El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha imputado a Iberdrola Renovables como persona jurídica por la contratación irregular de empresas del excomisario José Manuel Villarejo.
El magistrado ha atendido la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción, que pedía la imputación de Iberdrola Renovables -pero no a la matriz que preside Ignacio Sánchez Galán- en la pieza separada por los encargos a Cenyt y CASESA, empresas vinculadas al excomisario.
En el auto conocido este viernes, el magistrado ve necesaria la imputación al detectar un posible delito de cohecho por la presunta contratación de Villarejo para llevar a cabo una investigación a la sociedad suiza Eólica Dobrogea, con la que Iberdrola se había aliado para acometer proyectos en Rumanía.
A finales de junio, el presidente del grupo Iberdrola fue imputado por su relación con el excomisario junto a otras tres personas, el director general de negocios, Francisco Martínez Córcoles, el que fuera presidente de Iberdrola España Fernando Becker, y el exjefe del Gabinete de Presidencia Rafael Orbegozo.
Según el auto, existen indicios de la comisión de un delito de cohecho activo en el seno de Iberdrola Renovables por el encargo a Villarejo del denominado "Proyecto Wind", a través del que fuera director de seguridad del grupo energético, Antonio Asenjo, en 2011.
Esta contratación, prosigue el magistrado, se produjo mientras Villarejo se encontraba aún en activo en el Cuerpo Nacional de Policía, "con la finalidad de llevar a cabo una investigación sobre la sociedad Eólica Dobrogea, su accionista mayoritario Chrisopher Kaap y su apoderado Corneliu Dica".
Iberdrola Renovables se había aliado con ellos para acometer una serie de proyectos en Rumanía; sin embargo, en este proceso surgieron diferentes conflictos que fueron resueltos de forma favorable para la compañía española en un procedimiento arbitral.
El juez añade que consta en la causa una factura por importe de 29.500 euros emitida por Cenyt con ocasión del encargo del proyecto Wind, en concepto de servicios de apoyo y logística de seguridad al personal de Rumanía, así como su pago, reconocido por la compañía
SOBRESEE LA QUERELLA DE IBERDROLA CONTRA SU EXDIRECTIVO
A comienzos de 2020, Iberdrola se querelló contra su exresponsable de Control Corporativo José Antonio del Olmo en un juzgado de Bilbao por presuntamente falsear un documento que habría elaborado él mismo para advertir de pagos a una empresa "que podría ser Cenyt", de Villarejo.
En concreto, este archivo, consignado en papel oficial de Iberdrola, fue depositado por el exdirectivo en una notaría de Madrid junto con un total de nueve facturas (ocho emitidas por Casesa y una por Cenyt) pagadas por la compañía, que sostiene que fueron robadas.
No obstante, la titular del juzgado se inhibió en favor de la Audiencia Nacional al considerar que existía conexión con la investigación que dirige el juez García Castellón.
Este mismo miércoles, el presidente de Iberdrola había pedido al magistrado que se aclare la veracidad del informe del exdirectivo.
Asimismo, le instaba para que solicite el documento original aportado por Del Olmo, al que acusaba de haber robado facturas de la multinacional.
Sin embargo, García Castellón, de acuerdo con el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, acuerda ahora el sobreseimiento libre para Del Olmo, y rechaza la condición de Iberdrola como acusación particular al entender que "no sería perjudicada por los hechos que se investigan".
EL DELITO DE COHECHO
En opinión del titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, existen dudas sobre la diligencia empleada por Iberdrola en la contratación de Villarejo, en un momento en el que éste aún era funcionario público.
De hecho, aprecia un grave fallo en la diligencia exigible para constatar que Cenyt nunca estuvo habilitada para ejercer actividades de seguridad privada al tratarse de una comprobación que puede efectuarse a través de la Unidad Central de Seguridad Privada de la Policía Nacional.
Además, recalca García Castellón, la empresa tenía al frente de sus servicios de Seguridad a una persona procedente del Cuerpo Nacional de Policía que, aunque en el momento de los hechos no se encontraba en activo, podía verificar el carácter de funcionario activo de Villarejo.
El caso data de finales de 2019, después de que se publicara que Iberdrola contrató a Villarejo para espiar a un juez, infiltrarse en plataformas contrarias a los intereses de la eléctrica, hostigar a miembros del comité de empresa de la central nuclear de Cofrentes o investigar a un accionista crítico con la gestión de la empresa.