El juez ordena comprobar que Luceño no puede hacer frente a la fianza

El juez Adolfo Carretero ha ordenado la averiguación patrimonial integral de Alberto Luceño a fin de comprobar si efectivamente no puede hacer frente a la fianza de cuatro millones de euros impuestas para seguridad las responsabilidades legales que se deriven en el caso de las mascarillas.

En concreto, el titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid ha ordenado practicar averiguación patrimonial integral tanto de Luceño como de la mercantil Takamaka Invest.

Igualmente, el magistrado ha ordenado librar un oficio a la Agencia Tributaria para que se informe al juzgado sobre los bienes muebles e inmuebles de Luceño o de la mercantil en el extranjero.

La defensa de Luceño trasladó al magistrado la "imposibilidad" de abonar la fianza impuesta, "sin perjuicio de los bienes y saldos en cuentas corrientes ya embargados".

En el auto en el que el juez impuso la fianza, se explicaba que hasta el momento sólo se ha podido embargar al investigado un inmueble valorado en 1.107.400 euros, diversos vehículos valorados en 946.136,66 euros y el saldo de cuentas corrientes por un importe de 129.140,70 euros.

Por tanto, alegaba que el importe de sus responsabilidades pecuniarias alcanzaba 6.206.644 euros, por lo que conforme al artículo 589 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal debía fijarse una fianza de 4.023.966,94 euros, tal y como solicita el fiscal anticorrupción.

El juez apuntó que dicha fianza era susceptible de ser ampliada si no se encuentran bienes de otro investigado, al ser una fianza solidaria por la totalidad de las responsabilidades civiles (6.206.966,94 euros).