Pedro Sánchez presentó a finales de diciembre la nueva entrega semestral del informe Cumpliendo, un repaso que suele utilizar para reivindicarse como un presidente que pasa de las palabras a los hechos y ejecuta los compromisos pactados hace tres años con motivo de su investidura. Cuando se presentó la entrega previa, en verano, el nivel de cumplimiento con el PNV era muy discreto, del 35,7% en junio de 2022, y se incluía una previsión para el cierre del año que no contemplaba más cesiones al grupo jeltzale. Pero la nueva entrega del dosier refleja que esa cifra se ha disparado al 50% al cierre del 31 de diciembre de 2022, aunque no entraba en los planes de Sánchez.
¿Qué ha ocurrido? El grupo de Aitor Esteban ha podido sacar más jugo de lo habitual a la negociación de los Presupuestos del próximo año, y ha encarrilado demandas históricas como la oficialidad de las selecciones vascas de pelota y surf, además de acelerar inversiones ferroviarias.
Estos dos puntos son, de hecho, los que cambian de estado en la tabla de seguimiento y pasan de llevar la etiqueta de “en proceso con avances” a aparecer como cumplidos. Este informe refleja, por lo tanto, un empujón en el nivel de cumplimiento propiciado por el marcaje ejercido por el PNV en la negociación presupuestaria. Otro tanto se puede decir de ERC, con quien el informe da por cumplido el compromiso de investidura de crear y reunir una mesa de diálogo y abordar las relaciones con respeto a los derechos fundamentales de las personas que defienden distintos proyectos políticos.
El PNV ya había avisado a Sánchez de que los últimos meses de 2022 eran claves para dar un empujón a su acuerdo, porque el ciclo electoral va a complicarlo todo. No obstante, esta cifra supone que Sánchez aún tiene que cumplir la mitad del acuerdo de investidura con el PNV, cuando solo queda un año de legislatura por delante hasta las elecciones generales y habrá además una cita con las urnas en mayo a nivel municipal y en varias autonomías que dificulta los pactos. La importancia de este informe radica en que es el propio Gobierno español quien reconoce su magro nivel de cumplimiento, y no es una cifra que ofrezca el PNV para quejarse de la desatención. Algunos ministros han calificado en público al PNV de socio prioritario, aunque en la práctica la relación es irregular.
Transferencias y voz en Europa
A partir de ahí, el PNV mantiene la presión con la aspiración de encarrillar más reivindicaciones. El Gobierno vasco actúa a otros niveles para desbloquear la negociación de las transferencias pendientes que recoge el Estatuto de Gernika y son ley. Además, también ha solicitado que Sánchez aproveche la presidencia de turno del Consejo europeo en el segundo semestre de este año para dar entrada a Euskadi con voz propia en órganos como el Ecofin que reúne a los ministros de Finanzas del club comunitario, o los consejos de Competitividad y Justicia e Interior.
Estos dos compromisos, que también forman parte del pacto de investidura, aparecen bajo la etiqueta de “en proceso con avances”. Eso sí, en el caso de las transferencias, si se consulta el cuadro de seguimiento de los anteriores semestres, se pueden leer una decena de traspasos acordados hace meses, y en el último semestre solo se menciona que “se continúa trabajando” pero no aparece ningún fruto concreto. Se corresponde con la crítica del Gobierno vasco al retraso en la transferencia de trenes de cercanías y la falta de movimientos para desbrozar el camino en otras, salvo las autorizaciones iniciales de trabajo en migración. En el seguimiento de anteriores semestres, aparecen acuerdos como la gestión de las cárceles, transporte por carretera, código bibliográfico ISSN, edificio del Distrito Marítimo de Ondarroa, IMV, dos líneas de tren y dos tramos de autopistas, ayudas previas a la jubilación en empresas en ERE, productos farmacéuticos y seguro escolar. El traspaso de Tráfico a Nafarroa también figura en proceso con avances.
En cuanto a la presencia en Europa, el Gobierno español trata de reivindicar la presencia vasca en varias reuniones en grupos sobre la fiscalidad directa (ETD) e indirecta (Debra), pero el PNV pide tener presencia en el pleno del Ecofin, codo a codo con otros países, porque Euskadi cuenta con haciendas propias.
El propio informe, a diferencia de lo que ocurrió hace seis meses, sí contempla que en junio de este año se registre un incremento con más compromisos cumplidos, hasta el 57,1%. Está por ver cuáles podrían ser y qué tiene en mente Sánchez. En cuanto al balance al cierre de diciembre del año pasado, el informe refleja que un 42,9% de los compromisos está en proceso, y un 50% cumplido. EH Bildu no aparece en este informe porque, aunque es un apoyo habitual de Sánchez, no tiene un pacto de investidura firmado.
El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban
Cumplidos
El informe da por cumplidos el compromiso de dar a conocer con antelación al PNV los proyectos y resolver discrepancias, mantener una relación fluida con el Gobierno vasco para evitar la judicialización de las discrepancias, apostar por el Tren de Alta Velocidad, impulsar la industria y compensar su transformación energética con el mantenimiento del empleo, acordar los límites de deuda y déficit, y abrir cauces para la representación internacional de Euskadi en el ámbito deportivo y cultural.
El cumplimiento en las infraestructuras lo justifica este informe en que se han firmado el protocolo de colaboración para la nueva estación Bilbao-Abando y el apeadero provisional de Basauri, un convenio con el Ayuntamiento de Irun para la nueva pasarela urbana, la variante de Olabeaga, los avances en el tramo Burgos-Gasteiz, o el contrato de obras de la plataforma intermodal de Gasteiz. Sobre la representación internacional deportiva, cita el acuerdo en la Ley de Deporte para que una federación autonómica pueda participar en modalidades con arraigo histórico y social.
El Gobierno español se centró en las grandes cifras, las más generales, para destacar que ha cumplido más de un 66% de los compromisos adquiridos y un 68,9% del acuerdo de coalición con Unidas Podemos. En la rueda de prensa no se suele detallar el nivel de cumplimiento con los socios vascos y catalanes, una fotografía menos entusiasta que solo se puede encontrar buceando en la documentación.
Avances en la reforma territorial... por las selecciones vascas
Hace días, poco después de que se conocieran las enmiendas del PNV a la reforma de la Constitución, Aitor Esteban justificó su defensa del derecho a decidir en que Pedro Sánchez firmó un pacto de investidura que incluye las reformas territoriales y no ha dado ni un solo paso en tres años. Parece que el Gobierno español está pensando en cosas muy diferentes cuando lee ese punto, o bien quiere aparentar movimiento, porque su informe Cumpliendo al cierre de 2022 sitúa este punto “en proceso con avances”, y para ello introduce en la coctelera la Ley Audiovisual que impulsa la diversidad lingüística, y la Ley del Deporte que recoge supuestos para la oficialidad de las selecciones vascas de pelota y surf. Este último fue calificado como un avance histórico por parte del PNV, pero no aborda expresamente el problema territorial ni supone adecuar la estructura del Estado. De hecho, la presencia vasca en el ámbito internacional en los deportes y la cultura aparece en otro punto distinto del acuerdo de investidura, y no en este.
En concreto, el informe recoge el impulso de “las reformas necesarias para adecuar la estructura del Estado al reconocimiento de las identidades territoriales”. Este punto se considera “en proceso con avances”, y pone como ejemplo la Ley Audiovisual que fomenta la diversidad de las lenguas, y la Ley del Deporte para hacer posible la participación de federaciones autonómicas en modalidades que tengan arraigo histórico y social en ese territorio. A estas novedades del último semestre les suma un clásico desde que existe el informe Cumpliendo: habla de que se han hecho “informes de expertos” sobre la estructura del Estado.
Entre los otros puntos que se consideran en proceso con avances, el informe cita el cumplimiento de los acuerdos ya adquiridos en la moción de censura de 2018 que desalojó a Mariano Rajoy. En este caso, el informe contabiliza el acuerdo de la metodología del Cupo para el quinquenio 2022-2026, y la Ley del Sector Ferroviario, que permite excluir de la red de interés general una línea que se utilice para la prestación de servicios en una sola comunidad. Este cambio se interpretó por parte del PNV como una forma de allanar el traspaso de trenes.