El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha rechazado apartarse de la investigación sobre el 'caso Tsunami', que implica al expresidente catalán Carles Puigdemont, después de que un empresario investigado cuestionase su imparcialidad por sus comentarios críticos con una amnistía al independentismo.
Esta investigación sobre la plataforma a la que se atribuye la organización de los disturbios en respuesta a la sentencia del "procés" en el otoño de 2019 es una de las que puede entrar en la futura ley de amnistía, cuyo texto se ha conocido este mismo lunes.
El magistrado a cargo de la causa ha acordado inadmitir el incidente de recusación que presentó contra él el empresario Oriol Soler, a quien reprocha que intentase apartarle del procedimiento por unas manifestaciones que realizó sobre la amnistía hace más de un mes.
Sin entrar en el fondo del asunto, el juez rechaza apartarse porque, dice en su auto de este lunes, dichas manifestaciones críticas contra la amnistía fueron pronunciadas el 5 de octubre en el Foro Región de Ourense, y el empresario no presentó su escrito hasta el 7 de noviembre.
Concurre en su opinión un "supuesto evidente de inadmisión" ya que la ley dice que "la recusación deberá proponerse tan pronto como se tenga conocimiento de la causa en que se funde, pues, en otro caso, no se admitirá a trámite", según el auto, que coincide con el criterio de Dignidad y Justicia y Societad Civil Catalana.
En dicha conferencia, en referencia a la amnistía, el magistrado señaló que en "la Constitución tampoco está prohibida la esclavitud y sin embargo no es posible. Y no está prohibida expresamente".
También añadió sobre los líderes del "procés": "¿Estos señores han dicho si en cuanto puedan van a volver a repetirlo? Por lo tanto, ¿será esta amnistía la primera de muchas otras después?".
Unas palabras que, según la defensa de Oriol Soler, Benet Salellas, apuntaban a que el magistrado puede tener un "interés directo o indirecto en la causa" que investiga por un delito de terrorismo.
García Castellón dictó el auto en el que dirigía la investigación contra Puigdemont, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y una decena de imputados en plena negociación de la ley de amnistía y apenas unos días después de recibir un informe policial que ubicaba a Rovira en la coordinación de Tsunami Democràtic. La Fiscalía lo ha recurrido.