El Gobierno vasco recurrirá el fallo contra la exigencia del euskera en el transporte escolar. Una sentencia del TSJPV que ponía en cuestión que las relaciones entre la Administración vasca y las empresas que prestan el servicio de transporte escolar se tengan que producir también en euskera.
Así lo aseguró ayer martes el portavoz del Gobierno vasco Bingen Zupiria, que apuntó que “esta sentencia no ponía en cuestión el modelo lingüístico a utilizar entre conductores de autobús, monitores y alumnas y alumnos. En el contrato se establecía que la relación entre la Administración y las empresas que van a prestar este servicio también debía ser en euskera”.
Y es que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco anuló una cláusula de un pliego de contratación del Departamento de Educación con una empresa de transporte escolar en el que se exigía que en las relaciones entre el adjudicador y la contratista se “empleara normalmente el euskera”. De hecho, el tribunal consideró una “imposición” la exigencia del perfil lingüístico.
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Alto Tribunal vasco dio la razón a una empresa de transporte escolar de Ondarroa que había recurrido la cláusula al considerar que se estaba vulnerando el principio de igualdad entre licitadores.
En concreto, el apartado anulado está vinculado con las condiciones lingüísticas. En él se establece que en las relaciones entre el adjudicador y la contratista se “empleará normalmente el euskera” y que la empresa debe facilitar los medios o personal con capacitación lingüística en ese idioma para que esa relación verbal con la Administración “pueda desarrollarse” en ese idioma.
En la sentencia, el TSJPV argumentó que no cabe “imponer” a los trabajadores de una empresa privada las mismas exigencias que a los empleados públicos en lo que a los requisitos lingüísticos se refiere.
“El derecho de los funcionarios a desarrollar sus actividades profesionales en euskera ha de garantizarse por la Administración en su ámbito interno. Ahora bien, no puede traducirse en una imposición para el resto de los agentes que se relacionan con los entes públicos”, señaló el TSJPV.
El PSE se desmarca
Por otro lado, la Diputación de Gipuzkoa recurrirá también la sentencia que anuló la OPE de Uliazpi por la exigencia del euskera, un recurso del que el PSE se ha desmarcado. Así lo sostuvo ayer martes el teniente de diputado general de Gipuzkoa, José Ignacio Asensio , que rechazó “la decisión unilateral del PNV” de recurrir la sentencia ya que esta forma de actuar “no se corresponde con la lealtad que se espera de un socio de gobierno”. Así las cosas, el diputado de Medio Ambiente defendió que “la sentencia del TSJPV no pone en cuestión los derechos lingüísticos, lo que se cuestiona es que se superen las exigencias que marca la ley, poniendo en riesgo el derecho de acceso al empleo público en condiciones de igualdad”.
Eequipo de juristas
No es la primera vez que el Gobierno vasco acude a los juzgados para recurrir un fallo contra el euskera. Y es que en los últimos meses, los tribunales se han pronunciado en múltiples ocasiones en contra de la exigencia del perfil lingüístico. Por eso, la pasada semana Lakua anunció que había conformado un equipo de juristas para que analizase las sentencias sobre los requisitos lingüísticos en las contrataciones públicas para “construir una hoja de ruta” o “una especie de manual” sobre las cláusulas lingüísticas destinada a los técnicos de contratación.