El juez envía a juicio a Jordi Pujol y a sus siete hijos

El juez Santiago Pedraz ha dictado auto de apertura de juicio oral para el expresidente catalán Jordi Pujol, sus 7 hijos y otras 11 personas, entre ellas la exmujer del primogénito Jordi Pujol Ferrusola, Mercé Gironés, en relación a la fortuna presuntamente ilícita que acumularon y mantuvieron oculta durante décadas.

En su auto de apertura de juicio oral, y tras excluir del procedimiento por motivos de salud a Marta Ferrusola, esposa del expresidente catalán, el juez requiere a Jordi Pujol Ferrusola y a su exmujer para que en el plazo de 10 días depositen respectivamente 7,5 millones de euros y 400.000 euros para cubrir las posibles responsabilidades civiles que puedan derivarse por los delitos contra la Hacienda Pública que se les imputan.

En concreto, el juez les envía a juicio por hechos que pueden ser constitutivos de delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, delito continuado de falsificación de documento mercantil, 7 delitos contra la Hacienda Pública y otro de frustración de la ejecución.

Por estos hechos la Fiscalía pide una condena de 9 años de cárcel para el expresidente catalán, mientras que para sus siete hijos solicita penas que oscilan entre los 8 y los 29 años de cárcel que reclama a Jordi Pujol Ferrusola.

La Abogacía del Estado por su parte no se dirige en su escrito de acusación contra Jordi Pujol Soley, mientras que para el primogénito pide 25 años de cárcel y una fianza de 7,7 millones de euros.

En este nuevo auto, el titular del juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional ratifica también la situación de libertad de los acusados y explica que no existe la necesidad de asegurar su presencia en las sesiones de juicio oral con una situación distinta a la que han mantenido durante el proceso, incluida la de dejar constancia del domicilio en el Estado y la obligación de comparecer a cuantos llamamientos judiciales sean precisos.

Junto a Pujol, sus hijos y su exnuera, se sentarán también en el banquillo los empresarios Luis Delso Heras, Carlos Sumarroca Claverol y Carlos Vilarrubí.

En este procedimiento, además de a los Pujol Ferrusola, se ha investigado a empresarios que presuntamente efectuaron pagos millonarios a la familia, disimulados bajo estructuras societarias más o menos sofisticadas y utilizando diferentes paraísos fiscales y fórmulas contractuales.

Todos esos contratos simulados, según la investigación, encontraban su contraprestación en el ejercicio de concretas influencias por parte de la familia Pujol Ferrusola en adjudicaciones, cambios de calificación urbanística o concesiones, entre otros favores.

Pedraz concede ahora un plazo de un mes a los acusados para que presenten sus escritos de defensa e incluye en su resolución los escritos de acusación de la Fiscalía Anticorrupción, la Abogacía del Estado y la acusación representada por Grand Tibidabo SA en los que se indican los delitos y las penas de prisión solicitadas.

El pasado 16 de julio, el anterior instructor de esta causa, José de la Mata, propuso juzgar a todos los miembros de la familia Pujol Ferrusola por formar una organización criminal que, aprovechando su posición privilegiada de ascendencia en la vida política, social y económica catalana durante décadas, acumuló un patrimonio desmedido directamente relacionado con percepciones económicas derivadas de actividades corruptas.

Su forma de actuar reunía a su entender todos los requisitos de una organización criminal: con diversos niveles jerárquicos, una estructura planificada, y permanencia en el tiempo, desde que se abrieron las primeras cuentas corrientes en Andorra en 1992 hasta que la familia cerró sus últimas fundaciones en 2014.

Según este magistrado, el liderazgo de la organización estaba encarnado en Jordi Pujol y Marta Ferrusola quien, de hecho, se autodenominaba la "madre superiora de la congregación". Por debajo se encontraría Jordi Pujol Ferrusola, denominado "el capellán de la parroquia", cuyas instrucciones seguían a su vez el resto de los hermanos.