El Gobierno vasco controlará todos los contratos que se establezcan en la cadena alimentaria para “asegurar la transparencia” en las relaciones comerciales entre productores y distribuidores y evitar así que no se respeten los costes de producción o que se disparen los precios en los puntos de venta de forma desproporcionada e injustificada. De esta forma, Euskadi se convierte en la primera comunidad autónoma que aprueba el decreto que desarrolla la Ley estatal de la Cadena Alimentaria de 2021, que recoge sanciones que oscilan entre 250 y un millón de euros para quienes incumplan la normativa.
El decreto vasco, presentado esta mañana por la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, tras el Consejo de Gobierno, busca “establecer un reequilibrio” entre los eslabones de la cadena alimentaria. El objetivo es dotar de transparencia a los contratos, ya que “los primeros eslabones –los productores– sufren una debilidad estructural en las relaciones comerciales”, ha apuntado Tapia. Según la consejera, las principales irregularidades detectadas hasta el momento están relacionadas precisamente con la ausencia de estos contratos y es por ello que se creará un registro público en el que será obligatorio depositarlos, lo que permitirá un mayor control.
El decreto establece que se deberán registrar todos los contratos que se firmen durante toda la cadena, desde la producción hasta la venta al consumidor final, de manera que se pueda verificar cuál debe ser el precio mínimo al que se debe comprar un producto en cada paso del proceso. De esta manera, se confía en evitar prácticas abusivas y compras por debajo de los costes de producción, una cuestión que formaba parte de las demandas que los agricultores y ganaderos visualizaron con varias tractoradas y movilizaciones a principios de marzo. También se controlará que se cumpla la ley de morosidad y que no se produzcan márgenes de ganancia “excesivos”, es decir que uno de los eslabones incremente los precios de forma importante sin que haya una justificación aparente.
Plan de inspecciones
Para ello habrá un plan anual de inspecciones y muestreos aleatorios, además de actuaciones cuando se reciban denuncias de irregularidades. Las sanciones las marca la ley estatal y se dividen en leves, que están castigadas con entre 250 y 3.000 euros; graves, de 3.001 a 100.000 euros, y muy graves, de 100.001 a 1.000.000 euros. Entre las herramientas recogidas en el decreto la consejera ha destacado dos: el Código de Buenas Prácticas Mercantiles de la Contratación Alimentaria y el Observatorio de la Cadena Alimentaria, que ya existía pero que ahora “se fortalece”.
El primero busca favorecer la sostenibilidad de la cadena alimentaria, poner en valor los productos agroalimentarios de calidad, mejorar la información a los consumidores, la transparencia en las relaciones comerciales y promover contratos alimentarios “ajustados a la ley”. Por su parte el Observatorio promoverá las adhesiones al Código de Buenas Prácticas, hará recomendaciones y vigilará las prácticas comerciales de las operadoras de la cadena alimentaria, entre otras funciones.
“En la página web del observatorio se analizan los costes de producción que ya tenemos a día de hoy elaborados, entre ellos, el trigo, la patata, la cebada, la remolacha, la sidra, la uva de Rioja alavesa, la leche, la carne, el huevo, el bonito, el verdel y la anchoa”, ha explicado Tapia. Si el producto analizado es de temporada, el coste se actualiza anualmente. “En el caso de la leche o la carne de vacuno se actualiza como mínimo tres veces al año”, añadió. La consejera ha reiterado la importancia de la transparencia, es decir, que los consumidores sean conscientes de los costes de producción y que éstos pueden variar dependiendo de las situaciones, como una pandemia o la guerra de Ucrania.
“La ley de cadena alimentaria se pone en funcionamiento para tratar de paliar algunas situaciones que se podían estar viviendo, pero sobre todo para que seamos conscientes de que los costes de producción”, ha argumentado Tapia. “Una vez establecidos los costes de producción, lo que se analiza y puede ser sancionable es que se esté pagando al productor por debajo del coste de producción, eso significaría una inspección y, por tanto, una sanción. También puede producirse que los contratos que se estén elaborando entre diferentes eslabones de la cadena no estén regularizados de forma suficiente. O que haya una práctica abusiva”, desarrolló Tapia.
Así, el decreto recoge también la creación de una Autoridad de Ejecución que será la que se encargue de la inspección y posibles sanciones durante toda la cadena. El control y la sanción afectará a toda la cadena alimentaria, desde la producción primaria hasta los puntos de venta al consumidor final.