La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez que prohíba salir del Estado sin autorización judicial al empresario Juan Carlos Cueto, señalado como uno de los cerebros del conocido como caso Koldo, una presunta trama de cobro de comisiones ilegales en contratos de mascarillas en plena pandemia.
Juan Carlos Cueto, señalado como "la persona que realmente controla" la sociedad sobre la que pivota la investigación, Soluciones de Gestión, ha declarado este miércoles durante apenas 20 minutos en la Audiencia Nacional y ha defendido los contratos investigados.
No sólo ha indicado que el precio fue justo, sino que ha deslizado que su intención nunca fue aprovecharse, sino que se trató de una operación al servicio de los españoles y para ayudar en plena pandemia, en la que hubo poco margen de beneficio económico, en concreto entre un 10 y un 13%, según su versión.
De acuerdo a las fuentes consultadas, Cueto, que ha accedido a declarar únicamente a preguntas de su abogado, se ha basado en un informe de auditoría realizado por KPMG en 2021 y ha indicado asimismo que fue una operación costosa y que implicó muchos viajes a China.
A Juan Carlos Cueto se le investiga junto a Koldo García, exasesor del exministro socialista José Luis Ábalos, y el presidente del Zamora CF, Víctor de Aldama, entre otros, por participar, presuntamente, en una trama de cobro de comisiones ilegales en varios contratos de compra de mascarillas con la administración en los primeros meses de la pandemia de COVID.
Tras su declaración, el fiscal ha reclamado al magistrado que le prohíba salir del Estado sin autorización judicial, una medida a la que no se ha opuesto ni su abogado ni las acusaciones populares recién personadas -PP y Vox-, ya que no han tenido aún acceso a la causa.
La Fiscalía sostiene que Soluciones de Gestión, a la que se adjudicaron los contratos que se encuentran bajo sospecha por unos 54 millones de euros, "habría sido empleada como una empresa instrumental en un proyecto común" entre Víctor de Aldama y Juan Carlos Cueto, que tiene pendiente otro procedimiento -el caso Defex- en la Audiencia Nacional.
Y calcula que las adjudicaciones investigadas "generaron un beneficio económico" a De Aldama de 5,5 millones de euros y a Cueto, "titular de hecho de la mercantil", de 9,6 millones de euros.
Por su parte, sostiene que el exasesor de Ábalos pudo haber desempeñado un papel de intermediario al aportar información sobre los procesos de adjudicación de material sanitario, que habrían partido del Ministerio de Transportes, a cambio de comisiones.