El Servicio de Registro de Personal de la Función Pública Vasca analizará de oficio si la actividad privada de ex altos cargos del Ejecutivo autonómico que no pidieron autorización para poder llevarla a cabo es compatible con la que realizaban previamente en la institución.
El Servicio de Registro de Personal, compuesto por personal funcionario, es el órgano encargado de dirimir las posibles incompatibilidades de los ex altos cargos en su paso a la empresa privada, tal y como se recoge en la Ley que regula el Código de Conducta y de los Conflictos de Intereses de los Cargos públicos, desarrollada posteriormente en un decreto.
Desde su entrada en vigor, en 2014, este servicio ha recibido 19 solicitudes de autorización para llevar a cabo actividades privadas durante los dos años posteriores al cese como cargo público, 6 de ellas en la anterior legislatura y 13 en la actual, según ha informado la responsable de este órgano en una respuesta parlamentaria a PP+Cs.
Se ha finalizado la tramitación de 17 de ellas, ninguna en sentido negativo. 14 cuentan con una resolución expresa de autorización y 2 fueron inadmitidas porque los solicitantes no estaban obligados a presentarlas por la actividad que querían desarrollar.
Otro expediente no cuenta con una respuesta expresa, lo que también posibilita al interesado a iniciar el trabajo sobre el que consultó.
Se actuará de oficio
En cuanto a las personas que no pidieron autorización para iniciar otra actividad durante los dos años posteriores a dejar la institución pública, la responsable del servicio ha explicado que se ha tenido conocimiento de que podrían existir varios casos a través de los medios comunicación, cuyos nombres no cita en la respuesta, y avanza que se abrirán procedimientos de oficio, tal y como permite la normativa.
Si se acreditase incompatibilidad en alguno de estos casos y hubiera "una relación directa entre las empresas en las que trabajan y el desempeño en el cargo en el que cesaron" podría suponer el "incumplimiento del régimen material de incompatibilidades", lo que constituye una infracción.
La actuación de este órgano ha sido cuestionada por varios grupos parlamentarios en los últimos meses, en concreto por Elkarrekin Podemos-IU, que aseguró que cinco ex altos cargos se saltaron la ley para pasar a una actividad pública.
Por su parte, EH Bildu denunció que no se preservó el anonimato de su parlamentario Unai Fernández de Betoño, tras denunciar este unas presuntas irregularidades cometidas por el actual director de Planificación del Transportes del Gobierno vasco, Iván Pedreira, en su etapa como director de Administración Ambiental entre 2016 y 2020.
La consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, acudió a la Cámara, donde negó las acusaciones de la coalición morada y precisó que la ley no impide a los ex altos cargos trabajar en la empresa privada en los dos años siguientes a su cese, sino que lo que no permite es "incorporarse a la empresa privada con la que el cargo público haya mantenido una relación directa durante su anterior desempeño".