El auto del juez Pablo Llarena donde mantenía el procesamiento de Carles Puigdemont por malversación en su tipo agravado y, por tanto, dificultando que el expresident pueda esquivar la cárcel si decide regresar al Estado español, no fue bien digerido ni por el Govern ni por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, aunque desde diferentes ópticas. Desde la Generalitat se entiende que el magistrado procedió a “retorcer” el delito con “una interpretación muy forzada” para dejar aún contra las cuerdas al expresident, mientras que desde Moncloa se le afean sus ataques contra la reforma del Código Penal. Con todo, en el gabinete de Pere Aragonès confían en que tampoco este nuevo horizonte judicial salga adelante. La consellera de Presidència, Laura Vilagrà, consideró que “nos parece evidente que esto también decaerá y que Llarena no podrá aplicar este agravado porque no hubo enriquecimiento”, calificando de “éxito completo” la derogación del ya inexistente delito de sedición al considerar que muy pocas personas confiaban en que se produjera.
Puigdemont afronta este escenario prometiendo que librará “hasta el final” la “batalla judicial europea” para evitar su extradición y advirtiendo de que no volverá “ni esposado ni rendido ante un juez español”. Por ello, Vilagrà abogó por apoyar a los encausados en otras causas abiertas vinculadas con el 1-O y destacó que la Generalitat ha cambiado los criterios de personación en procesos judiciales a independentistas: “Una de las fortalezas es la movilización popular”. La consellera estimó que “una cosa es el texto legislativo y otra la interpretación” de los jueces, que “siempre intentan hacer la más dura”. “Pero en este caso no es interpretación: es retorcimiento del delito de malversación e interpretación muy forzada del texto”, reprochó a Llarena.
Por su parte, la ministra y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, emplazó al magistrado a limitarse a “administrar Justicia” tras sus críticas sobre la reforma penal al señalar que el texto “ha encontrado su génesis” en la sentencia del procés. “No vamos a entrar en los contenidos de la orden, pedimos que cada uno ejerza su responsabilidad. No entramos en los pronunciamientos judiciales y pedimos que tampoco se entre en la legitimidad que tiene la política para el desarrollo de su legislación”, subrayó la dirigente socialista. Al respecto, recalcó que “la Justicia lo que tiene que hacer es administrar Justicia” y los políticos “legislar conforme a su escala de valores”, asegurando que lo que busca el Gobierno de Sánchez es el “impulso a la convivencia” en Catalunya y en el Estado español. Con todo, Montero precisó que el auto de Llarena “pone de manifiesto que el PP ha mentido respecto a la reforma del Código Penal”, ya que el principal partido de la oposición decía que el Gobierno “ponía alfombra roja a Puigdemont para que se paseara por nuestro país con impunidad. Y el auto pone de manifiesto lo contrario, se reclama a Puigdemont para que responda ante la Justicia”. Sin embargo, la ministra aclaró que el auto “le quita la razón al PP” sobre la extradición del expresident, lo que “no es lo mismo que dé la razón a otro”, en alusión al magistrado.
Como Anna Gabriel
Entre tanto, la exconsellera Clara Ponsatí se arriesga a ser detenida si regresa al Estado y no comparece ante el Tribunal Supremo –como prevé hacer–, donde está procesada por desobediencia, ya que contra ella pesa una orden de detención y puesta a disposición. La eurodiputada de Junts es una de las destinatarias del auto dictado por Llarena y deja su situación en similar condición en que se encontraba la exdiputada de la CUP en el Parlament Anna Gabriel. Procesada también por un delito de desobediencia con una orden de detención, se presentó el pasado 19 de julio en el alto tribunal para regularizar su situación. Tras este movimiento, Llarena dejó sin efecto la declaración de rebeldía y la citó para el 14 de septiembre, día en que acudió a declarar para negar la desobediencia. Poco después, el juez concluyó la investigación contra ella, dejándola a un paso del juicio oral. Mientras, Ponsatí avanzó ayer que baraja retornar “lo antes posible” pero que no se presentará ante el TS porque no reconoce su jurisdicción. “Garantías democráticas en el Estado no se tienen nunca. En mi caso, tengo inmunidad y no deberían detenerme. Pero garantías al 100% no las tenemos”, admitió la eurodiputada.