La transferencia de las prisiones era un potencial campo de minas para el Gobierno vasco por las presiones políticas en contra desde determinados ámbitos de Madrid, la ofensiva de la derecha que agita el miedo a los hipotéticos privilegios para los presos de ETA, y la complejidad titánica de la tarea. Pero, en puertas de recibir las llaves de las cárceles este viernes 1 de octubre, la consejería de Beatriz Artolazabal ha conseguido llegar a esta semana clave con las bases ya definidas sobre el nuevo modelo que pretende implantar y que suscita cierto consenso con EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU, el jueves quedará aprobado el proyecto de Aukerak como entidad de reinserción laboral, el diálogo está engrasado con el Gobierno español de Pedro Sánchez para un traspaso ordenado y, no sin dificultades, se ha alcanzado un acuerdo puente con los funcionarios. El pacto con el sindicato mayoritario Acaip-UGT mantiene de manera transitoria sus condiciones laborales y se da de margen para negociar hasta el 31 de diciembre de 2023.
El portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, ha resumido este martes que "está todo preparado para asumir la transferencia" el viernes, y cree que se hará con "normalidad" y por el buen camino. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Zupiria ha citado cuatro argumentos: "El diálogo ha sido incesante entre las dos administraciones, el acuerdo con UGT ha aclarado las condiciones laborales, y el jueves en el Parlamento se aprobará el proyecto de ley para la entidad de reinserción laboral. Y hoy hemos aprobado ayudas" en esa misma dirección, en alusión al medio millón de euros para subvencionar proyectos de inclusión sociolaboral impulsados por las entidades del tercer sector social.
Los proyectos tendrán que realizarse en lo que queda de 2021. En realidad, el Gobierno vasco no asumirá las competencias en reinserción laboral hasta el 1 de enero de 2022, pero las subvenciones aprobadas no se dirigen a las cárceles o a las instituciones, sino a asociaciones sin ánimo de lucro, y no son nuevas porque se conceden desde hace más de una década. Los 500.000 euros son una cantidad parecida a la concedida otros años y, según las fuentes consultadas por DEIA, "probablemente" esta cantidad crecerá en 2022 cuando se asuma la competencia total. Eso sí, este año ya se ha incorporado como novedad que algunas ayudas se destinarán a proyectos enfocados en las personas que siguen en la cárcel, y no solo a aquellas que se encuentren en libertad condicional o que tengan suspendida la pena de prisión.
Se aportará dinero para proyectos de intervención psicoterapéutica, campos de trabajo, recursos de alojamiento (un caso muy frecuente lo encarnan las asociaciones próximas a la iglesia que gestionan pisos), recursos para drogodependientes y centros de formación. Los proyectos deberán contar con la autorización del centro penitenciario. Estas subvenciones trazan el camino que pretende transitar el Gobierno vasco en la reinserción de los presos.
AGENCIA DE REINSERCIÓN
Este jueves marcará otro hito. El Parlamento Vasco aprobará en procedimiento de lectura única (sin enmiendas) el proyecto de ley de Aukerak, la agencia vasca de reinserción social que tendrá como objetivo facilitar la inclusión laboral de los presos con talleres productivos, explotaciones agrícolas o con la formación profesional. La aprobación está garantizada con los votos de PNV y PSE, pero Elkarrekin Podemos-IU confirma también a este medio su voto favorable. Esta agencia encarna los principios del modelo vasco, que pone el foco en la transformación de los presos para que puedan reincorporarse a la sociedad. No entrará en marcha hasta el 1 de enero y, hasta entonces, se abrirá un periodo transitorio donde el Estado mantendrá la gestión para evitar un vacío o una discontinuidad en los talleres.
NO ENTRAR COMO "ELEFANTE EN CACHARRERÍA"
Fuentes de la consejería explican que han tenido en cuenta todo este tiempo que se necesita un periodo de transición y no "entrar como un elefante en una cacharrería", imponiendo de la noche a la mañana un nuevo modelo a los funcionarios y a los propios presos. No habrá decisiones efectistas el día 1 de octubre. Se apostará por reforzar los talleres de reinserción, de manera que hay cierto punto de continuidad porque esas dinámicas ya existen, pero se aportarán los nuevos matices más progresistas del Gobierno vasco. La inspiración será la justicia juvenil que ya gestiona el Ejecutivo vasco, donde la reincidencia es inferior al 20%. El juez Jaime Tapia, además, asesora al Gobierno de Urkullu en el modelo penitenciario que, en cualquier caso, tendrá que respetar la legislación estatal y el Código Penal, donde Euskadi no tiene la competencia.
Asimismo, el recorrido de cada preso tiene que seguir un proceso ya establecido que incluye que la Junta de Tratamiento de la cárcel redacte un informe, y que el juzgado de vigilancia penitenciaria tenga la última palabra sobre las progresiones de grado. En el caso de los presos de ETA, la decisión es de la Audiencia Nacional.
En el caso de los funcionarios, ELA se ha desmarcado del acuerdo y en todo momento ha estado presente el anuncio de que casi la mitad de los trabajadores han transmitido su voluntad de inscribirse en un concurso de traslados. Otras cuestiones que se agitaban desde la derecha española, como la exigencia de euskera, no han tenido la centralidad en este debate porque, desde los 45 años, los trabajadores no están obligados a acreditar un perfil.
UNA TRANSFERENCIA VETADA
El Gobierno vasco gestionará los centros de Basauri, Martutene (que será sustituido por Zubieta) y Zaballa, con un modelo que pretende impulsar la reinserción y los regímenes en semilibertad, y tomando como inspiración su trabajo con la justicia juvenil. La transferencia de las prisiones es un paso histórico en el cumplimiento del Estatuto de Gernika. Durante décadas se ha frenado con el pretexto de que ETA seguía matando y que la política penitenciaria era un importante pilar de la lucha antiterrorista. La disolución de la organización armada y los acuerdos del PNV en Madrid con los gobiernos de Zapatero y Sánchez fueron desbrozando este camino hacia un traspaso que hasta hace poco era intocable, al igual que la transferencia de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, que también será negociada.
El juez Tapia, por su parte, es el aliado del Gobierno vasco para desplegar el nuevo modelo desde su profundo conocimiento del ámbito penal y civil, y la justicia penal juvenil. Es partidario de la resocialización trabajando con los presos, y defiende la justicia restaurativa. Participa en cafés, partidos de fútbol y otras actividades terapéuticas en la cárcel de Zaballa. El modelo plantea potenciar las salidas de la cárcel, siempre y cuando exista un trabajo previo para la reinserción de cada preso y se produzca esa evolución personal, y no como objetivo en sí mismo. La idea es que los regímenes en semilibertad puedan llegar a suponer un 40%. En el caso de las mujeres, el porcentaje podría llegar al 50%. El Gobierno vasco aplicará la ley sin un trato diferenciado a los presos de ETA, ni para bien ni para mal.