El juez de la Audiencia Nacional que instruye el 'caso Koldo' ha acordado ampliar la investigación para uno de los imputados, el presunto conseguidor de la trama Víctor de Aldama, a un delito de tenencia ilícita de armas dado que en el registro de una de sus propiedades ubicada en San Sebastián de los Reyes (Madrid) hallaron un arma de repetición manual, carabina, del calibre 44 milímetros de la marca 'Tiger' sin documentación.
Así consta en el auto del pasado 22 de febrero, cuando el juez acordó la puesta en libertad de De Aldama, que obra en el sumario, y en el que recoge la solicitud previa de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de 20 de febrero en la que daba cuenta de ese hallazgo. "Durante el desarrollo de la mencionada diligencia --entrada y registro--, se ha encontrado un arma de fuego, la cual carece de documentación que ampare su posesión de manera legal, entre ella la correspondiente guía de pertenencia", dice la UCO, para añadir que se trata de arma de repetición manual.
Ese mismo día, la UCO informó al juez de que en otro de los registros, en el del domicilio del dueño del Depósito Judicial de Murcia Rogelio Pujalte --que no consta como imputado en la causa-- en Raya (Murcia), hallaron "varios efectos considerados armas prohibidas por el Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas".
Detalla ese oficio que se trata en concreto de una defensa eléctrica (táser) y una defensa extensible. En este sentido, la UCO solicita al magistrado que añada también para él el delito de tenencia ilícita de armas.
Bloqueo de 88 cuentas
El juez de la Audiencia Nacional que investiga el presunto cobro de comisiones irregulares por la venta de mascarillas al principio de la pandemia ha ordenado bloquear 88 cuentas de la denominada 'trama Koldo'.
A través de un auto del pasado 19 de febrero, el juez Ismael Moreno decreta el bloqueo y embargo preventivo de dichas cuentas, así como la prohibición de disponer de los saldos y los intereses que devenguen las cuentas bancarias y/o productos financieros que se relacionan para cada una de ellas.
El juez instructor prohíbe así de manera expresa cualquier disposición sobre esas cuentas, "indistintamente de cuál sea el tipo de vinculación, debiendo proceder asimismo a la inhabilitación o suspensión de las credenciales, claves y/o firma electrónica que permitan operar con los sistemas de banca electrónica o telemática".