Política

El juez del 'caso 3%' archiva la investigación relativa a las donaciones de cargos de CDC al partido

Señala que no hay indicios que acrediten la existencia de un sistema de afloramiento de dinero negro en la formación catalana
Las declaraciones de los dos miembros de ETA están incorporadas a la causa que sigue la Audiencia Nacional por el asesinato de Gregorio Ordóñez.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado el sobreseimiento provisional de la pieza separada del 'caso 3%' denominada 'Donaciones Blanqueo', en la que se investigaba a varios cargos de CDC por donaciones al partido con la supuesta finalidad de financiar ilícitamente a dicha formación, al no constar "indicio alguno que acredite un mecanismo de afloramiento de dinero negro".

En esta pieza se investigaba en concreto los ingresos de entre 1.500 euros a 3.000 euros que recibió el partido procedentes de dirigentes entre 2008 y 2015 con el supuesto objetivo de blanquear donaciones en efectivo entregadas por empresarios, según explicó el fiscal en diversos informes.

Ahora, en un auto recogido por Europa Press, el magistrado incide en que estas diligencias se abrieron en abril de 2020 --por el entonces juez de la Audiencia Nacional José de la Mata-- a fin de investigar esos hechos para saber si se buscaba "un afloramiento de dinero procedente del delito" con la finalidad de financiar ilícitamente al partido.

El instructor señala ahora que se han practicado todas las diligencias solicitadas, entre ellas el informe de la Guardia Civil en el que se procedió al análisis la operativa de ingresos en efectivo vinculada a las donaciones.

En concreto, se examinó si se había ideado un sistema basado en la reversión en forma de dinero en efectivo de la donación realizada por los investigados como forma de compensación del ingreso inicial, de manera que el dinero en efectivo en poder de CDC y presuntamente de origen ilícito, pasaría al circuito económico legal utilizando la simulación de una donación, en vez de tratarse de una aportación realizada voluntariamente por el donante.

En palabras del anterior instructor, y según recogía en un auto de octubre de 2020, se investigaba si "altos cargos del partido político CDC, en connivencia con otros cargos públicos y funcionarios de distintas Administraciones e instituciones públicas de Cataluña y con distintos empresarios, pusieron en marcha una estructura para financiar ilegalmente a este partido político, en forma encubierta".

Entre los investigados estaban el ex tesorero de CDC Daniel Osacar --condenado por el caso Palau--, el también ex tesorero de CDC Andreu Viloca, el ex gerente de esa formación Germá Gordó, el exconseller y ex número 2 convergente Felip Puig y la también ex consellera catalana Irene Rigau.

LOS PROBLEMAS DE TESORERÍA DE CDC

El juez recuerda que los investigados declararon que las donaciones efectuadas respondían a aportaciones extraordinarias que les fueron solicitadas por CDC en su condición de militantes y, en particular, en atención al cargo público o de responsabilidad institucional que ostentaban algunos de ellos como consecuencia de los problemas de tesorería que les decían que atravesaba la formación en aquellos años. "La explicación dada, con lo actuado, no ha quedado desvirtuada", subraya el magistrado.

Por un lado, explica, no puede afirmarse que las donaciones realizadas tuvieran por objetivo la introducción en el tráfico económico de cantidades provenientes de un hecho ilícito antecedente. "No hay base para afirmar que el origen de los fondos fuera proveniente de la trama del caso Palau, pues no existe diligencia alguna que lo acredite", advierte.

Para el magistrado, como señalan las defensas, "las donaciones efectuadas al partido CDC serían transparentes", y apostilla que la información sobre las mismas ya obraba desde hacía años en la contabilidad aportada al Tribunal de Cuentas.

Suma que esto habría quedado constatado en la documentación intervenida en la entrada y registro practicada en la sede de dicho partido en octubre del año 2015. Y añade que esas aportaciones se encontrarían debidamente documentadas conforme a la Ley Orgánica 8/2007, sobre financiación de los partidos políticos.

Por otro lado, Pedraz añade que tampoco la coincidencia en el tiempo entre las donaciones realizadas por los distintos investigados y los supuestos ingresos en sus cuentas serviría como indicio.

Apunta además que en la investigación se ha venido analizando información contable por duplicado: por un lado la base de datos intervenida en la sede de CDC por la Guardia Civil (basada en el Libro Diario) y por otro lado la contabilidad de CDC (basada en el libro Mayor), en las que la misma donación aparecía en fechas ligeramente distintas. "Esta duplicidad de fuentes contables provocaría confusión. Se trataría de un error debido a la duplicidad de fuentes contables", concluye.

EL INFORME DE LA GUARDIA CIVIL

En relación con el informe de la Guardia Civil, de fecha 28 de abril de 2023, relativo al análisis de la operativa de ingresos en efectivo vinculada a las donaciones, según Pedraz, "lo cierto es que del mismo no se sigue elemento alguno que avale los hechos imputados" y se limita a realizar un resumen de la información que habían facilitado las diferentes entidades bancarias sin aportar ningún dato ni alcanzar conclusión alguna que ampare la prosecución de las presentes actuaciones.

"Con ello no consta indicio alguno que acredite un mecanismo de afloramiento de dinero negro que era aparentemente entregado con carácter previo a la realización de las donaciones por parte de los investigados al partido político CDC, como tampoco que el dinero que se hubiera podido entregar a los militantes tuviera un origen ilícito e incluso que de serlo que los investigados tuvieran conocimiento de que el dinero entregado tuviera un pretendido origen en un hecho delictivo antecedente", concluye Pedraz.

09/06/2023