El juez Garrido, otra tijera del autogobierno

Cuando el Gobierno vasco o el PNV miran al Tribunal Constitucional, suelen verlo como un equipo de jueces de parte que tiende a defender las tesis del Ejecutivo español de turno y que, en caso de duda, atribuye una competencia al Estado en detrimento de las instituciones autonómicas. El fenómeno de las sentencias desfavorables al autogobierno, muy ligado hasta la fecha a los tribunales estatales, ha llegado al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. En concreto, lo ha hecho de la mano del juez Luis Garrido, el presidente de la sala de lo contencioso-administrativo.

En un año de pandemia, Garrido ha tumbado seis decisiones del gabinete de Iñigo Urkullu: el recorte del horario del ocio nocturno, la limitación de los encuentros sociales a seis personas, el cierre de los bares en zonas con un elevado nivel de contagios por coronavirus, el toque de queda y los cierres perimetrales sin estado de alarma, el uso de la mascarilla en playas y piscinas, y el aforo en los estadios de fútbol. En algunos casos ha cuestionado que las medidas sean proporcionadas contra el virus, y en otros ha negado que Euskadi tenga la competencia, pero la consecuencia práctica en todos los supuestos ha sido limitar la capacidad de respuesta vasca ante la pandemia. En los últimos días se ha unido a esta polémica una cuestión donde ha esgrimido argumentos que rozan lo político: ha dado cancha a un recurso de Vox y ha llevado al Tribunal Constitucional el uso del euskera en los ayuntamientos.

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Esta suerte de pulso al Gobierno vasco ha estallado durante la pandemia del coronavirus, donde a Garrido, además, se le ha reprochado que emita autos poco consistentes y que menosprecian o no tienen en cuenta la labor de los epidemiólogos. Algunas declaraciones suyas en tertulias han añadido gasolina a la polémica y le han dado proyección a nivel estatal, donde ha aparecido como un juez controvertido hasta el extremo de que tuvo que retractarse con los epidemiólogos y pedir disculpas. Desde el PNV, Koldo Mediavilla resumía su doble vertiente: "Es un juez virólogo contra el Estatuto". Sin embargo, ha contado con el respaldo del PP, que aplaude que dé manga ancha a la hostelería y al aforo en el fútbol, y ve en Urkullu "tics nacionalistas".

Este desencuentro comenzó en agosto del año pasado, cuando Garrido se opuso a recortar el horario del ocio nocturno. Poco después, precisamente un pronunciamiento de su sala fue el detonante de que Pedro Sánchez decretara el segundo estado de alarma en octubre de 2020. El tribunal rechazó la petición de Urkullu de limitar las reuniones sociales a seis personas, con el argumento de que una restricción semejante de los derechos fundamentales solo podría ponerse en marcha con un estado de alarma o con el paraguas de una ley orgánica. Añadió, eso sí, que las leyes vigentes en el Estado tampoco lo permitían, pero volvió a dejar la decisión en manos de Madrid con el estado de alarma. Pero Garrido no estaba solo y contaba con el aval de la entonces presidenta en funciones del tribunal, Garbiñe Biurrun. Por ello, el lehendakari lideró un movimiento de presidentes autonómicos que reclamaron el estado de alarma. Sánchez lo aprobó añadiendo el toque de queda.

A principios de este año, Garrido volvía a ser el ponente de otro auto, pero en este caso levantó polvareda y comenzó a forjarse su imagen controvertida. Revocó el cierre de la hostelería en los municipios en zona roja, con una tasa de contagios superior a 500 por 100.000 habitantes y en pleno estado de alarma. Su auto aludía al "grave quebranto económico" para los bares, y dijo que abrirlos no suponía "un elemento de riesgo cierto y grave para la salud pública". Llegó a aventurar que "una parte importante de los epidemiólogos" situaba el peligro en las cenas navideñas, sin aportar datos.

Pero, además, entraba en contradicción con él mismo: había restado valor al papel de estos científicos en una tertulia radiofónica, donde dijo que un epidemiólogo es "un médico de cabecera que ha hecho un cursillo". "Que ahora le diga que, para que el virus se reduzca, tiene usted que quedarse en casa, no hablar con nadie, no puede ir a ningún espectáculo cultural ni hacer nada de nada... Para decir eso, lo sabían en la Edad Media", lanzó. En su perfil de WhatsApp, exhibía la frase "no más confinamiento" aunque, ante las voces que lo presentaban ya como un negacionista, matizó que solo quería rendir homenaje a una canción de Van Morrison. Terminó pidiendo perdón a los epidemiólogos.

Cuando se acercaba el fin del estado de alarma señalado para el 9 de mayo, el tribunal impidió que Urkullu pudiera mantener el toque de queda, limitar las reuniones a cuatro personas y establecer cierres perimetrales. En otras comunidades, como la balear, donde la Fiscalía también había rechazado el cierre nocturno, su tribunal sí dio la vuelta a la decisión y lo aceptó.

Garrido tumbó igualmente el uso de la mascarilla en playas y piscinas, y se remitió al decreto estatal para que solo fuera necesaria en distancias inferiores a un metro y medio. Argumentaba que llevarla "no deja de ser una carga", y no usarla podía acarrear una sanción que no contempla la normativa estatal. Por último, ha echado por tierra la limitación del aforo en los estadios al 30%. A petición de la Liga de Fútbol, rechazó el porcentaje del Gobierno vasco y se ciñó al 60% del Estado. Ese 60% era el número fijado en el Consejo Interterritorial del Ministerio con las autonomías. Euskadi había esgrimido su competencia y aclaró que el 60% era una cifra máxima y no suponía que todos los territorios tuvieran que implantarla, pero Garrido despacha el asunto asegurando que es "obvio" que una recomendación del Consejo Interterritorial no es un peligro para la salud.

euskera

Además, ha llevado al Constitucional la Ley de Instituciones Locales porque cree que dota de una "supremacía exorbitante" al euskera. La ley establece que las comunicaciones internas y con otras instituciones podrán redactarse en lengua vasca si no se lesionan los derechos de algún miembro de la entidad local que pueda alegar válidamente que desconoce el idioma. El Gobierno vasco está atado de manos. Las recusaciones son difíciles, y solo puede recurrir las decisiones de este juez ante él mismo (salvo en las restricciones de derechos fundamentales por la pandemia, donde puede ir al Supremo, pero no quiere ahondar en la judicialización). El mandato de Garrido caducó en 2020, pero el bloqueo en el poder judicial demora su relevo o reelección.