El lehendakari traslada a Sánchez su preocupación por el autogobierno

El autogobierno prometido en el Estatuto de Gernika no termina de llegar, porque el bloqueo en las transferencias se mantiene; y el autogobierno que ya existe se ve sometido a recursos judiciales que amenazan con recortar su contenido. En ese contexto, el lehendakari ha tenido que admitir este martes su “preocupación”, y ha revelado que el pasado mes de marzo volvió a contactar con el presidente español, Pedro Sánchez, para abordar este asunto. Fuentes de Lehendakaritza consultadas por este periódico añaden que se trató de una reunión en La Moncloa donde se abordaron otras cuestiones como la detención del periodista Pablo González en Polonia, y se produjo, por tanto, antes de que Sánchez agravara la situación en el Congreso al asegurar que los ministerios creen no negociables cuatro traspasos, aunque aparecen en el calendario del propio Consejo de Ministros.

En el discurso que pronunció tras el Consejo de Gobierno de arranque del curso político, Urkullu habló sin tapujos: “No oculto mi preocupación en relación a esta materia”. Por un lado, exige a Sánchez que active los grupos de trabajo entre ambos gobiernos para negociar cinco transferencias, unas materias sobre las cuales ha enviado una oferta la consejera Olatz Garamendi (autorizaciones iniciales de trabajo en migración, salvamento marítimo, gestión del litoral, fondo de protección a la cinematografía y meteorología). Por otro, alertó sobre los procesos pendientes de resolución en el Tribunal Constitucional, algunos de ellos interpuestos por el propio Estado, aunque no todos o no en su mayoría. Eso sí, esta ofensiva se produce sin que Sánchez ni los socialistas den un paso adelante para abordar el blindaje del autogobierno con un nuevo estatus.

Urkullu habló de ocho procesos judiciales abiertos, y de cuatro cuestiones competenciales en negociación en la Comisión Bilateral que podrían o no derivar en nuevos recursos si no hay acuerdo. Algunas de ellas son novedosas, como las que afectan a los Presupuestos vascos vigentes o a la Ley de Administración Ambiental vasca.

Los conflictos judiciales

Por un lado, en cuanto a los conflictos judiciales que ya se han sustanciado, han sido interpuestos por el Estado, o por el PP y por Vox, y uno de ellos ha sido planteado por el propio Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. 

Desde Lehendakaritza precisan que los ocho conflictos judiciales son el recurso del Gobierno español contra el punto de la vacunación en la Ley Antipandemia vasca, el recurso de Vox contra esa misma ley, el conflicto positivo de competencias del Gobierno vasco contra el decreto estatal de la Administración electrónica, el de Vox contra la cesión a Euskadi de la competencia sobre los secretarios e interventores municipales, el del PP sobre la misma cuestión, los interpuestos por Vox y el PP también sobre la transferencia del Ingreso Mínimo Vital, y la cuestión de inconstitucionalidad promovida por el tribunal superior vasco sobre el euskera en los ayuntamientos.

En cuanto a las cuatro materias en negociación en la Comisión Bilateral, una de ellas fue la Ley Antipandemia, donde el acuerdo fue solo parcial y el Estado recurrió el punto de la vacunación. Los otros tres afectan a la Ley de Presupuestos vascos para 2022, donde se ha llevado a cabo la reunión de la comisión y se está a la espera de la respuesta del Estado para adoptar un acuerdo o bien ir al Constitucional; la Ley de Administración Ambiental de Euskadi, donde se espera un acuerdo para evitar la interposición del recurso; y la Ley de Conservación del Patrimonio Natural de Euskadi, donde se ha alcanzado un acuerdo que evitó el recurso. Desde la consejería de Autogobierno precisan que los conflictos afectan a muchos y dispares artículos.

Esperanza sobre el cumplimiento "si hay voluntad"

Urkullu dijo sobre el cumplimiento del Estatuto que “no hay avances significativos” y que solo hay diálogo sobre las líneas de ferrocarril. Denunció el análisis unilateral que pretende hacer el Estado sobre la viabilidad de los traspasos, cuando aparecen en el Estatuto, que es ley, y exigió que se produzcan las “reuniones bilaterales de los equipos negociadores para avanzar en todas las transferencias” que asumió el Estado en su calendario: “Sigo pensando que, si hay voluntad, el acuerdo es posible esta legislatura”. Solicitó, asimismo, decisiones compartidas y se mostró vigilante ante la agencia estatal de salud, las pruebas de la Ebau, y la normativa estatal de servicios sociales e incendios.