El lehendakari echa el resto para activar la macrorregión durante el mandato polaco

Aunque el Gobierno español lo negó, a la vista de los resultados es difícil rebatir que el adelanto de las elecciones generales a julio de 2023 afectó al desarrollo de la presidencia de turno de Pedro Sánchez en el Consejo de la Unión Europea. Las elecciones las convocó precisamente el mes en que iba a asumir la presidencia europea, lo que condujo, de entrada, a que Sánchez tuviera que cancelar algunos compromisos por sus obligaciones de campaña. Después llegarían las negociaciones de la investidura. Visto en retrospectiva, es un hecho que no se cumplieron las expectativas que se habían generado sobre el impulso de la macrorregión atlántica, una reivindicación clave del PNV pero que también comparten presidentes autonómicos del PP y del PSOE. Simplemente se llevó el asunto al Consejo de Asuntos Generales de Bruselas en diciembre de 2023 para su inclusión en el orden del día. Pero no se elevó un mandato a la Comisión Europea para iniciar oficialmente los trámites y crear ya esa plataforma, que agruparía a territorios de cinco estados y contaría con la participación de la CAV, Nafarroa y Nueva Aquitania. El entonces lehendakari Urkullu tenía previsto celebrar una cumbre en noviembre con secretarios de Estado, que finalmente no pudo tener lugar.

Pero la organización de ese cónclave de secretarios de Estado se está repescando ahora, con otra batería de actuaciones diplomáticas. Se cree que el mandato de Polonia, que ha comenzado el 1 de enero de 2025 y no cederá el testigo hasta julio, abre una segunda oportunidad tras un año sin avances con Bégica y Hungría. Así lo ve el lehendakari Imanol Pradales, quien ha dejado caer tras sus contactos en Bruselas que no habrá una actitud obstaculizadora en la Polonia de Donald Tusk, aunque este territorio es del centro europeo y no del oeste atlántico. En parte se dice también por contraste con la ausencia de movimientos de Bélgica y Hungría durante un año.

En paralelo, la comunidad autónoma vasca sigue ocupando la presidencia de turno de la comisión del arco atlántico y, además, cuanto antes se cree la macrorregión, antes se podrá influir en los marcos plurianuales que diseña la Unión Europea con inversiones ferroviarias y energéticas. El siguiente marco plurianual, que siempre se debate a largo plazo, arrancará a partir de 2027, y está por ver si se tiene para entonces una macrorregión, puesto que los procesos de creación de estas entidades suelen extenderse dos años. El propio Pradales ha confirmado en público que espera que el proceso acabe en dos años. El Gobierno español se ha comprometido, por su parte, a redactar el memorando necesario para que la presidencia polaca eleve un mandato a la Comisión Europea, el paso clave del proceso. Por tanto, parece que buena parte de las piezas se están alineando para que esta vez sí sea posible rematar la cuestión.

¿Qué es?

La creación de la macrorregión es, sobre todo, un anhelo vasco. El lehendakari Urkullu removió cielo y tierra con las cámaras de comercio, con presidentes autonómicos del PP y del PSOE, y con autoridades internacionales. El lehendakari Pradales ha situado también este asunto entre sus prioridades. Pero, ¿qué supone? La macrorregión permite sumar fuerzas, que varios territorios amplifiquen su voz a través de una plataforma superior y puedan actuar como una antena para captar inversiones europeas. La comunidad autónoma vasca y los territorios del oeste se juegan su influencia y las inversiones en un momento en que el protagonismo en la Unión Europea gira hacia el este, hacia Ucrania y las nuevas incorporaciones al club comunitario. Además, han perdido a un aliado de peso, Reino Unido, tras el Brexit. Incluso dentro del Estado español, también existe un riesgo de desplazamiento del foco hacia el eje mediterráneo.

La macrorregión la formarían los territorios que ya llevan décadas trabajando de manera conjunta en la comisión del arco atlántico, creada en 1989. Su área de influencia abarca a 60 millones de personas, el 12% de la población europea. Formarían parte de la macrorregión territorios de cinco estados, alguno de ellos pese al Brexit. Se habla de la Asamblea Regional Norte y Oeste de Irlanda, Gales, Normandía, Bretaña, País del Loira, Nueva Aquitania, Cantabria, Asturias, Galicia, Norte de Portugal, Lisboa y Valle del Tajo, Alentejo y Andalucía, además de la CAV y Nafarroa. Son territorios de los estados español y francés, Reino Unido, Irlanda y Portugal.

Los pasos

En noviembre, Pradales cerró su viaje a Bruselas con un compromiso bajo el brazo. La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, le garantizó su apoyo para organizar un acto en febrero o marzo en Bruselas, con el objetivo de iniciar el procedimiento. Unos días después, obtenía un compromiso similar en su reunión con el presidente español, Pedro Sánchez. Por un lado, el lehendakari anunció una conferencia para este año en Bilbao, en la que van a participar los secretarios para la Unión Europea de los estados español y francés y Portugal; y en abril presentará una hoja de ruta a la asamblea general del arco atlántico.

Por otro, Sánchez se comprometió a forjar una posición unitaria con los ministerios de exteriores del Estado francés, Irlanda y Portugal, y presentará un memorándum en el Consejo de Asuntos Generales para que el Consejo Europeo emita un mandato bajo la presidencia polaca.

Discreción y batalla a contracorriente con las lenguas cooficiales

La presidencia de turno de Polonia, en principio, va a centrar sus prioridades en el asunto de la seguridad y la guerra en Ucrania por su condición fronteriza. Sin embargo, hay quien ha querido ver un rayo de esperanza en las palabras de sus portavoces sobre las lenguas cooficiales, porque responderán a lo que pidan los estados miembros, sin mostrar ningún inconveniente. Claro está que, por otro lado, puede interpretarse como una actitud pasiva en este sentido y, teniendo en cuenta que algunos estados recelan (Suecia y Finlandia, alegando sus costes económicos por el antecedente del gaélico), podría complicarse este objetivo.

El uso del euskera, el catalán y el gallego en el Parlamento Europeo fue una demanda que lideró el Gobierno español durante su presidencia de turno en el segundo semestre de 2023 porque era una exigencia de sus socios en el Congreso de los Diputados, pero las presidencias de Bélgica y Hungría han sido un erial en ese sentido y ese punto ha salido del orden del día del Consejo de Asuntos Generales. El lehendakari Pradales se ha reunido con la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, y fue significativo que recibiera mensajes encaminados a preservar la discreción y dar cierto margen al grupo parlamentario que va a trabajar al respecto.

Ahora que ha pasado un año sin ninguna novedad, el Gobierno español confía en que haya avances con la presidencia polaca. En un primer momento, la embajadora de Varsovia en la UE, Agnieszka Bartol, había dicho que la oficialidad de estos idiomas se podría volver a discutir en el Consejo de la Unión Europea si hubiera “voluntad” en los 27 estados, y aseguró que el Gobierno de Sánchez aún no le había trasladado ninguna petición en ese sentido. Poco después trascendió una carta del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, a Radoslaw Sikorski, para aclarar que ese asunto es prioritario.

Pradales dejó Bruselas con la sensación de que hay que dar “tiempo” y tener “paciencia” con el grupo parlamentario que va a estudiar el uso de esta lengua, y recibió mensajes que apelaban a la discreción.