El Juez de Prada aboga por reformar la ley de Aznar para la reconciliación en Euskadi

El magistrado de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada ha abogado este lunes por reformar o derogar la ley aprobada por el gobierno del PP de José María Aznar que estableció el cumplimiento íntegro de las penas de los terroristas para favorecer una "reconciliación" en Euskadi.

José Ricardo de Prada ha realizado estas manifestaciones en San Lorenzo de El Escorial (Madrid), donde ha participado en un curso de verano de la Universidad Complutense sobre "Los procesos de paz, la reconciliación y la preparación de las víctimas: ¿objetivos irreconciliables".

A juicio del magistrado es un tema en el que "el Ejecutivo se ha lavado las manos" y ha advertido de que "hay muchos problemas interpretativos de la ley que se aprobó en la época de Aznar, en 2003, de cumplimiento íntegro de las penas".

Ha recordado que es "una legislación que se elaboró porque era un momento muy crítico en la historia de ETA pues empezaban a salir los presos de ETA, que tenían redenciones de trabajo de penas de un máximo de 30 años refundidas de otras de miles de años, y además eran jóvenes y con mucha probabilidad de reintegrarse" en la banda terrorista.

"Pero esta ley del año 2003 establece unas condiciones tremendas para la progresión de grado y de tratamiento para conseguir los fines que establece la Constitución de reinserción social", ha comentado y se ha preguntado por qué en el contexto actual el Gobierno de turno no la modifica o deroga. "Es una asignatura pendiente para el buen entendimiento de la sociedad vasca", ha considerado De Prada.

Considera que esta situación "está provocando incluso que haya un enquistamiento de determinados sectores de los presos que como única forma de obtener un cierto apoyo y pergeñar un cierto futuro siguen enganchados a determinadas asociaciones de presos que son los que les dan una cierta fuerza".

Además "se está creando una especie de retroalimentación de una situación perversa cuando realmente los presos no tendrían inconveniente en asumir la legalidad penitenciaria en toda su extensión siempre que no sea discriminatoria".

Para el magistrado de la Audiencia Nacional, tribunal encargado de los casos de terrorismo, "también está sirviendo de legitimación de determinados discursos que no son nada positivos desde el punto de vista de la reconciliación".