El Instituto Navarro para la Igualdad (INAI) sacará a la licitación pública la prestación del servicio de atención jurídica y sexológica a personas LGTBI+, Kattalingune, una decisión que persigue la "adecuación normativa" y una "mayor profesionalización" del servicio que hasta ahora prestaba la asociación Katalingorri.
Lo ha explicado el Ejecutivo foral tras conocer las quejas de varios colectivos LGTBI+ que este lunes denunciaron la decisión de sacar a licitación pública la prestación del servicio, que el Gobierno justifica en que al ser un servicio público su prestación "requiere de un proceso de licitación pública de libre concurrencia".
Se hace una vez que el servicio, hasta ahora desarrollado a través de un convenio nominativo con la asociación Katalingorri, se ha ido ampliando y extendiendo a distintas áreas de la Comunidad foral, como Estella y Tafalla en esta legislatura, tras las ya existentes en Tudela, Sakana y Pamplona.
Desde el INAI se señala que con la aprobación del pliego para su licitación "no solo se persigue la adecuación normativa para la prestación del servicio, sino que se pretende profesionalizar la atención a las y los usuarios y garantizar su prestación en todo el territorio con carácter plurianual".
Así, se contempla un presupuesto, basado en informes económicos, de 1,3 millones de euros para los años de 2023 a 2027, de los cuales 248.424 euros (205.309 + IVA) corresponden a 2023. El presupuesto de Katalingunne para 2022 ha sido de 220.000 euros, recuerdan las mismas fuentes.
El pliego contempla la contratación de cuatro personas, "una cifra ajustada a la carga de trabajo y demanda que reflejan los informes y memorias de atención del Servicio en los últimos meses", dice el INAI, que explica que se estipulan los perfiles de dos psicólogos/as a jornada completa; un/a trabajador/a social a jornada completa; un/a jurídico/a a jornada completa cuyas condiciones laborales se regirán por el convenio de prestación social.
Estos profesionales deberán contar con dos años de experiencia en el acompañamiento a la diversidad sexual o de género o en el marco de la intervención social. Además, se contempla que el 75 % de la plantilla deberá contar con al menos 120 horas de formación en materia de diversidad sexual o de género.
"Estos requisitos tienen por objetivo mejorar la atención que se ofrece desde el servicio, impulsando en mayor medida su profesionalización", subrayan las mismas fuentes.
Además, destacan que el pliego contempla la subrogación del personal actual, pero al mismo tiempo establece que la prestación de servicio, según memorias de atenciones y demanda, se puede desarrollar a través de 4 personas a jornada completa (2 psicólogas, 1 trabajadora social que desempeñaría funciones de coordinadora y una persona con perfil jurídico).