Aunque el lehendakari ha centrado este martes el arranque del curso político en la recuperación sanitaria y económica, la gestión de las cárceles ha estado muy presente por dos razones. Por un lado, Iñigo Urkullu recordó que el 1 de octubre su gobierno asumirá la gestión de las prisiones de Basauri, Martutene y Zaballa tras haber acordado la transferencia con el Estado. Además, el primer Consejo de Gobierno tras el verano ha aprobado el anteproyecto de ley de Aukerak, la agencia vasca de reinserción social que se encargará de facilitar la inclusión laboral de los presos con talleres productivos, explotaciones agrícolas o con la formación profesional.
Es una muestra del modelo progresista que se quiere impulsar desde Euskadi, con el foco en la transformación de los presos para que puedan reincorporarse a la sociedad. Aukerak entraría en funcionamiento más tarde, el 1 de enero de 2022. Hasta entonces se abrirá un periodo transitorio donde la entidad estatal de Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo mantendrá la gestión para dar continuidad a los talleres y que no surja un vacío hasta poner en marcha la dinámica vasca. El personal del Estado transferido pasará a Aukerak.
Por otro lado, y en conexión con este debate, el lehendakari se posicionó nuevamente sobre la polémica de los ongietorris a los presos en plena calle a preguntas de los periodistas. Se tuvo que mover en el terreno de las recomendaciones porque, como él mismo admitió, al igual que sucede con las restricciones sanitarias contra el coronavirus en materia de concentraciones y reuniones, la última palabra es de los jueces y la jurisprudencia mira exclusivamente al derecho de expresión. No obstante, lanzó una apelación ética: "Cuentan con amparo legal de la Audiencia Nacional, pero como Gobierno me atrevo a decir que no se deberían convocar, y menos grabar, y menos difundir".
CONSENSO PARLAMENTARIO
Argumentó que son actitudes condenables que no respetan el consenso forjado en el Parlamento en 2019 (PNV, PSE, Elkarrekin Podemos y PP rechazaron estas exhibiciones públicas con el voto en contra de Bildu). El Gobierno vasco ha pedido en anteriores intervenciones que estos recibimientos no se celebren cuando se instale el modelo vasco de gestión de las cárceles, porque cree que esas demostraciones no tendrían sentido si es que alguna vez lo tuvieron.
EH Bildu se ha abierto a hablar del sentimiento de agravio que causan los recibimientos (la polémica ha resucitado por el pasacalles a Agustín Almaraz en Bilbao), pero añade que habría que abordar todas las humillaciones. Sortu, por su parte, asegura que estas críticas provienen de enemigos de la paz.
INDUSTRIA Y EXPLOTACIONES AGRARIAS PARA LOS PRESOS
Sobre el anteproyecto Aukerak, Urkullu aseguró que se envía al Parlamento con intención de que las personas en la cárcel "tengan una oportunidad laboral". El anteproyecto, a cuyo contenido ha tenido acceso DEIA, se apoya en que el artículo 25.2 de la Constitución española orienta las penas a la reeducación y la reinserción social, y reconoce a los presos el derecho a un trabajo remunerado. Cita también las reglas de Naciones Unidas y recomendaciones del Consejo de Europa. Esta agencia se inspira en la experiencia catalana, e incluso trata de ir más allá con experiencias laborales desde la cárcel. Su puesta en marcha requiere la implicación de otras áreas como las de Función Pública y Hacienda. Tendrá sede en Gasteiz.
La ley se compone de un artículo único y tiene la aprobación garantizada con la mayoría absoluta de PNV y PSE. La agencia se va a configurar como un ente público de derecho privado (en todo lo que supongan potestades públicas se regirá por el derecho público) y adscrito a la consejería de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales de Beatriz Artolazabal. Se regirá por sus estatutos, que serán aprobados por decreto del Gobierno vasco.
Aukerak tendría como finalidad "facilitar la inclusión sociolaboral" de los presos, con la función de "organizar el trabajo productivo en los centros penitenciarios y su retribución, gestionando talleres productivos, explotaciones agrícolas, así como servicios auxiliares"; realizar actividades industriales, comerciales o análogas, promover la formación profesional, y dar orientación para el empleo en la última fase de la condena o en semilibertad. La presidirá Artolazabal, con un Consejo de Administración con entre cuatro y ocho vocalías nombradas por el Consejo de Gobierno, y una dirección.
ALTERCADOS Y RESPETO A LA AUTORIDAD
Por otro lado, después de que Otegi atribuyera los altercados nocturnos al modelo neoliberal de ocio, Urkullu dijo que "no debemos restar importancia a ningún conato de violencia", y le preocupa que expresiones como la de Otegi "intenten ocultar o justificar solapadamente actitudes violentas". Dijo que es un fenómeno global que afecta a otros lugares, y que es una cuestión no de ideología, sino de valores que inciden en el "respeto a la autoridad empezando por la propia educación". Defendió a la Ertzaintza y se negó a "estigmatizar a la juventud, porque un 75% rechaza" estos actos.