La teniente fiscal del Tribunal Supremo (TS), María Ángeles Sánchez-Conde, trabaja sin plazo delimitado en el informe final en el que fijará si el Ministerio Público ve pertinente o no que en la causa de Tsunami Democràtic se investigue por terrorismo a Carles Puigdemont por su presunta implicación en los disturbios atribuidos a esta protesta en la sentencia del procés. Aunque no se prevé que lo presente de forma inmediata ante la Sala de lo Penal del TS, tampoco tardará semanas en entregarlo. La fiscal se tomará el tiempo oportuno para estudiar la exposición razonada del juez a cargo del caso, Manuel García-Castellón; el informe del fiscal del caso en la Audiencia Nacional (AN), Miguel Ángel Carballo; el informe del fiscal del TS Álvaro Redondo y los argumentos defendidos por la junta de fiscales de la sección primera de la Sala de lo Penal del TS, en el que la mayoría se ha mostrado a favor de investigar al expresident por terrorismo, pero con una gran discrepancia entre los dos jefes de la sección, los fiscales Fidel Cadena y Joaquín Sánchez-Covisa. El primero de ellos se muestra en contra de que se investigue al líder de Junts, como defiende el fiscal Álvaro Redondo, quien estuvo a cargo de redactar el informe inicial de la Fiscalía del Supremo, mientras que el segundo se posiciona a favor.
Ante tal choque de criterio entre ambos jefes, Sánchez-Conde es la responsable de redactar el informe final como superior jerárquica de la Fiscalía en el Supremo, tal y como marca el artículo 24 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF), previsto para “los asuntos de especial trascendencia o complejidad”. Aunque rara vez se ha activado dicho mecanismo, se ha consultado con los dos jefes de la otra sección penal de la Fiscalía del TS, Javier Huete y Pilar Fernández-Valcárcel, quienes han estado de acuerdo, junto con Cadena y Sánchez-Covisa, en que sea Sánchez-Conde quien decida. Además, lo previsible es que se decante por la postura mantenida hasta ahora por los dos fiscales que han estudiado el caso, Redondo en el TS y Carballo en la AN, ambos en contra de que se investigue a Puigdemont por terrorismo. Una vez que Sánchez-Conde emita el informe definitivo, se elevará a la Sala de lo Penal del Supremo, donde el magistrado Juan Ramón Berdugo será el encargado de estudiar el asunto para después argumentar ante los demás magistrados si procede o no dar curso a la exposición razonada firmada por García Castellón.
En esta situación, el fiscal general del Estado advierte de que todavía no hay una decisión tomada sobre la imputación de Puigdemont después de que la junta de fiscales rechazara el informe preliminar del fiscal Redondo y apreciara indicios para imputarle. Álvaro García Ortiz reconoció ayer miércoles que puede haber “discrepancias” pero subraya que la postura del Ministerio Público no está definida y se debe trabajar para “armar una unidad de criterio”. “Ya veremos cuál es el sentido de quien tiene el difícil encargo de resolver las controversias, de resolver las discrepancias que como en cualquier otra institución ocurren en la Fiscalía española”, argumentó. “Hay que dejarla trabajar en paz”, precisó respecto a la decisión de María de los Ángeles Sánchez Conde. “Tenemos una discrepancia entre dos fiscales de Sala y que debe resolver la jerarquía, y por otro lado, visualizar que tenemos una fiscalía especializada en terrorismo que está sosteniendo una tesis ante los tribunales (contraria a la imputación por terrorismo de Puigdemont)”, subrayó el fiscal general de Estado.
También se refirió a la entrevista concedida en Onda Cero por el fiscal Salvador Viada, que participó en la junta y que denunció que las discrepancias entre los dos fiscales jefe del Supremo supusieron “un 155 encubierto”. Para García Ortiz, “es sorprendente que alguien que ha participado en una junta de fiscales pueda ir a un medio de comunicación a revelar lo que allí había ocurrido. Es un hecho sorprendente y que nos debe hacer reflexionar a todos”, zanjó.
Puigdemont, tranquilo
Por su parte, el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, aseveró que no le preocupa que la mayoría de la junta de fiscales del Tribunal Supremo pida investigar por presunto terrorismo al ex Jefe del Govern, dados los precedentes. “No estoy nada preocupado, en absoluto. No hay nadie con las defensas más blindadas que el señor Puigdemont”, señaló en declaraciones a RAC1. El letrado dijo que no le sorprendió la postura de los fiscales porque son “los mismos” que acusaron de rebelión a los líderes independentistas en el juicio por el 1-O. El abogado de Puigdemont añadió que quienes en verdad le preocupan son “las otras 70 personas” implicadas en el caso y destacó que no existe soporte legal para que los fiscales rechazasen el informe de Redondo, partidario de la tesis de que no hubo terrorismo en las protestas de Tsunami Democràtic contra la sentencia del procés.