodo ha sido de 1.614.007 euros, de los cuales 183.328 han sido para las víctimas de tortura; 1.080.000 para ocho de los fallecidos (en uno de los casos la familia de la víctima ya había sido indemnizada por la Ley de Memoria Histórica).
El resto, entre los que se encuentran los heridos de bala, botes de humo, pelotas de goma u otro tipos de golpes, han recibido 350.678,38 euros.
Del total de víctimas reconocidas, la mayoría son hombres (55) frente a 11 mujeres. Los causantes de los abusos fueron la Guardia Civil, la Policía Nacional, la Ertzaintza, el Batallón Vasco Español, la Triple A, la Asociación Nacional Española, los GAL y los Guerrilleros de Cristo Rey.
De ellas 25 pertenecían a ETA o tenían algún tipo de relación con la organización terrorista o con miembros de esta. También hay ciudadanos adscritos a distintas organizaciones como los Comités Antinucleares, el sindicato CCOO o el PCE, entre otras.
En su informe, la comisión afirma que en la mayor parte de los casos la actitud de las instituciones a las que se les ha pedido información ha sido colaborativa, aunque en ocasiones no le ha sido posible obtener los datos solicitados.
Obstáculos judiciales y militares
No obstante, constata obstáculos en la actitud de los archivos militares de los que solo ha podido obtener documentación en una de las peticiones cursadas hasta la fecha y subraya que tiene "serias dificultades" para obtener la información de expedientes relativos a juzgados y tribunales situados en la Comunidad Autónoma Vasca.
Por ello, se muestra preocupada por el hecho de que "si no hay mayor celeridad y celo en posibilitar el acceso a determinada documentación" su trabajo "puede verse perjudicado seriamente", por lo que hace una llamada a la colaboración de todas las entidades al advertir de que "el tiempo corre en contra de muchas de las personas solicitantes".
El informe será presentado el próximo lunes por sus autores en la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco.