El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha propuesto juzgar por terrorismo y empleo de artefactos explosivos con finalidad terrorista al hombre de 74 años que fue detenido como presunto autor del envío de seis cartas que contenían explosivos caseros a, entre otros, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Así consta en un auto, en el que el magistrado recuerda que también fueron objeto de esas misivas explosivas la ministra de Defensa, Margarita Robles, las instalaciones de la empresa Instalaza en Zaragoza, las embajadas de Estados Unidos y Ucrania en Madrid y el centro de satélites de la Base Aérea de Torrejón de Ardoz.
En su resolución, el magistrado atribuye el delito de terrorismo a Pompeyo González Pascual porque si bien no hay indicios de que pertenezca ni colabore con banda o grupo terrorista organizado, las acciones que se le imputan, el contexto en que se produce (la guerra de Ucrania), la viabilidad de que los artefactos estallaran (como ocurrió en el caso de la Embajada de Ucrania) y los destinatarios de sus acciones, "evidencian que en el ánimo de dicho procesado está presente (...) el objetivo de alterar la paz pública".
Calama entiende que con esos envíos transmitió "el mensaje de que nos encontramos ante unas acciones efectuadas por personas vinculadas a Rusia como represión hacia los intereses de España y Estados Unidos como consecuencia de su apoyo a Ucrania ante la ocupación rusa, como obligar a los poderes públicos de nuestro país a abstenerse del apoyo mostrado a favor de Ucrania frente a la agresión rusa".
De hecho le califica como "antagonista" del apoyo prestado a Ucrania por los Gobiernos de España y Estados Unidos de América.
El magistrado detalla todos los indicios que sitúan al investigado, actualmente en libertad provisional, como autor del envío de los explosivos, entre ellos el registro en su casa, donde se hallaron varias varillas cilíndricas que pueden corresponder con el mismo tipo de cilindros que alojaban en su interior el pistón incendiario de los artefactos explosivos.
También fueron encontrados diferentes tornillos junto con muelles similares al "percutor" que se utilizó en los artefactos incendiarios, y taladros con brocas de precisión similares a las empleadas para su elaboración.
El ADN coincide
Otra de las pruebas señala que en los diferentes vestigios de ADN encontrados en los artefactos aparece un mismo perfil genético correspondiente a un hombre. Durante la investigación, se estableció un dispositivo de vigilancia sobre Pompeyo González, lo que permitió recoger una bolsa de residuos en un contendor cercano a su domicilio y que fue analizada en la Comisaría General de Policía Científica.
El resultado fue que el ADN coincidía "con el perfil genético recogido en los sellos y en las diferentes partes internas de los artefactos explosivos", señala el auto.
Además, los sobres de cartón dirigidos al Ministerio de Presidencia, a la Embajada estadounidense, y a Torrejón, que no explosionaron, se encontraron matasellados de forma parcial por el Centro de Tratamiento Automatizado (CTA) de Valladolid. Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad pusieron de manifiesto que los siguientes artefactos habían sido procesados allí.
Una vez efectuada la trazabilidad de estos sobres en sentido inverso hasta los camiones de reparto, las rutas seguidas han permitido constatar que los anteriores envíos podrían haber partido de diferentes buzones exteriores de Burgos.
Además, el análisis de los sellos estampados ha determinado que las dos únicas expendedurías donde se pudieron comprar eran dos estancos de dicha ciudad.
Otro de los indicios apunta que las características de los sobres utilizados para los envíos conducen a una página web que comercializa su venta online (www.sobres.es).
De la información solicitada a esta empresa aparece que Pompeyo González, con domicilio en Miranda de Ebro (Burgos), el 5 de noviembre compró 25 sobres de estas características.
La investigación también llevó a solicitar a Amazon información sobre las compras del sospechoso.
Adquisiciones que pusieron de manifiesto, dice Calama, que, entre junio y julio, adquirió un kilo de nitrato potásico puro, cable con mecha, interruptores y filamentos de cobre y bombillas incandescentes.
También que entre octubre y noviembre compró pegatinas adhesivas, bisagras, toda clase de tornillería, brocas de precisión, plantillas para dibujar los números y letras del abecedario.
El juez reseña que el análisis científico de estos productos permite constatar que las etiquetas autoadhesivas adquiridas son del mismo tipo que las que se colocaron en los sobres con el destinatario y su dirección, así como que las plantillas, con una alta probabilidad, fueron utilizadas para escribir los destinatarios y direcciones de envío, entre otras similitudes.
Delitos de terrorismo y fabricación de explosivos agravados
Para el juez Calama los hechos son constitutivos de un delito de terrorismo (con la circunstancia de que uno de los trabajadores de la Embajada de Ucrania resultó herido al explosionar el paquete) y otro de fabricación y empleo de aparatos explosivos, inflamables o incendiarios con finalidad terrorista.
Ambos delitos se atribuyen al procesado en su modalidad agravada al tener en cuenta que los envíos se dirigieron expresamente al presidente del Gobierno y a la ministra de Defensa.
En cuanto a la finalidad terrorista de estas acciones, la de trasladar el mensaje de amenaza a la población por el apoyo a Ucrania, el juez cree que viene determinada "de forma indiciaria" por el contenido de las páginas web consultadas por el procesado, como el portal de noticias ruso russiatoday.com; el autodenominado "periódico digital mundial sobre armas en español" www.armas.es; así como las páginas www.quimica.es y sputniknews.com.
En cuanto a la fabricación de artefactos con fines terroristas, destaca que además de la sustancias explosivas introdujo en los sobres postas de plomo a modo de metralla "para aumentar la potencialidad lesiva".
En libertad
El pasado 14 de abril, Calama dejó en libertad a este funcionario jubilado del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz tras casi tres meses en prisión preventiva desde su detención en enero en la operación Konvert ("sobre" en ucraniano). El juez consideró que en el punto en que se encontraba la investigación no existía ya riesgo de destrucción de pruebas.
Para garantizar su presencia en un futuro juicio, le impuso la obligación de comparecer cada semana en el juzgado más próximo a su domicilio, la prohibición de salida del país, la retirada del pasaporte, y la obligación de fijar un domicilio donde ser localizado.