El PP puede salir corriendo de la sede de Génova y Pablo Casado dedicarse a echar balones fuera bajo el escudo de que el pasado no le pertenece. Pero nada de todo ello evita aún que la corrupción siga acorralando al principal partido de la oposición por su conducta cuando ostentaba el poder. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha imputado a la ex secretaria general y exministra María Dolores de Cospedal y a su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, por su supuesta implicación en el espionaje parapolicial montado desde el Ministerio del Interior, durante el mandato de Mariano Rajoy, contra el extesorero Luis Bárcenas y su familia a través de la operación Kitchen. Además, la apertura del sumario en la parte que permanece secreta será "inmediata" y, según la Cadena Ser, las declaraciones de algunos de los coimputados y testigos, así como las agendas intervenidas al comisario José Manuel Villarejo, señalan también a la exvicepresidenta primera del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y al Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
Pero el cerco de la Justicia al PP no se detiene ahí. El juzgado de Instrucción número 31 de Madrid ha sentado en el banquillo al ex número dos del Ejecutivo de José María Aznar, Rodrigo Rato, en la causa que investiga el origen de su patrimonio, por presuntos delitos contra Hacienda, blanqueo y corrupción entre particulares, y se le reclama una fianza de 65 millones por defraudar más de 8,5 millones de euros.
En cuanto a la Kitchen, el magistrado atribuye al matrimonio presuntos delitos de cohecho, malversación y tráfico de influencias, en relación con dicho operativo, llamándoles a declarar a las 10.00 horas del 29 de junio en el caso de Cospedal y a la misma hora del 30 de junio para su marido. Y es que ve conveniente escuchar a la exministra acerca de "su participación en la captación de Sergio Ríos", el chófer de la mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias, al que la investigación judicial señala como espía de la trama. El juez estima que "su intervención, a través de Andrés Gómez Gordo -el jefe de seguridad de Cospedal-, al parecer pudo ser decisiva para que Ríos se decidiera a participar". El detonante de la imputación han sido las agendas incautadas a Villarejo el pasado octubre, con anotaciones referidas a los años 2012 y 2014, incluidas algunas sobre la pareja, que figura como "MD", "Cospe" y como "ILH".
Impulsora de Casado
El concurso de Cospedal no es baladí en el presente contexto para el PP, ya que fue quien cedió sus votos en las primarias para que fuera Casado y no Sáenz de Santamaría quien se hiciera con las riendas del partido una vez desbancado Rajoy, por lo que el nuevo capítulo judicial podría esquilmar las aspiraciones del actual líder del PP. Si bien el juez mantiene imputados a Jorge Fernández Díaz, exministro del Interior; Francisco Martínez, ex secretario de Estado de Seguridad; y Eugenio Pino, ex director adjunto operativo del Cuerpo, además de a Villarejo, epicentro del macrosumario, la investigación da un salto mayúsculo al apuntar a la pata política del entramado.
De hecho, se valida la postura de la Fiscalía, para quien Cospedal también "tendría un interés personal" en el éxito de la Kitchen "desde una doble perspectiva". "Directa: como afectada por documentación supuestamente comprometedora para ella misma. E indirecta: como secretaria general del partido, de existir material comprometedor respecto de otros altos dirigentes del mismo", indicaba Anticorrupción. A ello el juez suma nuevos indicios, como el informe policial del 8 de abril sobre las 13 nuevas agendas manuscritas intervenidas a Villarejo. "La relevancia de estas agendas radica en su virtualidad para reflejar datos de los que se tiene noticia a través de otras diligencias", dice el magistrado. "Su exposición ordenada permite conformar un cronograma temporal de determinados acontecimientos y coadyuvan a situar en una concreta fecha los incidentes más relevantes".
Poco después de conocerse su imputación, se aplazó ayer miércoles a petición del PSOE la comparecencia de Cospedal en la comisión parlamentaria del Congreso ante el monumental enfado de la exdirigente del PP porque se presentó sin que nadie le avisara de la suspensión. "Quieren alargarlo para no hablar de indultos", espetó.
Para más inri, los coimputados afirman en el sumario que la información lograda con el espionaje a Bárcenas se pasaba también "a la enana", como se referían a Sáenz de Santamaría, estando involucrados en los seguimientos "los cecilios", apelativo de los agentes del CNI, sobre los que la vicepresidenta tenía ascendencia. Villarejo aseveró que despachaba el contenido de las investigaciones con el entonces secretario de Estado de Seguridad, y que creía que éste se lo trasladaba a Sáenz de Santamaría.
El patrimonio ilícito de Rato
En paralelo se supo que el juez Antonio Serrano-Arnal abría un nuevo juicio oral contra Rato. El que fuera vicepresidente económico de la era Aznar declarará como acusado de 11 delitos contra la Hacienda Pública entre 2005 y 2015, así como de un delito de blanqueo de capitales y otro de corrupción entre particulares, en la causa en la que indaga desde 2015 su patrimonio y finanzas personales, que gestionaba a través de empresas y cuentas en paraísos fiscales.