El lehendakari ha salido este viernes de la conferencia de presidentes autonómicos de Santander con la sensación de que las formas han sido correctas, pero en el fondo no se ha avanzado lo suficiente ni se ha conseguido un acuerdo sobre cuestiones como la acogida de los niños y niñas migrantes que llegan sin la compañía de ningún adulto. Llegó a decir que hubo poco más que una foto de familia. Pero Pradales quiso reivindicar que la comunidad autónoma vasca sí puso propuestas sobre la mesa y que se puede abrir a futuro un resquicio para dar pasos si hay voluntad política. Todo ello, por encima de la polarización que volvió a denunciar que prevalece en el Estado.
Pradales acudió a la conferencia organizada por el presidente español, Pedro Sánchez, con 22 propuestas concretas para aportar ideas en los cuatro puntos del orden del día: vivienda, política migratoria, escasez de personal sanitario y financiación. El lehendakari concedió mucho protagonismo al punto sanitario. El Gobierno vasco suele repetir que el principal problema de Osakidetza no es de dinero ni de gestión, sino de la falta de médicos que sufre buena parte de Europa, sobre todo en los ambulatorios. Pradales se fijó como prioridad desde su etapa como candidato mejorar la atención sanitaria y, en ese sentido, ha venido apostando por estudiar incentivos para atraer profesionales, movilizar personal extracomunitario... pero las competencias de la comunidad autónoma llegan hasta donde llegan. En ese sentido, Pradales aprovechó la conferencia para proponer un paquete de medidas ante Sánchez. Por ejemplo, pidió que los médicos puedan ejercer la profesión de manera voluntaria hasta los 72 años en atención primaria, frente a los 70 actuales.
Pradales había detectado ya un agujero de unos 200 profesionales en pediatría y medicina de familia, una situación que se va a agravar con las jubilaciones que se avecinan, porque los médicos residentes que se van a incorporar al sistema no van a bastar para cubrir las plazas. La demanda del lehendakari la habían planteado de antemano otras comunidades y agentes en los últimos tiempos porque también serviría para retener la experiencia de los médicos que llevan décadas ejerciendo, aunque el Ministerio de Sanidad, de Sumar, se resiste con el argumento de que no hay que exprimir a los profesionales. No obstante, el lehendakari no plantea obligar a trabajar hasta los 72 años, sino que sea voluntario.
La posibilidad de alargar la vida laboral se regula en el artículo 26.2 de la ley estatal del Estatuto Marco del personal sanitario, que en la actualidad pone el límite en los 70 años, “siempre que quede acreditado que reúne la capacidad funcional necesaria para ejercer la profesión” y lo autorice el servicio de salud correspondiente en función de las necesidades de la organización. Para algunos trabajadores del sector podría ser una idea seductora y les podría compensar si los incentivos económicos que se pusieran en marcha superasen la pensión que van a recibir.
El lehendakari plantea también medidas para que haya savia nueva, para agilizar la formación de nuevos profesionales. Propone que la comunidad autónoma tenga la competencia para acreditar los centros docentes para médicos residentes, es decir, que la comunidad autónoma pueda dar el visto bueno a esas unidades que se encargan de formar a los profesionales que acaban de terminar la carrera y están en prácticas, para que las autoridades vascas puedan decidir dónde ejercen.
Además, quiere que el Estado mejore el sistema MIR de residentes para evitar que queden plazas sin cubrir y que modifique para ello la actual orden reguladora. Reclama, asimismo, que se realice de manera presencial el proceso de elección de plazas y se agilice la convocatoria para emergencias. Plantea otras dos actuaciones: agilizar el proceso de homologación de títulos de médicos especialistas formados en el extranjero (el Estado solo ha cedido la competencia a las instituciones vascas para convalidar los títulos que no se refieren a especialidades médicas, un acuerdo que suspendió cautelarmente el Supremo) y autorizar un periodo transitorio de tres años para que los profesionales sin especialidad puedan ejercer en periodos estivales, donde quedan en evidencia con mayor crudeza los problemas de escasez de personal por las vacaciones.
Pide voluntad política
En la rueda de prensa posterior, Pradales aseguró que activar estas medidas “es fácil” si el Estado tiene “voluntad política” porque no requieren movilizar medios económicos adicionales, sino que implicarían la transferencia de la gestión directa a la comunidad autónoma vasca. Eso sí, por otro lado, exigió al Gobierno español que revise los criterios de la aportación vasca al fondo de compensacion, que es “desproporcionada”: “Somos el 4,7% de la población y hemos pagado un 53%”.
A partir de ahí, ¿hubo compromisos por parte del Estado? Pradales, quien acaba de participar en su primera conferencia de presidentes, repitió una crítica ya conocida en el PNV: estas cumbres no son resolutivas y de ahí no salen acuerdos porque no hay trabajo de cocina.
Vivienda
Además, Pradales pidió al Gobierno español contar con dinero para ampliar el número de viviendas en alquiler: le reclamó que active con urgencia “un nuevo paquete de inversiones públicas a fondo perdido para la construcción de vivienda pública y protegida en régimen de alquiler” y para rehabilitar el parque ya construido a cargo del mecanismo de recuperación europeo. Cabe recordar que el propio Pradales también acaba de viajar a Bruselas para buscar otra herramienta financiera con el Banco Europeo de Inversiones. El lehendakari pidió, por otro lado, que se modifique la Ley del Suelo estatal (parece que Sánchez sí tiene intención de repescar este asunto) para agilizar los procedimientos urbanísticos municipales, movilizar suelo público y aumentar la oferta de vivienda; y que se transfieran gratis a la comunidad autónoma los suelos del Estado en los que haya un planteamiento pactado con el ayuntamiento en el que se ubican. Pradales vio un gran consenso en ese punto con otros gobiernos autonómicos.
Migración
La comunidad autónoma vasca, como frontera norte con el Estado francés y puerta de acceso al resto de Europa, y las islas Canarias, como frontera sur, defendieron una propuesta conjunta en la conferencia de presidentes para gestionar la crisis de los menores migrantes no acompañados, para que el Gobierno español promueva un reparto equitativo en los territorios y estos niños y niñas puedan ser atendidos correctamente. Además, quieren que movilice recursos materiales y económicos con fondos estatales y europeos.
El lehendakari Pradales y el presidente Clavijo plantearon “una nueva fórmula” de distribución de los menores basada en cinco indicadores como el PIB y la presión migratoria a la que está sometido ya cada territorio, que es patente también en la CAV (890 menores, la mayoría en Bizkaia, con más de 600). Sin que Pradales llegara a dar cifras concretas o cupos, propusieron tener en cuenta la población total, media de menores acogidos por 100.000 habitantes en los últimos seis meses, menores acogidos en los últimos cinco años, PIB per cápita y nivel de desempleo. El modelo lo ha elaborado Canarias, y la CAV lo comparte.
Este reparto sería extraordinario para aliviar la situación y tendría que plasmarse en una figura jurídica (como un decreto) en un plazo no mayor a tres meses. Más adelante, con mayor sosiego, se podría debatir otro coeficiente en la conferencia de infancia. Se plantea también colaborar con los países de origen. No hubo ningún acuerdo al respecto, en parte por la polarización política, y en parte porque estas conferencias no se celebran con un trabajo de cocina previo. Por tanto, tampoco se confirmó si Euskadi será considerada como frontera norte. El lehendakari dijo que este plan tuvo buena acogida por parte de presidentes “de partidos distintos”, citó a Catalunya y Aragón, y eso “abre un hilo de esperanza”. No se llegó a más, pero no hubo “rechazo frontal”.
El Gobierno español se defiende
El ministro Ángel Víctor Torres se ciñó a los criterios de reparto de menores que se acuerden en la conferencia sectorial de infancia, e insistió en que el mecanismo para aprobarlo es la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería porque sería “permanente e indiscutible” desde el punto de vista jurídico. Dijo que, si hubiera otra vía, Moncloa la hubiera implementado, pero evitó rechazar la propuesta vascocanaria: “Tendremos que ver cómo madura”. Sobre la falta de acuerdo en Santander, dijo que nadie pidió someter nada a votación.
Más demandas
Pradales añadió algunas demandas específicas vascas como tener la competencia para conceder autorizaciones iniciales de trabajo para los extranjeros, cambiar la Ley de Extranjería para ganar atribuciones en materia laboral, o agilizar las citas en comisarías para los certificados administrativos y que la Fiscalía acelere con la comprobación de la edad de los menores para verificar que lo sean. Además, quiere que la relación entre los estados español y francés sea más fluida para gestionar las autorizaciones de paso de fronteras en vista del atasco por el cierre de la muga.
Sobre los fondos europeos, Pradales pidió su gestión, flexibilizar las fechas de ejecución mientras no se descentralicen, y que el Estado negocie con la Unión Europea ampliar la fecha de vencimiento de finales de 2026, sobre todo del fondo de resiliencia autonómica. Reclama, además, que ese fondo no compute como deuda ni déficit, un punto en el que Pradales ve mucha coincidencia entre las comunidades autónomas.