El juez que instruye la Operación Soule, Alejandro Abascal, tomará este lunes declaración al expresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), Victoriano Sánchez Arminio; al ex secretario general de éste, Raúl Massó; y el expresidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Ángel María Villar, por un presunto desvío de fondos de 7,9 millones de euros.
Las declaraciones son parte de la instrucción de la Operación Soule y no guardan relación con el llamado caso Negreira, que recientemente ha empezado a investigar un juzgado de Barcelona por los pagos de 7,5 millones de euros hechos por el Barcelona entre 2001 y 2018 a empresas de José María Enríquez Negreira cuando éste era vicepresidente del CTA (1993-2018), durante el mandato de Sánchez Arminio.
Tanto Sánchez Arminio como Massó ya declararon como testigos de la operación Soule y Villar como investigado, pero el juez vuelve a citarlos ahora, como le ordenó el pasado 14 de marzo la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, al estimar un recurso de LaLiga, respaldado por la Fiscalía, sobre ese presunto desvío de fondos para gastos arbitrales.
El juez Alejandro Abascal había desestimado el pasado enero la petición que había hecho LaLiga en este sentido, por estar casi acabada la instrucción de la operación Soule, que se inició en julio de 2017, y porque las personas propuestas para declarar ya habían comparecido como testigos, sin que se aportara ningún indicio nuevo.
LaLiga recurrió esta decisión y contó con el apoyo de la Fiscalía, que entiende que las declaraciones solicitadas guardan relación con los hechos que se investigan, por "presunta desviación de fondos aportados por la Liga a la RFEF, con destino finalista, en virtud de los convenios de colaboración suscritos entre ambas asociaciones en los años 2006, 2010 y 2014, y su aplicación a fines distintos de los previstos".
Según la fiscal Inmaculada Violán, "los informes periciales revelan que las aportaciones realizadas por la Liga a la RFEF correspondientes a los honorarios arbitrales, exceden de los gastos contabilizados por la RFEF en 7.999.013,18 euros correspondientes a estos conceptos, indicando que esta diferencia no se encuentra justificada y que no han sido destinados a su fin".
La Fiscalía considera que la instrucción del caso, ha permitido conocer que por decisiones internas de la RFEF, "en relación con los honorarios y otros gastos arbitrales, se destinó parte de dicho importe a otro tipo de gastos diferentes a los previstos en los convenios".
En su escrito, la fiscal señala que "LaLiga percibe fondos de la recaudación de las quinielas, cuyo control y seguimiento corresponde a una comisión del CSD" y que "una de las obligaciones de ésta a partir de 2004-2005 es que esa aportación de dinero público se destine a sufragar el pago de los derechos de arbitraje". "Cualquier otro tipo de obligación a sufragar mediante ese remanente requiere previa comunicación y acuerdo de la citada comisión", añade.
Según el convenio de coordinación de LaLiga y la RFEF, la primera paga a la segunda por servicios de arbitraje una cantidad que incluye los honorarios de los árbitros de Primera y Segunda por los partidos de Liga y Copa del Rey, viajes, alojamientos y reuniones arbitrales anuales.
Desde el inicio de la temporada 2010-2011 y a propuesta del presidente del CTA, Victoriano Sánchez Arminio, los árbitros aprobaron destinar una parte de ese dinero a otros conceptos, como formación de colegiados de categorías inferiores, de fútbol femenino, de fútbol sala y de fútbol playa, la adquisición de intercomunicadores o uniformes para los colegiados de Segunda B como los de Primera y Segunda.
Fuentes de la anterior directiva de la RFEF indicaron a EFE que todo ese dinero recibido por la prestación de un servicio se dedicó al arbitraje, con la autorización de los propios colegiados, y que no se les comunicó que parte del dinero aportado por LaLiga fueran fondos públicos procedentes de la Quiniela.