El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ve "innecesaria" la autorización de Francia para procesar al exjefe de ETA Miguel Gracia Arregui, Iñaki de Rentería, por el atentado contra el edil del PP en Ermua (Bizkaia) Miguel Ángel Blanco, después de que el investigado tampoco viese imprescindible solicitarla.
Iñaki de Rentería remitió un escrito al juzgado a finales de junio en el que consideraba que el principio de especialidad -por el que es necesario solicitar a Francia la entrega por unos hechos por los que en su día no fue autorizada- "no rige" en este procedimiento y no se necesitaba, por tanto, emitir una orden europea de detención y entrega contra él.
Argumentaba el exjefe de ETA en ese escrito que Francia lo entregó en 2008 y que desde que salió en libertad en 2011 al archivarse su causa ha vivido en España voluntariamente.
Y recordó que la normativa establece que el denominado principio de especialidad no se aplica si un investigado que, teniendo la oportunidad, ha decidido no salir del Estado al que ha sido entregado en un plazo de 45 días.
El juez que investiga a varios miembros de la cúpula de ETA por su presunta responsabilidad en el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, del que hoy se cumplen 26 años, cursó hace meses sendas órdenes europeas de detención contra Gracia Arregui y Soledad Iparaguirre, Anboto, para que Francia autorizase su procesamiento.
Es más, activó la semana pasada otro de los trámites necesarios para conseguirlo: acordar su prisión de carácter instrumental, aunque sin efectos prácticos para ninguno de los dos.
Medidas que en el caso de Gracia Arregui, que está en libertad con medidas cautelares, han decaído después de que presentase el escrito en el que consideraba que no era de apreciación el denominado principio de especialidad, según el auto conocido este miércoles.
El juez investiga si ambos, junto a José Javier Ruiz Arizkuren, Kantauri, y Mikel Albisu, Mikel Antza, en calidad de integrantes de la zuba o comité ejecutivo de ETA en 1997, año del atentado, ordenaron o pudieron haber evitado, en su calidad de dirigentes, el crimen del joven concejal tras cuarenta y ocho horas de secuestro.