El lehendakari exprimirá los pactos de país antes de la precampaña de abril

El Gobierno vasco va a intensificar el ritmo de los pactos de país en el primer trimestre de 2023. Se propone sentar las bases para alcanzar acuerdos en materia sanitaria, educativa, de emancipación juvenil y, si los trámites pendientes lo permiten, también dará un empujón al debate sobre la transición energética. En estos tres primeros meses, hasta marzo, el Ejecutivo de Iñigo Urkullu va a mostrarse hiperactivo y quiere adelantar todo el trabajo posible antes de que estalle la precampaña de las elecciones municipales y forales y se disuelvan las Juntas Generales en torno al 4 de abril, lo que abrirá un periodo de confrontación y poca actividad también en el Parlamento Vasco.

En este primer trimestre, se van a clarificar las posiciones. Por un lado, el Ejecutivo va a aprobar en Consejo de Gobierno la Ley de Educación, y una nueva versión del plan de emancipación juvenil enriquecida con aportaciones. El 10 de febrero, si no median nuevas prórrogas en el plazo de enmiendas, expirará el límite para que los grupos registren sus propuestas en el Parlamento Vasco sobre la Ley de Salud. La consejería de Gotzone Sagardui asegura a este periódico que EH Bildu ha trasladado ya varias propuestas, que está por ver si pueden allanar el entendimiento.

En cuanto a la Ley de Transición Energética y Cambio Climático, lo deseable para la consejería de Arantxa Tapia sería poder presentar el proyecto también este primer trimestre, aunque le quedan algunos informes jurídicos que no están en su mano, de manera que prefiere presentar como referencia el primer semestre del año. Ya ha trasladado su voluntad de trabajar conjuntamente con los partidos, y con EH Bildu como líder de la oposición.

"Empieza una campaña complicada"

Desde el entorno del lehendakari reconocen a este periódico que el año que acaba de comenzar puede parecer poco propicio para alcanzar acuerdos porque está jalonado de citas electorales, empezando por las municipales y forales de mayo, y siguiendo con las generales previstas para finales de año o principios de 2024. A partir de abril, cuando se convoquen las municipales, los partidos estarán centrados en unos comicios estratégicos porque se dirime la representación más cercana a los ciudadanos, y además el Parlamento Vasco también estará a medio gas. Calculan que en torno al 4 de abril se disolverán las Juntas Generales y se convocarán las elecciones municipales y forales, lo que a su vez derivará poco después en la suspensión de los plenos del Parlamento Vasco. 

“Empieza una campaña complicada, no solo por lo que suceda aquí, sino también por lo que se ve en Madrid”, dicen, en alusión a las elecciones en todos los municipios del Estado, en parte de las comunidades autónomas, y a la crispación política entre los bloques de la izquierda y la derecha. Por ello, creen que será durante el primer trimestre cuando haya margen para alcanzar acuerdos. Después, entre abril y junio, la contienda electoral y la negociación para constituir los ayuntamientos y nombrar a las personas al frente de las instituciones eclipsará cualquier otro debate.

Cuando pase ese trance, creen que se abrirá una segunda ventana de oportunidad para negociar, entre julio y septiembre, hasta que se convoquen las generales. En ese caso, pueden influir y restar margen los periodos inhábiles del verano. Sin embargo, el Gobierno vasco asegura que aprovechará cualquier ventana de oportunidad para sumar apoyos que vayan más allá de la mayoría absoluta de PNV y PSE en leyes con voluntad de perdurar más allá de una generación de vascos. En 2024 llegarán las autonómicas y será mucho más difícil.

Transición energética, incluyendo los parques eólicos

En esa segunda ventana podría entrar la Ley de Transición Energética y Cambio Climático. La consejería de Tapia está cerrando esta ley, que se encuentra en sus últimos trámites y a la espera de algunos informes jurídicos. El escenario ideal para su equipo sería aprobar la ley en Consejo de Gobierno el primer trimestre y remitirla al Parlamento, pero por prudencia señalan como plazo el primer semestre. Se han producido unas primeras conversaciones muy incipientes, teniendo en cuenta que todavía no se ha aprobado el proyecto en Consejo. La consejería ha trasladado su voluntad de contar con EH Bildu porque enfoca esta ley como un pacto de país, y la coalición abertzale también ha dado señales de buscar cierta centralidad este debate, como lo demostró su histórico cambio de criterio para abrirse a la instalación de parques eólicos tras años de boicot. No obstante, a nadie se le ocultan las resistencias que se mantienen a la hora de decidir la ubicación concreta de las infraestructuras. 

En cualquier caso, algunos acuerdos en el Parlamento Vasco sobre proposiciones de ley de EH Bildu parecen sugerir cierto margen para el entendimiento: por ejemplo, PNV y PSE se abrieron a tramitar un cambio en la Ley de Suelo y Urbanismo 2/2006 para instalar paneles fotovoltaicos en los hogares sin necesidad de licencia municipal. La consejería, por su parte, se fija el reto de descarbonizar la economía, facilitar las energías renovables incluyendo los parques eólicos, e impulsar infraestructuras para revalorizar los residuos industriales.

La salud y la crispación política

En materia sanitaria, el plazo para registrar enmiendas a la Ley de Salud Pública culminará en principio el 10 de febrero tras la solicitud de dos prórrogas, primero, por parte de EH Bildu, y después, desde PP+C’s. Este debate se produce en un momento de crispación política por la efervescencia en la OSI Donostialdea. Aunque el Gobierno vasco intenta reconducir el tono del debate con los médicos hacia un ámbito más discreto y alejado de los focos, el pulso a nivel político sigue, y EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU pidieron habilitar enero para que comparecieran las responsables cesadas, petición que no fue aceptada por PNV y PSE. En ese contexto, la principal incógnita que sobrevuela este debate es si podrá establecerse algún cauce de diálogo con EH Bildu o si este terreno será un banderín de enganche para la coalición abertzale con intención de presentarse como alternativa y cuestionar la gestión del PNV. Por ahora, fuentes de la consejería sí adelantan que EH Bildu “está realizando propuestas que se están analizando”. 

En público, los grupos han tildado de genérico este proyecto y creen que se limita a reordenar servicios. En paralelo a este debate, sobrevuela el refuerzo de las plantillas en Osakidetza, que acaba de prometer Urkullu en su discurso de fin de año.

Diálogo de Jonan Fernández

En cuanto al plan de emancipación juvenil, reto que Urkullu ha decidido incardinar en Lehendakaritza, el secretario general de la Agenda 2030, Jonan Fernández, va a empezar a negociar con los grupos, tal y como aseguran desde el entorno del lehendakari. La estrategia se encuentra en fase de aportaciones hasta el 7 de febrero y se presentará en marzo a más tardar. La expectación está centrada en conocer los detalles de la ayuda económica a los jóvenes entre 25 y 29 años para que puedan abandonar el nido e iniciar una vida independiente. Esta ayuda se pondrá en marcha en 2024 y será compatible con las ayudas al alquiler de Gaztelagun. En este debate, EH Bildu ha marcado perfil y ha mantenido una posición muy crítica desde que comenzó la legislatura.

Ley de Educación

Por su parte, la Ley de Educación se presentará en el primer trimestre tras haber recogido las aportaciones de los agentes implicados. Esta es una tarea de alta precisión, de bisturí y de cirugía fina, donde el consejero Jokin Bildarratz se ha comprometido a respetar las bases pactadas entre PNV, EH Bildu, PSE y Elkarrekin Podemos-IU. Este último grupo lleva semanas amagando con no apoyar la futura ley y ha agitado el discurso de los privilegios para la concertada, mientras que el consenso con EH Bildu se mantiene sólido y en un clima de confianza en torno a la premisa de que la escuela concertada asumirá un catálogo de condiciones a cambio de recibir dinero público, como la no segregación o la laicidad.

El lehendakari insistió en su mensaje de fin de año en subrayar como retos la creación de empleo, el compromiso frente al cambio climático, la innovación, el reto demográfico y la emancipación de la juventud, y la mejora de la atención sanitaria y el refuerzo de la plantilla de profesionales de Osakidetza. Tres de estos retos conectan con los acuerdos de país que puso sobre la mesa en el pleno de política general de septiembre: la atención sanitaria, la Ley de Educación, emancipación, transición energética y Presupuestos de 2023 y 2024.