El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha permitido finalmente, tras cambiar de criterio la Fiscalía Anticorrupción, que la Generalitat de Cataluña pueda actuar como acusación particular en la pieza del caso 3 % que investiga la posible financiación ilegal de la extinta CDC a través de la productora Triacom.
El titular del juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional ha estimado el recurso que presentaron los servicios jurídicos de la Generalitat contra el auto en el que hace un mes rechazó su personación como acusación particular. Entonces, tanto el juez como la Fiscalía Anticorrupción comprendieron que no había acreditado su condición de ofendida o perjudicada ni había aportado datos para apreciarla, "máxime" cuando "en la Generalitat hay miembros del partido político directamente heredero de los partidos políticos investigados en esta causa".
Sin embargo ahora, en línea con lo manifestado recientemente por Anticorrupción, el juez señala que en el escrito de personación no se acreditó lo que consideran un perjuicio para la Corporación catalana de Mitjans Audiovisual. Y que dada la adscripción de tal empresa pública a la Generalitat, a la legitimidad formal para acusar se añade la material, indica Pedraz en su auto, donde afirma que la Generalitat deberá ayudar a indagar si, en efecto, "Triacom vendía sus programas a TV2 muy por encima de los costes de producción".
Respeto a la inclusión en el Gobierno de la Generalitat "de miembros que heredan las actuaciones de los partidos políticos Pdecat y CDC", el instructor señala que "el compromiso de actuación unitaria, como órgano constitucional que es, de la Generalitat, debe ser atenido al ser preferente su constitución como parte a la desconfianza de sus intenciones".
El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, instó a los servicios jurídicos del Govern que se personasen como acusación particular en esta pieza de la causa y, tras el primer rechazo del juez, recurrió la decisión, que ahora ha sido revocada. En febrero del año pasado la Audiencia Nacional rechazó otra pretensión de la Generalitat de acusar en el marco de la pieza principal de esta causa, sobre la presunta financiación irregular de la extinta CDC. Entonces, la Sala de lo Penal argumentó el "obstáculo procesal insalvable" de haber ostentado "la doble condición de investigada y acusadora".