El Gobierno vasco recurrirá ante el Constitucional la anulación del traspaso de la homologación de títulos extranjeros

El Gobierno vasco tomará medidas contra el fallo del Supremo que tumba el traspaso a Euskadi de la competencia para la homologación de títulos universitarios extranjeros. El anuncio va en la línea con el posicionamiento defendido desde el primer momento por el Ejecutivo de Pradales. Tras denunciar que la sentencia era una clara intromisión en el ámbito competencial y vulneraba el Estatuto de Gernika, pocos días después de conocer la sentencia del Alto Tribunal, el Gobierno vasco anunció que estudiaría interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional, así como otras posibles medidas.

Tras varias reuniones entre los equipos jurídicos del Ejecutivo y el Ministerio de Política Territorial, la consejera de Autogobierno ha anunciado que, finalmente, el Gobierno vasco presentará dicho recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. María Ubarretxena ha detallado que, previamente, desde el Ejecutivo interpondrán un incidente de nulidad de actuaciones ante el Tribunal Supremo, “paso necesario para acudir al Constitucional”.

Las razones para acudir a la Justicia, ha ahondado la portavoz del Gobierno vasco, es que el Alto Tribunal se ha excedido en sus funciones, debido a que se pronuncia sobre un asunto que corresponde al TC, precisamente, por su “trascendencia constitucional”. Por otro lado, el Estatuto confiere a Euskadi la competencia de Educación “en toda su extensión”. También ha precisado que la sentencia emitida por el Supremo se pronuncia sobre la homologación de títulos, sin aludir a su equivalencia pese a que esta “también se ve anulada”.

“Es un ataque al Autogobierno, tenemos que defender el Estatuto y aquí ha habido una intromisión”, ha denunciado.

Acciones a emprender

Ubarretxena ha señalado que las personas afectadas también podrán plantear incidente de nulidad de actuaciones ante el Tribunal Supremo al no haber sido emplazadas como personas interesadas en el proceso, como paso previo, en su caso, a presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

Por otra parte, ambos Gobiernos están valorando la opción de que Euskadi asuma una encomienda de gestión transitoria que dé salida a las 200 peticiones de homologaciones que tras esta sentencia han quedado sin resolver . "Se baraja la opción de solicitar la modificación del Art 10 de la Ley Orgánica del Sistema Universitario, para incorporar que la ejecución de los procesos de homologación y declaración de equivalencia correspondan a las Comunidades Autónomas" ha añadido la consejera como medida a largo plazo.

Finalmente, la portavoz del Gobierno vasco ha explicado que junto al Gobierno español se promoverá un nuevo camino ante la jurisdicción constitucional, "es decir, activaremos la tramitación de una ley orgánica que regule de forma clara e inequívoca que los acuerdos adoptados en la Comisión Mixta de Trasferencias, las transferencias de las diferentes competencias tengan acceso a dicha jurisdicción".

La petición de amparo está previsto que sea acordada en el Consejo de Gobierno del 8 de abril.

Contradicción reseñable

Ya a principios de esta semana, en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno del martes, el consejero de Universidades, Ciencia e Innovación denunció que la sentencia del Supremo dejaba tres principales damnificados: la competencia del estatuto, quienes tenían previsto solicitar la convalidación de sus títulos universitarios y la propia comunidad vasca al perder el talento de determinados perfiles profesionales. Juan Ignacio Pérez Iglesias avanzó, además, que su departamento apreciaba, a su vez, “una contradicción entre la sentencia y el mecanismo de aprobación” de dichos títulos.

En este sentido, explicó que el procedimiento para la convalidación de títulos se inicia a instancia de las universidades quienes, posteriormente, trasladan la propuesta al Gobierno vasco. Se trata de un proceso, según ahondó, en el que juega un papel clave UNIBASQ, la Agencia de Calidad del sistema universitario vasco. “Una vez se ha acreditado, si lo supera – en referencia al examen que se realiza para establecer la conveniencia de su homologación-, que no siempre ocurre, vuelve al departamento y se autoriza el título”, resumió. En definitiva, el peso de todo el proceso para la homologación de títulos universitarios recae en el departamento de Universidades, Ciencia e Innovación, mientras que el Ministerio le da “valoración oficial”. Este último paso es “un trámite”, remachó.

Preguntado por el número de solicitudes recibidas durante los quince días en que estuvo vigente la competencia, hasta que fue suspendida de manera cautelar, el consejero apuntó que fueron cerca de 200 las personas que pidieron la homologación de títulos universitarios extranjeros. “Ahora tendrían que trasladar los expedientes de nuevo a Madrid", recalcó el consejero, quien apostilló que en la sede del Ministerio “hay una cola que dura años” hasta que se vean resueltas dichas demandas. Sobre el número de demandantes que podrían haberse beneficiado de dicha, Pérez Iglesias cifró el número de expedientes en la horquilla de los 600- 800. “Teniendo en cuenta no es difícil de estimar que no andarán lejos de los 600-800 expedientes”, calculó.

La sentencia del Supremo

El Tribunal Supremo emitió hace una semana la sentencia con la que quedaba anulada en su totalidad el Real Decreto por el que se traspasaban a Euskadi funciones y servicios de homologación y declaración de equivalencia de títulos obtenidos en el marco de sistemas de educación superior extranjeros.

En dos sentencias la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo se concluyó que si para el Tribunal Constitucional "la actividad administrativa de verificación de las condiciones de expedición de títulos profesionales asociados a enseñanzas universitarias ha de ser competencia exclusiva del Estado, por las mismas razones (…) ha de serlo la consistente en verificar la procedencia de la homologación de títulos universitarios extranjeros, ya que requiere comprobar la enseñanza gracias a la cual se han obtenido". En el momento en el que el Tribunal Supremo decretó la suspensión cautelar del traspaso a la CAV de las funciones para la homologación de títulos extranjeros en julio de 2024, el Ejecutivo vasco ya reivindicó que se trataba de una competencia contemplada en el Estatuto y legalmente asumida por las instituciones vascas.