El próximo lunes, día 7, comienza en la Audiencia de Bizkaia el juicio contra la Diputación Foral de Bizkaia por firmar una orden foral por la que retiraban a Irune Costumero la custodia de su hija de 5 años al considerar que "la manipulaba contra su padre". Según denuncia la madre, aplicaron el llamado "síndrome de alienación parental", una falsa patología que no está reconocida por ninguna institución médica o psiquiátrica internacional, pero que se aplica en los procesos judiciales y tiene como consecuencia la retirada de custodia de las madres acusándolas de influir en que sus hijos no quieran ver a sus padres.
Cuatro responsables institucionales, entre los que se encuentra el actual diputado de Acción Social, Sergio Murillo –firmó la orden en ausencia del director y de la diputada–, se sientan en el banquillo de los acusados. Los imputados se enfrentan a una petición de 5 años y 6 meses de cárcel por delitos de "prevaricación", "maltrato" y "delitos de lesiones psíquicas" por haber separado a una hija de su madre. El Ministerio fiscal no ha presentado cargos contra los imputados y solicita la libre absolución de los cuatro cargos institucionales.
El tribunal deberá dictaminar si los responsables de la institución vizcaina cometieron prevaricación al separar a madre e hija y si son, además, responsables de su sufrimiento. "No hay sentencia que sirva para compensar los cuatro años que he perdido con mi hija. No hay dinero, ni años de cárcel que a mi hija le devuelva el tiempo perdido", asegura Costumero.
La madre denuncia que la Diputación le quitó a su hija de manera "violenta" e "ilegítima". "Espero que el juez ponga cordura a tanta sinrazón", añade. Costumero afirma que aunque le han aconsejado tirar la toalla tiene que seguir hasta el final no solo por su hija, sino por otros niños que sufren "esa tortura institucional".
PROTECCIÓN DE LA MENOR
La defensa de los cuatro representantes forales solicita la libre absolución de los imputados en base al desarrollo de los hechos y fijando como prioridad "el bienestar de la menor". Fue en febrero de 2017 cuando la Diputación inicia el proceso de valoración de la situación de la niña. El caso, según relatan fuentes de la institución vizcaina, es trasladado desde el juzgado de Barakaldo tras un largo proceso que se inicia en 2013 con la separación de la pareja: "Dada la gravedad del caso se considera necesaria con carácter urgente la intervención del Servicio de Infancia y Familia de la Diputación Foral de Bizkaia".
A partir de este momento la institución activa un protocolo que tiene como principal objetivo preservar a la menor. En agosto de 2017 es cuando se firma la orden foral por la que la Diputación –ante la situación de desprotección en la que se encuentra la menor– asume su guarda provisional y autoriza la estancia con el padre y régimen de visitas con la madre. La decisión no es rechazada por el juzgado y continúa su curso.
El 24 de agosto dos coordinadoras del Servicio de Infancia comprueban en visita el estado de la menor en la que constatan que "la niña está bien e integrada con la familia paterna". Desde el 4 de enero, la orden foral de asunción de guarda provisional quedó anulada ya que un juez de primera instancia n.6 otorgó al padre la custodia de la menor y estableció un régimen de comunicación y estancias con la madre.