El juez concluye que no hay indicios contra Ghali por torturas

El juez de la Audiencia Nacional (AN) Santiago Pedraz acordó cerrar el sumario en la causa abierta por la querella presentada por el activista saharaui Fadel Breica por las torturas que habría sufrido a manos del Frente Polisario, el movimiento liderado por Brahim Ghali, a quien ha decidido no procesar. El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 destaca la ausencia de “indicios racionales de criminalidad” y eleva la causa a la Sala de lo Penal, que deberá decidir si archiva o decide continuar la causa. Así, señala que las testificales practicadas se basan “en meras referencias no constatadas”, concretándose en apreciaciones subjetivas y no coincidentes en casos con las fechas y momentos que se señalan en los hechos.

Y es que, añade Pedraz, no ha quedado constatado que Brahim Ghali “ordenara o participara en orden a menoscabar la integridad del querellante (torturas) al no existir testimonio directo u otra diligencia que lo confirmara”. “Con ello, practicadas cuantas diligencias se han podido realizar para la comprobación del delito, participación que han tenido los investigados y las circunstancias que en su comisión han concurrido y no hallándose indicada ninguna otra, es procedente concluir conforme determinan los artículos 622 y 623 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal”, concluye.

Esta decisión llega después de que el juez escuchase el pasado 24 de octubre a Abba Bouzeid, un testigo propuesto por Breica que confirmó la denuncia presentada por este último por las torturas que habría sufrido a manos del Frente Polisario. Fuentes jurídicas explicaron que Bouzeid dio detalles sobre los presuntos abusos sufridos por Breica, confirmando lo denunciado por el activista en su querella. En la misma, este último aseguró haber sufrido golpes y descargas eléctricas, entre otras prácticas, mientras se encontraba recluido en centros de detención clandestinos. En concreto, Breica acusa a Ghali de delitos de detención ilegal, torturas y lesa humanidad presuntamente cometidos en 2019 en los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf. – E. P.