Antes de comenzar a gestionar las cárceles el 1 de octubre, el Gobierno vasco ha abierto un proceso de escucha sobre el modelo penitenciario que quiere impulsar, y ha lanzado un mensaje de tranquilidad a dos colectivos sensibles: los funcionarios de prisiones y las víctimas del terrorismo. Y, entre todos, han conseguido acordar unas garantías mínimas de colaboración que van a permitir seguir avanzando y desplegar este modelo penitenciario.
La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, ha mantenido una reunión con miembros de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, AVT, a quienes ha confirmado en persona que las víctimas estarán en el centro del modelo vasco, que los presos de ETA no recibirán ningún trato de favor, y que apuesta por una justicia restaurativa y por la reinserción de los reclusos.
En palabras de Artolazabal, han acordado una serie de puntos para llevar adelante el modelo vasco, donde la máxima será "el respeto a las víctimas". "Nuestro objetivo es no fallarles", recalcó. Han logrado "esa colaboración mínima que necesitábamos todos para seguir avanzando". Tras reunirse en un clima cordial, el consejero de la AVT Miguel Folguera se ha expresado también en tono conciliador y concede una gran relevancia a que exista este compromiso de que las víctimas estén informadas de primera mano.
ARREPENTIMIENTO
La AVT se ha mostrado estos meses muy crítica con el ministro Marlaska por el traspaso de prisiones a suelo vasco y por los acercamientos de presos, y tampoco es un secreto que pide el arrepentimiento de los reclusos para que accedan al tercer grado. Pero, dentro de su discurso, Folguera admite que la reunión ha sido "positiva y necesaria" y agradece la "buena disposición" del Gobierno vasco para trabajar en esta nueva situación.
"Es algo que tenemos que hacer de la mano. Somos los representantes de las víctimas y es importante que estén informadas de lo que se va a hacer de primera mano, y que a la hora de dar terceros grados e incorporarse a la vida normal, los presos tengan que arrepentirse, que de alguna manera colaboren con la justicia en esa vía restaurativa que se va a iniciar, y que renuncien a los actos de enaltecimiento del terrorismo que tanto nos duelen. Ahí vamos a estar y vamos a estar trabajando de la mano", ha explicado.
OFRENDA A LOS FUNCIONARIOS
Esta reunión con Folguera y con la letrada Carmen Ladrón de Guevara ha sido el colofón de una jornada que comenzó con las visitas a las cárceles de Basauri y Martutene. Artolazabal y su equipo volvieron a tener un gesto con los funcionarios para reconocer el acoso sufrido a manos de ETA, con ofrendas florales en las placas en recuerdo a Ángel Jesús Mota, José Ramón Domínguez y Francisco J. Gómez Elósegui.
En su reciente visita a la cárcel de Zaballa, Artolazabal también rindió homenaje a otro funcionario asesinado por ETA, Máximo Casado, y anunció un estudio sobre el hostigamiento padecido por este colectivo, que se va a redactar en colaboración con el Instituto Pedro Arrupe de la Universidad de Deusto. Además, lanzó un mensaje tranquilizador sobre las condiciones laborales y el futuro de estos funcionarios del Estado que pasarán a incorporarse a la administración vasca.
Ya entonces, el director de la cárcel de Zaballa, Benito Aguirre, aseguró que ve "un proyecto ilusionante". Este tono está muy alejado de la beligerancia del PP y el conjunto de la derecha estatal, que han sembrado dudas sobre la gestión vasca y han especulado con que las cárceles serán balnearios para ETA una vez consumada la transferencia de la competencia.
Los funcionarios están mostrando un discurso más posibilista ante el Gobierno vasco, que aclara además que cumplirá la ley, pero con un enfoque progresista. La AVT también ha sido crítica estos meses, pero ahora valora la colaboración que ofrece el Ejecutivo y plantea sus demandas en un tono constructivo, al menos ofreciendo este voto de confianza o margen en los primeros compases de la transferencia.
LA VISITA
Artolazabal ha acudido a las cárceles con la viceconsejera de Justicia, Ana Agirre; el viceconsejero de Derechos Humanos, José Antonio Rodríguez Ranz; y el asesor Jaime Tapia, con la intención de dar continuidad al proceso de escucha abierto con las entidades del tercer sector social el 15 de mayo. En Martutene y Basauri, la consejera fue recibida por los directores Marian Moreno y José Ángel Badiola. Aunque no ofrecieron declaraciones, el Gobierno vasco se encontró con unos responsables motivados por la nueva tarea.
Artolazabal visitó las cabinas de comunicación y visitas, los pabellones, y pudo recabar datos sobre el número de presos en medio abierto y las condiciones de las instalaciones en general.
La consejera continuará con el proceso de escucha para poner en marcha un modelo penitenciario ajustado a la ley, pero con un enfoque progresista y basado en el trabajo con los presos para que puedan regresar a la vida en sociedad, dando oportunidades laborales, promoviendo una reflexión sobre el daño causado, e impulsando el tercer grado y la libertad condicional. Todo ello, sin beneficiar ni perjudicar a los presos de ETA que, además, en las cárceles vascas son por ahora unos cuarenta sobre un total de mil reclusos.
Este mensaje se trasladó también a la AVT. La sintonía con los colectivos de víctimas es importante para el Gobierno vasco por razones de memoria y justicia, y también tiene repercusiones a nivel jurídico porque pueden recurrir algunos beneficios penitenciarios. El control en última instancia de las decisiones sobre los presos la tienen los juzgados de vigilancia penitenciaria, que residen en la Audiencia Nacional en los casos de ETA.