El Govern ha creado un fondo con dotación inicial de 10 millones de euros para ayudar a los ex altos cargos de la Generalitat a quienes el Tribunal de Cuentas reclama fianzas por valor de 5,4 millones por haber promocionado el referéndum del 1-O en el extranjero usando, supuestamente, dinero público.
Este fondo llevará el nombre de Fondo Complementario de Riesgos de la Generalitat de Catalunya (FCRCAT) y se podrá acoger a él cualquier funcionario al que se pidan responsabilidades legales por actividades relacionadas con el desempeño de su cargo, siempre que cumplan ciertos requisitos. "No es un aval directo", ha asegurado en rueda de prensa el conseller de Economía, Jaume Giró.
El conseller ha defendido la "solidez jurídica" de este mecanismo y ha descartado que se pueda acusar a la Generalitat de malversación por auxiliar a los 34 dirigentes del "procés" a quienes el tribunal administrativo reclama fianzas por un importe total de 5,4 millones de euros porque en ningún momento habrá "desplazamiento patrimonial".
El funcionamiento, ha desgranado, se asemejará al de un seguro privado y será una entidad financiera -aún por concretar, el Govern está conversando con varias- quien avale las mencionadas fianzas, con un contraaval de la Generalitat.
El dinero no se transferirá hasta que haya una sentencia firme que lo exija y se hayan agotado todas las vías de recurso "nacionales e internacionales"; llegado ese punto, "el beneficiario deberá devolver el dinero, los intereses y las costas a la administración".
A preguntas de los periodistas, Giró ha aclarado que los diez millones disponibles para el contraaval saldrán de los presupuestos de la Generalitat, aunque no ha especificado de qué partida en concreto: "Lo estamos viendo" (...) "Hay muchas cajitas", ha dicho en alusión a las diferentes partidas presupuestarias.
Hasta que la Generalitat encuentre a una entidad financiera, el Institut Català de Finances asumirá la comisión gestora del fondo, pero Giró ha remarcado que este únicamente actuará como comisión gestora del fondo, pero no gestionará el aval, sino que este rol corresponderá a una entidad financiera.
La consellera de Presidencia, Laura Vilagrà, ha reivindicado la puesta en marcha de este fondo en cumplimiento del "principio de indemnidad", por el cual las administraciones deben "defender a los servidores públicos" inmersos en causas judiciales por cuestiones relacionadas con el desempeño de su trabajo hasta que haya sentencia firme. "Es lo que hace cualquier administración pública del mundo", ha apostillado Giró.