El “golpe” del Tribunal Supremo a los líderes del 1-O desvirtúa la desjudicialización de Sánchez

“Es un golpe a la democracia”. La revisión por parte del Tribunal Supremo (TS) de la sentencia del procés ha soliviantado a Esquerra, y a todo el independentismo, tras conocer que su líder, Oriol Junqueras, permanecerá inhabilitado hasta 2031, lo que le impediría concurrir a unas elecciones. Una resolución que condena también a Raül Romeva, Dolors Bassa y Jordi Turull por delito de desobediencia en concurso con malversación agravada, y que supone una bofetada a la vía de desjudicialización emprendida por el Gobierno de Pedro Sánchez, de la mano de los republicanos, con la reforma del Código Penal.

El tribunal argumenta que la organización de un referéndum como el del 1-O mediante fondos públicos no puede entenderse como una malversación atenuada, mientras que rechaza la petición de la Fiscalía de imponerles el delito de desórdenes públicos porque lo que hicieron fue “un cúmulo de actuaciones tendentes a lograr la separación de una parte del territorio del Estado pero sin violencia”. Los desórdenes públicos, como actos violentos que son, solo se lo aplican a los Jordis por las movilizaciones del 20-S ante la Conselleria de Economía. De esta forma, el TS invalida el propósito legislativo de poder modificar el delito de sedición por desórdenes públicos y el de rebajar a atenuada la malversación para los condenados, reforzando la tesis fijada por el instructor Pablo Llarena respecto al expresident Carles Puigdemont.

La Sala, presidida por Manuel Marchena, reprende que la reforma penal del Ejecutivo español deja impunes los procesos secesionistas que no vayan acompañados de actos de violencia o intimidación. “El efecto inmediato de la reforma ha consistido en generar un vacío normativo en el que hechos como los que fueron enjuiciados en la sentencia que ahora se revisa pueden topar con visibles grietas de tipicidad”, explica el auto. Y dice: “A partir de su entrada en vigor, la fractura del marco jurídico que hace posible la convivencia, el desbordamiento de los límites competenciales propios de la estructura del Estado y la tenaz desobediencia a los requerimientos judiciales solo serán constitutivos de delito si van acompañados de actos de violencia o intimidación” como contempla el delito de desórdenes públicos o en todo caso el de rebelión. “Con la reforma, entre la rebelión y los desórdenes públicos hay un espacio intermedio que puede alojar en el futuro conductas gravemente atentatorias al sistema constitucional, en el que la observancia de las leyes y el incumplimiento de las resoluciones judiciales, si no fueran acompañados de una violencia preordenada a esos fines o no implicaran actos de violencia o intimidación sobre las personas o cosas, quedarían impunes”.

El Supremo lamenta que a partir de ahora la “ruptura de una parte del Estado será ajena al derecho penal cuando no haya violencia”, dice el tribunal, para quien lo que ocurrió en el procés no se puede asemejar a un desorden público porque fue un cúmulo de circunstancias que llevaron a actos sediciosos. En la resolución, adoptada por unanimidad, se critica además que la derogación de la sedición “desenfoca el problema”. A su entender, fue un plan “concertado” por parte de los acusados que alentó “una movilización ciudadana que incluía la resistencia y oposición material y física, así como un apoyo internacional dirigido a privar unilateralmente de toda fuerza ejecutiva a las decisiones de las autoridades gubernativas y judiciales legitimadas democráticamente por nuestro sistema constitucional”. Por tanto, considera que no se puede traspasar de un delito a otro y decir que todo lo que englobaba el delito de sedición ahora lo hace el de desórdenes públicos.

En cuanto a la malversación, “sería contrario a la más elemental lógica jurídica entender que quien hace suyos los fondos públicos incurre en una pena que puede llegar a los 8 años de prisión y quien los destina a una actividad delictiva o antijurídica pueda ser castigado con una pena de multa”. Por todo ello, ratifica la inhabilitación para Junqueras y Bassa hasta 2031, y para Romeva y Turull hasta 2030. A su vez, condena a los expresidentes de la ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, como autores de un delito de desórdenes públicos, y a Carme Forcadell, Josep Rull y Joaquim Forn por desobediencia. A estos cinco se les extingue su inhabilitación.

Reacciones

Así las cosas, el president Pere Aragonès cree que “hay voluntad de venganza por parte del Tribunal Supremo, que ha visto cómo le corregían la sentencia primero con los indultos, ahora con la reforma del Código Penal y habrá una tercera corrección, y ésta vendrá de los tribunales europeos”. Por su lado, Jordi Turull ha avisado de que no necesita “un cargo público para trabajar intensamente por la independencia”. Y remata: “Nos veremos en Europa”. Paralelamente, Oriol Junqueras ha acusado al Tribunal Supremo de “retorcer la interpretación del Código Penal” con su sentencia y ha defendido el acuerdo con el Gobierno español para la reforma penal, que considera ha sido altamente positivo a tenor de los reflejado en la propia resolución. “Guiado por el ánimo de la venganza y de la voluntad política, el mismo tribunal decide aplicar el Código Penal como lo había redactado el PP para perseguirnos a nosotros”, ha sostenido el líder de ERC, para quien la modificación del Código Penal “sirve para proteger a todos aquellos que defienden los derechos humanos, las libertades fundamentales y la disidencia ante los abusos de poder”. “El mismo TS reconoce que, a partir de esta reforma, el independentismo no podrá ser perseguido a no ser que actúe de manera explícitamente violenta, por lo tanto esta reforma es un éxito”, zanja con rotundidad.

Entre las consecuencias prácticas de esta sentencia del Supremo se deriva que Marta Rovira, secretaria general de ERC, ve más cerca su retorno desde Suiza. Ella no está reclamada por malversación, sino por rebelión, y parece difícil que la condenaran por ese delito, teniendo en cuenta que sus compañeros lo fueron por sedición y que ahora ésta ha sido sustituida, según el TS, por una mera desobediencia, que no comporta prisión. Rovira sí podría presentarse a unas elecciones y ocupar un cargo público. Respecto a Junts, sale beneficiado Josep Rull, que no fue condenado por malversación y que ve cómo cae su inhabilitación. Su nombre ha emergido como uno de los posibles candidatos a la presidencia de la Generalitat. Los peor parados son Jordi Cuixart y Jordi Sànchez, ya que el fallo abre interrogantes sobre la persecución del activismo. El tribunal sí que considera que la sedición puede sustituirse por desórdenes públicos agravados. Unidas Podemos ya avisó de ello ya que la reforma facilita que los jueces apliquen penas mayores a activistas de ciertas protestas.

Puigdemont señala a ERC

En este escenario, Carles Puigdemont ha aprovechado para lanzar una indirecta a Esquerra y, particularmente, a Pere Aragonès, al asegurar que “es un error” negociar con el Estado español “en solitario, en secreto y sin mediador”: “Si se tienen que hacer tratos con los españoles hay que tomar todas las precauciones posibles”. Así se ha expresado el expresident en varios mensajes en su cuenta oficial de Twitter después de conocerse la revisión de la causa del procés. Según el líder del Consell per la República, “el PSOE no tiene ningún problema con la decisión del Supremo de hoy ni le inquieta lo más mínimo”, sino que “le va bien para poder enseñar músculo patriótico y anticatalán ante el PP en la precampaña del largo periodo de elecciones que nos espera”. Puigdemont ha añadido que pensar que los jueces “se sentirán vinculados por los acuerdos políticos entre un gobierno y un grupo parlamentario es ignorar como funciona España desde hace siglos”: “Esto lo sabe perfectamente la parte española de la mesa de diálogo”, ha subrayado. A su juicio, “toda la literatura judicial” hecha desde 2017 a raíz del proceso soberanista “es una enciclopedia del españolismo” porque los jueces “han hecho política siempre”.

Por su parte, el PSOE no se ha visto sorprendido por la decisión del Supremo. Según sostienen fuentes socialistas, cuando aprobaron la reforma del Código Penal con la eliminación del delito de sedición y la reforma del de malversación, pensaban que esa pena de inhabilitación al líder de ERC se iba a mantener. A este respecto, la vicesecretaria general del PSOE y ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha afirmado que la resolución “pone de manifiesto que el PP mentía” cuando afirmaba que la reforma penal impulsada por el Gobierno de Sánchez iba a beneficiar a los líderes del procés.