donostia – El Parlamento Vasco respaldó de manera unánime en 2019 que la comunidad autónoma se sume al Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura impulsado por la ONU y con fecha en el 26 de junio. Estaba previsto que se conmemorase por primera vez en 2020, pero el coronavirus se llevó por delante todas las agendas. Este año sí será posible recordar a estas víctimas desde las instituciones y, en ese sentido, tomando como percha este simbólico día, el Gobierno Vasco va a organizar el 26 de junio en el Palacio Euskalduna de Bilbao un acto público de reconocimiento y reparación. En concreto, entregará un reconocimiento a las familias de 30 víctimas de abusos policiales que, a su vez, forman parte de una primera tanda de dictámenes favorables dentro de la ley vasca que busca reparar las vulneraciones de derechos sufridas entre 1978 y 1999. La mayoría de estas personas, no obstante, son aquellas que quedaron rezagadas en su momento con los plazos del decreto de 1960 a 1978, y a los que esta ley también da cobertura.
Como ya adelantó este diario, entre las solicitudes recibidas se encuentra el reconocimiento de Mikel Zabalza, el joven conductor de autobuses que, según admitieron altos mandos de la Guardia Civil de la época, todo apunta a que murió por las torturas infligidas en el cuartel de Intxaurrondo en 1985. Las fuentes consultadas confirman que están trabajando intensamente con la familia, pero no pueden asegurar que se pueda llegar a tiempo para el acto. Se están estudiando el caso Zabalza y otros posteriores a 1978, pero no tienen la seguridad de que estén resueltos para junio. El proceso seguirá abierto.
Los familiares de Zabalza presentaron su solicitud a la comisión de valoración de la que forman parte expertos como el prestigioso forense Paco Etxeberria. Se están ultimando 50 dictámenes favorables. Es el número de expedientes que se encuentran muy avanzados y donde se han realizado entrevistas. Se calcula que, de ellos, unos 25 o 30 podrán estar zanjados a tiempo para el 26 de junio. El Ejecutivo vasco no da nombres, pero sí aclara que son personas, en su mayoría, sin gran proyección. Figuran militantes de base de sindicatos y organizaciones políticas, y personas sin ningún tipo de militancia.
De hecho, frente al prejuicio y al reduccionismo que identifica estos procesos de reparación solo con militantes de ETA o la izquierda abertzale, en esos 30 casos aparecen personas de variada procedencia: Partido Comunista, UGT, ETA, organizaciones de la izquierda abertzale, PNV, EGI, PSE, CCOO y colectivos obreros católicos, entre otros.
La consejería de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales que dirige Beatriz Artolazabal precisa que la comisión de expertos que valora las solicitudes rendirá cuentas de su actividad anual en el Parlamento Vasco el 23 de junio, ante la Comisión de Derechos Humanos y Justicia. La comisión ha analizado 50 solicitudes. En los próximos días se ultimarán los dictámenes y llegarán al despacho del viceconsejero de Derechos Humanos, José Antonio Rodríguez Ranz, para que dicte las resoluciones. El 26 de junio se reconocerá públicamente la injusticia padecida en un acto con sus familias. La consejera Artolazabal entregará de sus propias manos la resolución de reconocimiento a unas 30 personas. Pero no se agotará ahí este proceso, sino que seguirá el estudio de solicitudes y tendrá como colofón un acto más multitudinario en el Kursaal de Donostia o en el Euskalduna en presencia del lehendakari.
Entre las 30 solicitudes más avanzadas, la mayor parte de los casos corresponden al primer periodo extraordinario de los rezagados del decreto hasta 1978, porque la ley 12/2016 habilitaba un cauce para ellas. Para los damnificados entre 1978 y 1999, se ha fijado igualmente un plazo muy amplio para presentar solicitudes, de dos años que han sido ampliados hasta diciembre de 2021, y de dos años para resolverlas, lo que da una medida de lo relevante que es este proceso para el Ejecutivo vasco y que no desea que a los afectados se les pase por alto. Se han recibido más de 900 solicitudes.
Se está trabajando con la familia de Mikel Zabalza, que se espera que, cuando acaben los trámites, obtenga un reconocimiento oficial e institucional de la injusticia padecida. Sería una primera victoria y un alivio para esta familia, que ha tenido que soportar durante décadas una verdad oficial que le ha provocado un sufrimiento añadido y que señala que el joven murió ahogado en el río Bidasoa en un supuesto intento de fuga cuando se disponía a enseñar un zulo de ETA a las fuerzas de seguridad, aunque ni siquiera la autopsia pudo confirmar que muriera por inhalar agua.
Mientras tanto, el Gobierno español, se niega a desclasificar los documentos oficiales relacionados con este caso (solo lo hará si se lo pide un juez), y tampoco quiere instar a la Fiscalía a que tome cartas en el asunto porque cree que no hay nada nuevo en las grabaciones de la Guardia Civil. Insiste en que ya se conocían en su época, y que lo único que ha cambiado es que se han hecho públicas. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha limitado a instar a la familia a que acuda de nuevo a los tribunales. Los familiares de Zabalza obtendrían desde el Gobierno Vasco un primer respaldo a su reconocimiento, que va en sintonía, además, con una amplia mayoría social y política en la CAV y Nafarroa.
escollos La ley que busca reparar los abusos ha padecido todo este tiempo los obstáculos de algunos sindicatos policiales que creen que se pretende el desprestigio generalizado de las fuerzas de seguridad. PP y C's recurrieron al Tribunal Constitucional para exigir como requisito que las víctimas o los familiares acrediten lo sucedido con una sentencia judicial. Pero los magistrados del Constitucional han avalado esta ley en la medida en que no pretende emular un proceso penal, indagar en los hechos ni asignar culpas individualizadas, sino que es un proceso administrativo que se centra en reconocer que ha existido un dolor y una vulneración. Se centra en la víctima. Aunque parezca una contradicción, el mismo PP que se muestra crítico con la ley de abusos policiales apoyó en el Parlamento Vasco el Día de la Tortura impulsado por Elkarrekin Podemos-IU como empeño personal de Pili Zabala, pero lo hizo porque se mueve en el marco de la jornada internacional de la ONU.
De 1978 a 1999, perdieron la vida Joxean Lasa y Joxi Zabala, la militante antinuclear Gladys del Estal, el afiliado del PCE Francisco Caballero, o el de UGT y PSE Luis Quintana, trabajador de Babcock Wilcox.
reconocimientos
1960-1978
187 en la primera fase. El Gobierno Vasco comenzó a reparar a las víctimas de abusos policiales con el decreto que cubría desde 1960 hasta 1978, aprobado durante el mandato del socialista Patxi López. En 2016 se realizó un acto público capitaneado por el lehendakari Urkullu en el que fueron reconocidas 187 víctimas, muchas de ellas muertas en errores policiales o controles de carretera. La ley de 1978 a 1999 habilitó un procedimiento para que pudieran acogerse las que se hubieran quedado rezagadas en ese decreto, y la mayor parte de los dictámenes de junio se refieren a ellas.
1978-1999
zabalza. El Gobierno trabaja con los familiares de víctimas posteriores a 1978, como Mikel Zabalza. La ley 12/2016 de reparación de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política ofrece una indemnización por fallecimiento o invalidez permanente, entre otros casos. La comisión la forman nombres como el forense Paco Etxeberria; Juana Balmaseda, de la comisión jurídico-penitenciaria del colegio de abogados de Bizkaia; y Eloína Mayo, experta en inmigración.