Lakua recurre al Supremo las sentencias que anularon parte del decreto sobre el euskera

La multitudinaria manifestación que, el pasado 4 de noviembre, reunió a 70.000 personas en Bilbao convocadas por Kontseilua para denunciar “las sentencias que en los últimos años se han emitido contra las medidas que tienen como objetivo la revitalización del euskara”, supuso una elocuente reacción ante los fallos del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) en los que anulaba varios artículos del decreto de normalización del euskera. Ahora, el Gobierno vasco recurrirá ante el Tribunal Supremo y el propio TSJPV estos pronunciamientos, que estimaban parcialmente los recursos contra el decreto que interpusieron por separado el PP y Vox, al considerar que la normativa sobre las instituciones locales de Euskadi no margina al castellano ni implica la primacía de una lengua cooficial sobre la otra.

Por el momento, el Servicio Jurídico Central del Ejecutivo vasco ha presentado ya los escritos de preparación de los recursos de casación contra los fallos dictados en septiembre y octubre por la Sala de lo Contencioso Administrativo del alto Tribunal vasco. Los mismos anulaban provisionalmente algunos preceptos del Decreto 179/2019 del Gobierno vasco, que regula la normalización del uso institucional y administrativo de las lenguas oficiales (euskera y castellano) en los ayuntamientos de la CAV. En la respuesta que ha impulsado ahora el gabinete de Iñigo Urkullu, se estudiará primero si los recursos tienen interés casacional objetivo ya que, de ser así, el Tribunal Supremo entrará al fondo de la cuestión.

Mandato del Estatuto de Gernika

El Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno ha explicado en un comunicado que recurrirá porque entiende que el decreto de normalización del uso del euskera en las entidades locales “plasma el mandato del Estatuto de Gernika” sobre la utilización institucional y administrativa de esta lengua. Recalca además que “la inexistencia de determinadas referencias al castellano no debe entenderse como una marginación o discriminación de dicha lengua, como erróneamente concluye la sentencia del TSJPV”.

El departamento que lidera la consejera Olatz Garamendi añade que el artículo 6 del Estatuto de Gernika, el artículo 3 de la Constitución y el 7 de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias obligan a la Administración vasca a “asegurar el respeto y fomentar el uso del euskera”, y con este fin a “corregir la situación histórica de desigualdad existente del euskera con respecto al castellano, sin que ello implique primacía o privilegio de una lengua sobre otra”.

El TSJPV ha hecho “una interpretación errónea al concluir que se producía una marginación o un desequilibrio hacia el uso de la lengua castellana y una vulneración del principio de igualdad”, prosigue la nota. Aclara asimismo que “el marco jurídico general permite mantener el equilibrio jurídico exigible entre las dos lenguas oficiales”.

Para el Gobierno vasco, el Decreto 179/2019 “se limita a fomentar y potenciar el uso del euskera en los municipios en los que, de acuerdo con su situación sociolingüística, se dan mejores condiciones para llevar a cabo con más eficacia una política municipal de normalización del uso del euskera. Y todo ello sin excluir o discriminar el uso del castellano”, asegura.

Factor de conocimiento

Entre los artículos del decreto de normalización del euskera anulados están los que establecían que la lengua a emplear en las comunicaciones institucionales se hiciera “atendiendo al factor de conocimiento de ambas lenguas oficiales por parte de las personas receptoras”. Se tumbaron a su vez otros preceptos que obligaban a los ciudadanos a “alegar válidamente el desconocimiento” de una de las dos lenguas cooficiales para recibir las convocatorias, mociones y normativas de ámbito local.

El alto tribunal vasco argumentó en sus fallos que “no es jurídicamente admisible” imponer “el uso exclusivo de la lengua autonómica en el ámbito de la administración local en razón de la determinación sociolingüística del municipio”.

También concluyó que la entidad local no tiene por qué saber el grado de conocimiento de las lenguas por parte de los ciudadanos ni puede exigirles que manifiesten ese dato. Estas sentencias provocaron las críticas del Gobierno vasco, el Parlamento Vasco, Eudel, Kontseilua, sindicatos y partidos, y llevaron a la masiva manifestación del pasado 4 de noviembre en Bilbao.