El Juzgado de lo Penal número 3 de Donostia acoge desde el martes, a partir de las 9.30 horas, el juicio oral contra el expresidente de la Real Sociedad Iñaki Badiola por presuntas calumnias e injurias vertidas contra políticos, periodistas y magistrados del territorio, hechos por los que la Fiscalía de Gipuzkoa pide penas que suman un total de 66 años de cárcel.
Según informan fuentes judiciales, el juicio se desarrollará en la sala de vistas número 9 del juzgado donostiarra a lo largo de nueve sesiones, lo que da cuenta del elevado número de comparecencias previstas, entre las que figuran "personas de relevancia social, tanto autoridades como funcionarios públicos", así como empleados privados.
Según el escrito de la Fiscalía de Gipuzkoa el empresario donostiarra utilizó entre los años 2015 y 2018 dos perfiles de Twitter con el sobrenombre 'Gipuzkoa Confidencial' para arremeter contra cargos públicos como el diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano. Entre las personas presuntamente injuriadas también figura el diputado del PSOE en el Congreso y exalcalde de Donostia, Odón Elorza, quien a preguntas de este periódico confirma que está citado en calidad de testigo a petición de las partes.
La Diputación llevó a los tribunales a Badiola en 2018 para defender, según expresó entonces, a los funcionarios de la institución y a sus cargos públicos “ante informaciones falsas e insultos” que se habrían difundido a través de las redes sociales. Un desencuentro que ya comenzó a gestarse en 2008, en la época en la que el empresario presidía la Real Sociedad. El Ejecutivo foral llegó a expresar entonces a Badiola su "hartazgo" ante las "continuas acusaciones infundadas y nunca probadas" del empresario donostiarra, que había solicitado el cese del administrador nombrado en el concurso de acreedores del club donostiarra. Otra de las personas agraviadas es, de hecho, el magistrado que declaró el concurso de acreedores cuando la entidad deportiva atravesaba una compleja situación financiera.
Las dos cuentas y el caso 'Cabezudo'
Según el auto que cerró la fase de instrucción, existen “indicios suficientes” de que el investigado habría creado dos cuentas de Twitter en las que a partir del 27 de abril de 2017 “habría realizado publicaciones” con intención de “menoscabar” la imagen pública, personal, familiar y social de los afectados, a pesar de tener “pleno conocimiento de su falsedad”. Un informe de la Sección Central de Delitos en Tecnologías, con fecha de 11 de enero de 2018, detalla que las cuentas corresponden al acusado.
Las publicaciones en la red social -según el escrito de acusación del Ministerio Público difundido por la agencia efe- vinculan a algunas de las personas perjudicadas con el caso Kote Cabezudo, el fotógrafo donostiarra que ha sido condenado por la Audiencia de Gipuzkoa a un total de 28 años y dos meses de prisión como autor de un delito de violación, otro de abusos sexuales, seis de pornografía infantil y dos de estafa.
El escrito recoge que el inculpado habría actuado “con conocimiento de la falsedad de todo lo publicitado” y “con temerario desprecio a la verdad”. Publicaciones que, según el Ministerio fiscal, “realizó presuntantamente el acusado en forma de textos escritos, adjuntando en multitud de ocasiones una variedad de fotografías pertenecientes a la gran mayoría de los perjudicados", con lo que propició, "de forma premeditada" la "identificación" de todos ellos. Entre las personas presuntamente agraviadas figuran varios magistrados, una letrada de la administración de justicia, tres responsables de la Hacienda foral de Gipuzkoa, un notario, un medio de comunicación y varios periodistas.
El 11 de mayo de 2018, como medida cautelar, el juzgado acordó el cierre de ambas cuentas atribuídas a Badiola. Algunos de los textos atribuían a dos magistradas su participación “en una trama de corrupción judicial en Gipuzkoa", con la finalidad de producir "un deliberado descrédito personal y profesional en su condiciones de autoridad judicial”, según el escrito del Ministerio fiscal. El acusado presuntamente atribuyó a otra magistrada su "participación en una trama corrupta de jueces y de pornografía infantil”, con una serie de escritos dirigidos “con un contenido altamente atentatorio contra su honor”. Estos textos habrían provocado en varias de sus víctimas “la alteración de su vida diaria y un gran sufrimiento psicológico, además de cuadros clínicos de estrés, angustia, nerviosismo y preocupación”.
En total, el Ministerio Público les atribuye quince delitos de calumnias hechas con publicidad, otros quince delitos de injurias graves, y quince más contra la integridad moral, así como dos delitos de descubrimiento y revelación de secretos con difusión de imagen.
Además de las penas de prisión, la Fiscalía reclama que se impongan al encausado distintas multas por un importe de 1.350.000 euros, y que éste compense a sus víctimas con un total de 1.950.000 euros.