El Gobierno vasco recurrirá ante el Tribunal Constitucional la ley de bienestar animal aprobada en marzo por el Congreso, al entender que invade competencias autonómicas y vulnera el principio de seguridad jurídica.
La consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, ha anunciado este martes tras la reunión del Consejo de Gobierno que, con la intención de tratar de llegar a un acuerdo y evitar la formalización del recurso, se abrirá una negociación con el Estado en la comisión bilateral de cooperación.
Algunos artículos de la norma estatal -polémica por haber dejado fuera del texto a los perros de caza- "invaden competencias ejecutivas que corresponden a Euskadi", ha precisado la consejera, que ha citado en concreto los artículos 10.9, 11.1.a y 18.1 del Estatuto de Gernika relativos a agricultura y ganadería, medio ambiente y sanidad.
"El excesivo grado de detalle de la ley estatal dificulta, cuando no merma, la competencia de desarrollo normativo sobre protección de los animales que le corresponde a Euskadi. Esto es notorio en la densa regulación que se hace del uso de animales en actividades culturales y festivas", ha dicho la consejera.
Garamendi ha señalado además que la ley tiene "preceptos supuestamente solo de aplicación en el Estado, pero incorpora mandatos a las comunidades autónomas", lo que "genera dudas insalvables y vulnera el principio de seguridad jurídica".
Comisión para evitar un conflicto
Ha informado por otro lado de que los gobiernos vasco y español han llegado a un acuerdo en la comisión bilateral que evitará el recurso de inconstitucionalidad que el Ejecutivo de Madrid había anunciado contra la Ley del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos e Inclusión.
La consejera, que no ha dado detalles del acuerdo a la espera de que sea "objeto de publicidad", ha valorado que haya sido posible llegar a un acuerdo, pero ha denunciado que este caso es "un ejemplo más de la hipervigilancia a las normas" vascas.
De hecho Garamendi ha anunciado que la semana pasada el Gobierno español comunicó al vasco su intención de recurrir algunos artículos de la Ley de Potestad Sancionadora de Euskadi, una norma que simplifica y establece un único proceso sancionador de las administraciones públicas vascas.
Este anuncio motivará que ambas administraciones convoquen una nueva comisión bilateral para tratar de llegar a un acuerdo que evite la formalización del recurso ante el TC