El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha abierto juicio oral contra el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y la excúpula de su departamento por el supuesto espionaje parapolicial al extesorero del PP Luis Bárcenas presuntamente orquestado en 2013 para hacerse con documentos del caso Gürtel.
En su auto, el magistrado impone una serie de fianzas por responsabilidad civil, que en el caso de Fernández Díaz, su ex número dos, Francisco Martínez, y el ex director adjunto operativo de la Policía Eugenio Pino, ascienden a 120.000 euros.
Además, García Castellón rechaza por extemporánea la petición de la acusación ejercida por el PSOE de declarar la responsabilidad civil a título lucrativo del PP y la establece, de forma subsidiaria, para la Administración General del Estado en el caso de que los investigados resultaran condenados.
Entre los acusados también figura el excomisario José Manuel Villarejo; quien fuese asesor de María Dolores de Cospedal en el Gobierno de Castilla La Mancha, el comisario Andrés Gómez Gordo, y otros miembros de la cúpula judicial de aquellos años.
La investigación del caso Kitchen, incluido dentro del 'caso Villarejo', comenzó el 7 de noviembre de 2018 tras un informe de la Unidad de Asuntos Internos que analizaba la documentación intervenida en el domicilio del excomisario José Manuel Villarejo que apuntaba a la existencia de una supuesta operación de espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas.
Tras varios años de investigación, el 29 de julio de 2021 el juez propuso juzgar al exministro Fernández Díaz, a su entonces número dos Francisco Martínez y a otros seis investigados, entre ellos el exdirector adjunto operativo de la Policía Eugenio Pino, y el propio Villarejo.
En ese mismo auto, el juez dejó fuera del procedimiento a la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal y a su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, que estuvieron unos meses investigados.
En febrero de este año, la Fiscalía remitió su escrito de conclusiones provisionales, en el que solicita 15 años de cárcel para Díaz y Martínez, y entre 2 años y medio y 19 para el resto de acusados, siendo la petición más elevada la que afronta Villarejo.