El Gobierno vasco reconoce a otras 66 víctimas de abusos policiales

La Comisión de Valoración de las víctimas de violencia de motivación política, creada por la Ley 12/2016, conocida como de abusos policiales, ha presentado esta mañana ante la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Justicia del Parlamento Vasco su tercer informe anual que recoge las peticiones de reconocimiento estudiadas entre julio de 2022 y junio de 2023, y que propone reconocer como víctimas de vulneración de derechos humanos entre 1978 y 1999 a 66 víctimas.

La presidenta de la comisión, Juana Balmaseda, y el coportavoz de este órgano, Jon Mirena Landa, han explicado a los grupos parlamentarios que, en ese periodo de un año, se han resuelto 131 expedientes, de los cuales 66 han sido resoluciones de reconocimiento de víctimas, y 64 inadmisiones o desestimaciones por haber presentado la solicitud fuera del plazo legalmente establecido. Además, ha habido un desistimiento.

De las víctimas que se ha decidido reconocer, siete fallecieron a consecuencia de disparos de bala por parte de la Policía o grupos de extrema derecha, mientras que otra murió por golpes de un grupo de extrema derecha tras ser violada. A estas se suma Joxi Zabala, que sufrió “un episodio terrible de secuestro, desaparición forzada, torturas y asesinato, perpetrado por los GAL en 1983”, expone el documento.

También abre la puerta al reconocimiento de Joxean Lasa, cuyo caso no se ha tratado todavía porque la familia planteó la solicitud fuera de plazo. La comisión considera no obstante que debería producirse una reapertura de plazos para atender “de forma cabal” esta petición, es decir, en el mismo sentido que a la de la familia de Zabala, que reclamó que este fuese reconocido como “víctima de los aparatos policiales y parapoliciales del Estado español”. El pasado 15 de octubre tuvo lugar precisamente el 40 aniversario del secuestro de Lasa y Zabala en Baiona por la Guardia Civil.

Pelotas de goma

El informe añade que otras 49 personas fueron objeto de malos tratos o tortura en dependencias policiales; cuatro resultaron heridas de bala y otra fue herida por pelota de goma. Otras tres víctimas sufrieron heridas graves como consecuencia de patadas u otro tipo de golpes.

De ellas 25 pertenecían a ETA o tenían algún tipo de relación con la organización terrorista o con sus miembros. También hay ciudadanos adscritos a distintas organizaciones como los Comités Antinucleares, el sindicato CCOO o el PCE, entre otras. Los causantes de los abusos fueron la Guardia Civil, la Policía Nacional, la Ertzaintza, el Batallón Vasco Español, la Triple A, la Asociación Nacional Española, los GAL y los Guerrilleros de Cristo Rey.

El importe indemnizado a la totalidad de las víctimas durante este periodo ha sido de 1.614.007,02 euros, de los cuales 183.328,64 euros han sido abonados a las víctimas de tortura, 1.080.000 euros a ocho de los fallecidos –en uno de los casos la familia de la víctima ya había sido indemnizada por la Ley de Memoria Histórica–, y al resto de las víctimas, es decir, a los heridos de bala, bote de humo, pelota de goma u otro tipos de golpes se les han entregado 350.678,38 euros.

Acto de reconocimiento

Entre las recomendaciones del Informe de 2023, la Comisión plantea el impulso de actos institucionales de reconocimiento a las víctimas, ya que destaca “la importancia del valor simbólico de las medidas de reparación, y las consecuencias que se derivan para la construcción de la memoria colectiva”.

Así, subraya que “recogiendo el sentir de las víctimas entrevistadas, reitera la recomendación a los Poderes públicos vascos de realizar, al menos, un acto público anual de reconocimiento al más alto nivel, con la incorporación efectiva de estas víctimas”. También pide al Parlamento Vasco que adopte un papel “proactivo en el proceso de reconocimiento y reparación, así como a contribuir en la garantía de no repetición de vulneraciones graves de los derechos humanos”.

Apoyo de los grupos

La Comisión de Valoración fue creada por la Ley 12/2016, de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en contexto de violencia de motivación política en la CAV entre 1978 y 1999. La letrada Juana Balmaseda y el profesor Jon Mirena Landa han recibido hoy el respaldo de todos los grupos parlamentarios que han intervenido, que se han comprometido además a estudiar sus propuestas.

Desde el PNV, Iñigo Iturrate ha respaldado su trabajo “serio y profundo”, mientras que la socialista Miren Gallastegui ha elogiado su “independencia y rigor”. El parlamentario de EH Bildu Julen Arzuaga ha admitido que en la próxima legislatura habrá que abordar la reforma de la Ley 12/2016 propuesta por los comparecientes, mientras que Iñigo Martínez (Elkarrekin Podemos-IU) ha destacado la necesidad de dotarles de más recursos. Balmaseda ha trasladado por su parte a los portavoces que es necesario que sigan apoyando su trabajo también en periodo preelectoral como el actual.