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El juez que investiga al exdiputado Íñigo Errejón por un presunto delito de agresión sexual ha dado cinco días al que fuera portavoz de Sumar y a la denunciante, la actriz Elisa Mouliaá, para que aporten sus teléfonos móviles y que la Policía Nacional pueda analizar las conversaciones que ambos mantuvieron.
En una providencia dictada este miércoles, y a la que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado Adolfo Carretero da este plazo a ambos, el paso previo a que la fuerza investigadora realice el informe que el propio instructor ha solicitado.
Información de los teléfonos móviles
Fue el pasado mes de febrero cuando el magistrado respaldó la petición de Errejón de no proceder al volcado de su móvil, asegurando que se trataba de una medida desproporcionada. El juez acotó esta diligencia y la limitó únicamente a las conversaciones entre el exdirigente y la denunciante.
El magistrado también ha acordado suspender tres de las testificales que tenía previstas celebrar este viernes, día en el que finalmente escuchará al padre y al hermano de la actriz y a una de las personas que estuvieron presentes en la fiesta en la que se produjo la presunta agresión.
Fuentes jurídicas han precisado que los familiares de Mouliaá declararán por videoconferencia, y que el tercer testigo acudirá de forma presencial a los juzgados de Plaza de Castilla.
La suspensiones de las otras testificales, entre las que se encontraban una amiga de la denunciante, un testigo presente en la fiesta y una tercera persona, se deben a diversos motivos. Uno de ellos se encuentra de viaje y otros dos están enfermos, según recoge la providencia.
Entre las últimas diligencias en la causa, el magistrado se ha dirigido a Mouliaá para que presente la conversación íntegra que mantuvo por WhatsApp con una amiga suya y que publicó en la red social X.
El instructor también avanza para trazar el recorrido que Errejón y Mouliaá realizaron la noche en que se produjo la presunta agresión. Así, y para "averiguar los dos taxis" que utilizaron, el juez ha solicitado a la defensa del expolítico que informe cómo solicitó los servicios de los mismos y de qué forma pagó.