El Gobierno vasco solicita, junto a Confebask, la gestión directa de 1.047 millones de ayudas MRR para PERTES regionales

El Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno vasco, en colaboración con Confebask y sus tres organizaciones territoriales Cebek, SEA y Adegi, han solicitado la gestión directa de 1.047 millones de subvenciones MRR para PERTES regionales, una propuesta que se planteara a la Administración del Estado y a Bruselas.

En una rueda de prensa ofrecida en Bilbao por el consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, y la presidenta de Confebask, Tamara Yagüe, han presentado la propuesta "Euskadi Next: propuesta vasca de PERTE Regional", con la que pretenden dar "un paso más" en el programa Euskadi Next al diseñar la propuesta vasca de PERTES Regionales.

En su comparecencia, Pedro Azpiazu ha recordado que el plazo de ejecución del MRR concluye en 2026, por lo que transcurrido su ecuador, si la fórmula de gobernanza no varía, cree que existe "un serio riesgo de inejecución, lo que obligaría a devolver a Europa los fondos no utilizados".

El consejero ha afirmado que ello sería un "fracaso y una pérdida de oportunidad de históricas dimensiones". "Es momento de hacer de la colaboración efectiva una virtud con enormes efectos positivos para el tejido económico vasco, que será el principal afectado por la pérdida de estos recursos europeos", ha asegurado.

Por su parte, la presidenta de Confebask, Tamara Yagüe, ha manifestado que "una gestión más 'descentralizada y cercana' puede suponer una vía adicional para favorecer el "completo aprovechamiento de unas ayudas europeas, históricas en su cuantía y en su objetivo transformador". "No podemos permitirnos el lujo de perder un solo 'euro' por algo que podría resolverse con una participación más activa de las comunidades autónomas en su asignación, gestión y distribución", ha añadido.

Propuesta

El Gobierno vasco propone destinar a las comunidades el 65% de los fondos de los PERTEs estatales que aún no están distribuidos -11.792,57 millones-, de forma que desde Euskadi se gestione el 8,88% de esta cuantía -que se corresponde con el peso del valor añadido bruto de su industria respecto al total del Estado español, según los datos del INE-, en total 1.047,18 millones.

Azpiazu ha indicado que, si llegaran más fondos para PERTES, en principio, volverían a reclamar que se destine a comunidades el 65% de los mismos, con un 8,88% para la CAV.

Asimismo, Euskadi quiere participar activamente en la gestión de los préstamos del Fondo de Resiliencia Autonómica incluido en la adenda del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia español, a través del Instituto Vasco de Finanzas (IVF).

Según ha explicado el consejero, este fondo, dotado con hasta 20.000 millones, estará gestionado por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y se plantea que el IVF pueda ejercer de intermediario y participar activamente en la canalización de la financiación disponible a las pymes vascas.

Por ello, ha instado a que se firmen los acuerdos necesarios entre el IVF, el BEI y la Administración General del Estado para que sea posible. Azpiazu, que ha afirmado que, desde Bruselas, no hay establecidas condiciones que pudieran impedir esta reclamación, ha aprovechado para felicitar a Nadia Calviño por su designación como presidenta del Banco Europeo de Inversiones y espera que esto "también facilite la gestión de estos recursos".

Los ámbitos de aplicación de los PERTEs regionales vascos que se plantean son Longevidad, bienestar y resiliencia; Redes de Distribución inteligentes; Energías renovables de origen marino; Capacitación científica y tecnológica; Big Data, Cloud, Inteligencia Artificial y Ciberseguridad; Euskadi Creativa; Ciudades Sostenibles; Resiliencia al cambio climático, ecosistemas y biodiversidad; Ecoinnovación y Basque Mobility.

Pedro Azpiazu ha indicado que, tres años después de plantear a la Administración General del Estado la figura de PERTE regional, ahora, junto con las patronales, dan "un paso adelante más, de manera proactiva, colaborativa y constructiva", de cara a lograr que esta "inédita" apuesta de Europa por la inversión "se materialice de forma transformadora".

Según ha recordado Azpiazu, esta demanda se da dos meses después de que la Comisión Europea haya aprobado la adenda española al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), mediante la cual se movilizan la totalidad de recursos asignados a España de los fondos Next Generation EU, se contemplan más de 10.000 millones de transferencias adicionales y hasta 83.000 millones en préstamos. De este modo el PRTR de España podrá movilizar en torno a 162.700 millones de euros en transferencias y préstamos en el periodo 2021-2026.

En la comparecencia, Azpiazu, que ha señalado que es un tema que "trasciende a la política" y es una cuestión de eficiencia, ha indicado que el "principal escollo" para que los fondos MRR asignados lleguen definitivamente al tejido social y productivo vasco se encuentra en los proyectos estratégicos de transformación.

A su juicio, los denominados PERTEs "no responden a las necesidades del tejido social y productivo vasco". En la actualidad están identificados 12 PERTEs y, según ha señalado, las cifras reflejan "la magnitud del reto que queda por delante", ya que, de los 24.496,2 millones en subvenciones que se tiene previsto destinar a estos proyectos estratégicos de transformación, quedan todavía 18.141,63 millones por distribuir y ejecutar en los próximos tres años.

Por ello, según ha apuntado, desde Euskadi se propone esta "alternativa de gobernanza". Además, han indicado que es "una alternativa valorada y compartida" con otras Comunidades Autónomas, así como por otros agentes públicos y privados.

En este sentido, ha afirmado que, si se quieren sumar otras comunidades a esta propuesta, le parecería "magnífico" porque no es una propuesta "exclusiva" y lo que buscan es "optimizar los recursos europeos".

En su opinión, la habilitación de los PERTEs regionales permitiría al Gobierno vasco sumarse "activamente" a la implantación de los fondos MRR y disponer de recursos adicionales para "acelerar y dar mayor ambición" a las políticas de promoción empresarial que ya están en marcha.

En este sentido, ha subrayado que las comunidades tienen experiencia en la gestión de contratos y programas de subvención y conocen las necesidades de su tejido productivo, por lo que "sería aprovechar al máximo 17 nuevas 'ventanillas' para canalizar los fondos".

Azpiazu, que no ha querido entrar a si este tema lo debería haber cerrado el PNV en el acuerdo de investidura de Sánchez, cree que la colaboración de las patronales vascas es un "buen camino" para reforzar el trabajo que vienen realizando para lograr este objetivo.

El consejero ha señalado que cada vez hay "menos tiempo" para ejecutar los proyectos y hay "muchísimo dinero", por lo que tratan de prestar su ayuda para que el dinero "sea más fácilmente repartible".

CONFEBASK

Por su parte, la presidenta de Confebask, Tamara Yagüe, ha asegurado que "una gestión más 'descentralizada y cercana' puede facilitar el "completo aprovechamiento de unas ayudas europeas, históricas en su cuantía y en su objetivo transformador". "No podemos permitirnos el lujo de perder un solo 'euro' por algo que podría resolverse con una participación más activa de las comunidades en su asignación, gestión y distribución", ha añadido.

Yagüe ha asegurado que es necesario "acelerar" y acercar la gestión de los fondos para que "aterricen de manera definitiva" en el tejido empresarial y se impulsen inversiones en proyectos transformadores.

A su juicio, hasta el momento, la agilidad y el criterio establecido a la hora de repartir las ayudas europeas no está siendo "todo lo satisfactorio que debiera". "A excepción de casos muy concretos, esos fondos europeos apenas están llegando a empresas vascas y a proyectos tractores del tejido empresarial. Los PERTE estatales hasta ahora están dejando fuera a numerosas empresas, pymes y proyectos vascos que sí cumplen los objetivos europeos de transformación y modernización", ha indicado.

La responsable de la patronal vasca ha subrayado que comparten la visión de que "la cercanía y la experiencia" del Gobierno vasco, así como "la probada y larga" trayectoria de colaboración público-privada son, "un buen punto de partida" para asegurar que los fondos europeos se usen en la modernización y adaptación del tejido empresarial vasco.

En su opinión, el conocimiento del Gobierno vasco del tejido productivo "ayudará sin duda a un reparto más ágil y más dirigido a lo que se necesita".