El Juzgado de primera instancia número uno de A Coruña ha vuelto a abrir el proceso para la retirada por parte de la familia Franco de los bienes no disputados del Pazo de Meirás.
Un decreto con fecha del 26 de septiembre, al que ha tenido acceso Efe este martes, estima de forma parcial los recursos de la Abogacía del Estado, la Xunta, la Diputación y los ayuntamientos de Sada y A Coruña.
Da a las partes veinte días para que indiquen el tiempo que consideran necesario para que los Franco retiren los bienes que no son objeto de controversia, así como para que designen a las personas que participarán en el proceso.
El decreto indica que respecto al traslado de bienes de interés cultural (BIC) para llevarlo a efecto se requerirá la preceptiva autorización de la Xunta de Galicia.
Esto abre la vía reclamada ya por todas las administraciones -excepto la Xunta, que es la que tiene competencias- de declarar el conjunto de elementos como bienes de interés cultural, pues si bien no variaría su propiedad, limitaría su traslado.
En la actualidad son BIC las estatuas del Mestre Mateo, la biblioteca de Emilia Pardo Bazán -desde el pasado mes de enero ya con el conjunto en manos del Estado- y el propio Pazo, si bien las administraciones piden que esta declaración se amplíe a todos los elementos del conjunto.
Decreto
La ejecución de este decreto también servirá para poner fin a la actual situación de depósito judicial de numerosos bienes, cuya custodia corresponde al Estado, y para ella se utilizará el inventario realizado en 2020, antes de la ejecución de la sentencia original, si bien la Abogacía pedía realizar otro.
Un fallo judicial previo ya consideró que cerca de medio centenar de bienes estaban unidos al inmueble, cuya titularidad ahora es del Estado, por lo que también es propietario de los bienes y, por tanto, no entran en esta posible retirada.
Tampoco entrarían en esta cuestión los 564 bienes que reclamó judicialmente la Abogacía General del Estado la semana pasada, pues existen medidas cautelares respecto a ellos.
Esa demanda, presentada en los juzgados de Madrid debido a que la familia Franco reside allí, reclama la propiedad de 564 bienes que no estaban incluidos en la reclamación original.
Están agrupados en tres categorías: bienes de patrimonio nacional, bienes del patrimonio documental español y bienes que son del dominio público por su afectación al uso del Pazo de Meirás como residencia oficial del jefe del Estado y, además, forman parte del patrimonio histórico español por su interés histórico y artístico vinculado a la figura de Pardo Bazán.