La Ley de Memoria vasca avanza pese al veto de PP y Vox pero sin cerrar la puerta a los 'populares'

Se perfila un consenso amplísimo para aprobar la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Euskadi, que pretende restaurar la dignidad a las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo desde 1936 hasta 1978. El Parlamento Vasco ha tumbado este jueves las enmiendas a la totalidad presentadas por PP+C's y Vox, y lo ha hecho con los votos en bloque de PNV, PSE, EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU. Es un primer paso que supone que la ley siga adelante, pero además hay dos elementos que invitan a pensar incluso en un consenso más amplio. El lehendakari tendió la mano para "enriquecer el proyecto" en la fase de enmiendas parciales y hacerlo además entre "diferentes", lo que lleva a una segunda constatación: se mantiene abierto un resquicio al acuerdo con el PP, que además desactivaría las lecturas sobre el supuesto carácter revanchista de la ley. Antes del verano, se iniciará un diálogo con los grupos de la oposición.

El popular Carmelo Barrio no disimuló su enfado a medida que escuchaba en el pleno del Parlamento Vasco cómo consideraban al PP un partido heredero del franquismo, y cómo se le reprochaba que no rompiera con Vox. Cuando el debate estaba a punto de tocar a su fin, se produjo un llamamiento significativo: el jeltzale Iñigo Iturrate le dijo que aún estaba a tiempo de retirar su enmienda a la totalidad, y le tendió la mano para que se despegara de la ultraderecha. Pero no lo hizo. De momento.

No se renuncia a que la ley quede aprobada este año con un solo voto en contra, el de Vox, y con la abstención del PP. No sería descabellado, siempre y cuando Barrio trasladara al Parlamento Vasco la actitud constructiva que suele tener en un ámbito más discreto y alejado de los focos, el Instituto Gogora, donde suele votar a favor o abstenerse ante las propuestas.

De hecho, en el discurso de ambos partidos de la derecha hubo muchas semejanzas pero también diferencias: Barrio sí condenó de manera "enérgica" la dictadura y matizó que, al margen de su enmienda a la totalidad, tiene una batería de parciales con las que quiere participar en la negociación, pero no llevó el desmarque de Vox hasta el final y coincidió con Amaia Martínez en que la violencia de ETA debería aparecer en esta ley, lo que todos interpretaron como un pretexto y una muestra de incomodidad con el proyecto.

LA LEY DE VÍCTIMAS DE ETA... EN VIGOR 14 AÑOS

La Ley de Memoria se ha concebido desde el primer momento para reparar la dignidad de las víctimas del franquismo, y ya hay leyes dedicadas expresamente a los afectados por el terrorismo. Desde PP y Vox se presentó la no inclusión de ETA como si fuera un olvido, pero está contemplada en una amplia legislación (la ley vasca 4/2008 acumula 14 años de trayectoria y existe otra en el Estado) y, por el contrario, Euskadi carece aún de una Ley de Memoria referida al golpe de Estado.

El PP incurre, además, en una contradicción. Pide ahora incorporar más violencias en una misma ley, cuando se ha opuesto durante años a participar en el Día de la Memoria del 10 de noviembre con el argumento de que mezcla acontecimientos porque suma los abusos policiales y fue diseñado para recordar solo a los afectados por el terrorismo. Siempre se ha opuesto a alimentar la teoría del conflicto. De ahí que la posición del PP y Vox fuera interpretada como una falta de voluntad hacia la Ley de Memoria. El PP se aferró a un leve solapamiento temporal entre esta ley que abarca de 1936 a 1978 y la acción de ETA, donde citó 56 atentados en víspera de las primeras elecciones democráticas.

EL PP Y LOS "CRÍMENES REPUBLICANOS"

Barrio añadió que esta ley, a su juicio, también olvida a las víctimas de la "represión republicana", como el asalto a la cárcel de Larrinaga. El PNV rebatió este argumento: Iñigo Iturrate dijo que es falso porque la ley se refiere a "todas" las víctimas de la guerra y de ejecuciones extrajudiciales, y aclaró que, si la ley alude de manera expresa a las víctimas que defendieron la legalidad republicana, es porque sufrieron el olvido y el ostracismo, mientras que los casos que mencionaba Barrio tuvieron monumentos e incluso conservan una cripta en el cementerio de Vistalegre.

En tiempos más recientes, además, el lehendakari Urkullu admitió en 2017 la "injusticia" que supuso el asesinato de 224 presos en Larrinaga, Carmelo, Ángeles Custodios y Casa Galera, en 1937, en represalia por un bombardeo, un asalto a las prisiones donde además el Ejecutivo vasco de Aguirre tuvo dificultades para actuar con rapidez aunque ya entonces lo denunció. Además, por ejemplo, el asalto a Larrinaga está recogido en los Senderos de la Memoria, la lista de espacios vinculados a la memoria de la Guerra Civil elaborado por la UPV/EHU y gestionado por Gogora.

La enmienda a la totalidad de PP+C's mencionaba a ETA y también "los graves crímenes de guerra bajo las órdenes de las autoridades republicanas y autonómicas", además de "la dejación e incompetencia de gobiernos y cargos públicos para impedir las referidas actividades criminales". "El Gobierno vasco gestionaba y custodiaba las prisiones vascas donde se cometieron los asesinatos referidos", añadía. El tercer impedimento que citaba la enmienda es que el Congreso de los Diputados está tramitando otra ley y, a su juicio, sería preferible esperar a ver qué da de sí. Barrio trató de matizar que negociará con sus 51 enmiendas parciales y que no pretende mostrar su oposición a que se trabaje en la memoria ni poner "trabas a la denuncia de los crímenes de guerra".

LLAMAMIENTO DEL LEHENDAKARI

El lehendakari, Iñigo Urkullu, fue quien tomó la palabra en la sesión para defender el proyecto en sustitución de la consejera Beatriz Artolazabal, aislada por covid. Puso en valor la "oportunidad histórica" que supone esta ley, y apostó por "reparar la dignidad" de las víctimas y colaborar con los tribunales para promover el derecho a la justicia. Desgranó algunos de sus contenidos, como que las víctimas podrán obtener un documento de reconocimiento del Gobierno vasco y, en cuanto a las indemnizaciones, exigidas en los albores de este debate por EH Bildu y Elkarrekin Podmeos-IU, recordó que Gogora va a constituir una comisión técnica que realizará un estudio en un año.

Avisó de que su gobierno defiende la libertad de expresión, pero con el límite de la humillación a las víctimas (se prevé un catálogo de sanciones por enaltecer el franquismo o dañar fosas). También previno contra las tentaciones "adanistas" de quienes pueden pensar que todo comienza con ellos, y recordó que, aun sin una ley, Euskadi ha sido pionera en las exhumaciones en colaboración con la Sociedad de Ciencias Aranzadi y los familiares de las víctimas.

VOX, ETA Y LOS MAQUIS

La enmienda de Vox alude a ETA y a los maquis, e incluso pone en duda el exilio de los represaliados. "En el proyecto se alude a personas que huyeron de España como consecuencia de la persecución franquista sin tener constancia incuestionable de la motivación real por la que abandonaron el país", dice, con el argumento de que también se cuestiona el exilio de algunas personas por ETA. Duda igualmente de la retirada de simbología franquista, y Amaia Martínez preguntó si habría que cerrar los campos de concentración del nazismo y cambiarlos por unos paneles. Cerró la puerta a cualquier colaboración en una ley "revanchista, para manipular conciencias". Pidió que se encarguen los historiadores.

EH BILDU AL PP: EL PATO Y LOS FRANQUISTAS

Las enmiendas a la totalidad de PP+C's y Vox estaban condenadas al fracaso desde el primer momento, no solo por la mayoría absoluta de los partidos que forman el Gobierno vasco (PNV y PSE), sino también por el rechazo de EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU. Desde Elkarrekin Podemos-IU, Jon Hernández repasó algunas declaraciones de exrepresentantes del PP que muestran desprecio hacia la memoria histórica, como las de Casado o Mayor Oreja, y avisó de que paralizar esta ley sería "dar gusto a quienes quieren legitimar" el golpe de Estado.

Matizó que el proyecto tiene "muchas carencias", pero recogió el guante de Urkullu y le pidió que sea "receptivo". Elkarrekin Podemos es un firme candidato al acuerdo porque su partido en el Estado está tramitando otra ley de memoria en paralelo y, por una cuestión de coherencia, se le complica subir más en listón en Euskadi exigiendo por ejemplo que en el caso vasco sí haya indemnizaciones.

Desde EH Bildu, Julen Arzuaga calificó al PP y a Vox como los herederos del franquismo y consideró que estaba oyendo en el Parlamento los ecos del general Mola. Aseguró que las palabras de estos partidos son obscenas. "Es obsceno presentar enmiendas a la totalidad para negarse a reconocer a los miles de fusilados, torturados... Es inaceptable enarbolar excusas, repetir mentiras. Hoy insultan a las víctimas del terrorismo franquista. Por fin se han quitado las caretas. Hoy vienen sin disfraz, como los herederos políticos del franquismo", lanzó.

PNV Y PSE

Los dos partidos socios de Gobierno, PNV y PSE, realizaron una argumentación similar, aunque los socialistas quisieron poner en valor la trayectoria de su partido. Eneko Andueza pidió no "confundir a la gente" porque ETA ya se incluye en otras leyes: "Si mezclamos las cosas, acabamos difuminando todo". Recordó que en este debate se trataba de hablar de los "enterrados en el olvido o peor, enterrados en las cunetas". "Ningún partido que se diga democrático puede oponerse", dijo.

Desde el PNV, Iñigo Iturrate destacó que es una ley imprescindible y se quejó de que el PP "siempre ha utilizado el comodín de ETA, ahora como excusa". Y le recordó que todas las personas que padecieron persecución y violencia durante la dictatura, o ejecuciones extrajudiciales, son objeto de esta ley.