Visto para sentencia. El juicio por el blindaje anti OPA del Igualatorio se celebró ayer martes por fin tras dos aplazamientos. El juez afirmó en varias ocasiones que había cuestiones clave en el litigio que ya estaban aclaradas y terminó la vista anunciando que las partes conocerán "en días" la sentencia. No es habitual que un juez tome una decisión de este tipo en tan poco tiempo y menos que se lo traslade a los litigantes. "Lo debe de tener muy claro", admitieron los abogados fuera de la sala. Más dudas hay respecto al sentido de su fallo.
El titular del juzgado Mercantil número 1 de Bilbao, Marcos Bermúdez, realizó apreciaciones que podrían traducirse como dudas respecto al argumentario de los accionistas que quieren vender y el consejo, que piden que se anule el blindaje, pero ninguna de las partes percibió señales nítidas de cuál puede ser su decisión. Solo fue necesario uno de los tres interrogatorios previstos, el del consejero de Igualmequisa, Pedro Chacón. Tras escuchar su declaración, tanto el abogado de la acusación, la Plataforma de Accionistas del Igualatorio, como el juez coincidieron en que ya había quedado aclarada si la modificación estatutaria aprobada por el anterior consejo de la Sociedad de Médicos es legal o no. El abogado de la PAI renunció a interrogar a los otros dos testigos, que iban a defender el blindaje.
Durante su declaración, Chacón, que acudió en lugar de la presidenta de IMQ, Beatriz Astigarraga, reconoció que el consejo de la Sociedad de Médicos aprobó el blindaje ante la "inquietud" que había por la posibilidad de que un "fondo buitre" se hiciera con el control del IMQ. Sin embargo, dijo que luego se supo que todo fue "un engaño" y que no era necesario el escudo. El abogado del Montepío defendió la legalidad del blindaje, que a su juicio no es obstáculo para la venta de acciones, y señaló que el demandante, el líder de la PAI Eduardo Zabala, no tiene legitimidad para impugnar el acuerdo del consejo al no tener un 1% del accionariado.