Mensaje recibido. Y, en principio, se ha recibido con una actitud positiva. La carta que escribió la nueva consejera de Autogobierno del Ejecutivo de Imanol Pradales, Maria Ubarretxena, con la intención de dar velocidad al proceso de negociación de las competencias que tiene que recibir Euskadi, llegó el martes por la tarde al buzón del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Así lo confirman fuentes del Ministerio consultadas por este periódico, donde adelantan que están dispuestos a elaborar un “calendario de trabajo” sobre las transferencias pendientes que recoge el Estatuto de Gernika. Es una tarea que podrían acometer después de que se produzcan los primeros contactos entre el recién constituido Gobierno vasco y el Ejecutivo español de Pedro Sánchez. “Por supuesto que, en el marco de las relaciones territoriales, se llevará a cabo esa reunión con la nueva consejera. Se ajustarán agendas para ello y para seguir dando pasos en los compromisos que ambos gobiernos han adquirido. Tras los primeros contactos que se produzcan después de la conformación del nuevo gobierno, que está muy reciente, se trabajará en un calendario de trabajo. Claro que sí”, sostienen fuentes del Ministerio.
Queda por ver si los gobiernos de Imanol Pradales y de Pedro Sánchez están de acuerdo en los tiempos y ritmos de este trabajo. En esta legislatura española donde los escaños del PNV son imprescindibles para que Sánchez saque adelante sus leyes, el acuerdo de investidura con los jeltzales se está cumpliendo con mayor diligencia que en los últimos años y, en ese sentido, el primer paquete de transferencias llegó en los términos y plazos pactados. Eran las competencias sobre los trenes de cercanías, la convalidación de títulos universitarios y la acogida a los refugiados. Por tanto, se ha empezado con buen pie y, por ahora, la relación no se ha torcido. Eso sí, queda por delante la mayor parte de los traspasos, y el acuerdo de investidura que firmó en noviembre el PNV con Pedro Sánchez comprometía al Gobierno español a cumplir íntegramente el Estatuto de Gernika dos años improrrogables, un tiempo del que ya han corrido unos meses. Hay otros factores que pueden condicionar esta negociación, como la posibilidad de que la legislatura española salte por los aires y se convoque un adelanto de las elecciones generales por la situación en Catalunya.
Pactar una metodología
La consejera Ubarretxena quiere reunir la Comisión Bilateral Permanente que pactó el PNV con Sánchez para hacer seguimiento de la negociación. Es un foro que permite abordar el proceso en su globalidad. En ese sentido, se espera que, en la reunión inaugural de esta comisión, se pacte una metodología de trabajo para completar el Estatuto y que Euskadi gestione todas las materias que le corresponden. Ubarretxena deslizó este miércoles en Euskadi Irratia la posibilidad de hacer “paquetes de transferencias” para ir encarrilando estas conversaciones. Ella cuantificó en 29 las transferencias que quedan pendientes, un cálculo que siempre suele bailar con unos números arriba o abajo porque la gestión del régimen económico de la Seguridad Social agrupa varias materias que en ocasiones se cuentan juntas como un solo bloque, y otras veces, por separado.
Esta comisión permanente no se ha puesto nunca en marcha con esta finalidad en los casi 45 años que tiene el Estatuto de Gernika. Para la parte vasca, es un foro determinante porque da continuidad, estabilidad y permanencia a la negociación, que de otra forma solo se activa cuando las mayorías le aprietan al Gobierno español de turno y necesita los votos del PNV en el Congreso. Hasta la fecha, solo existían las reuniones de los grupos de trabajo compuestos por técnicos y juristas de ambos gobiernos, que van dando forma a unos traspasos concretos siempre bajo encargo expreso y explícito de sus respectivos gobiernos.
Los máximos representantes de las consejerías y los ministerios suelen intervenir cuando hace falta dar un impulso político, y finalmente convocan la Comisión Mixta de Transferencias para firmar el acuerdo cuando ya está hecho. Es decir, la Comisión Mixta no es un órgano de negociación, sino de ratificación de un acuerdo ya alcanzado. Y lo que firma son traspasos concretos. Esto significa que el orden del día está cerrado y predeterminado, y no se aborda el cumplimiento del Estatuto en su totalidad.
La Comisión Bilateral Permanente es un elemento nuevo que da permanencia a la negociación y da la oportunidad de redactar un calendario y una metodología, hacer seguimiento y vincular con mayor fuerza a las partes. Además, el PNV pactó con Sánchez que esa comisión tenga que reunirse de manera presencial cada seis meses con la asistencia del lehendakari y el presidente español, lo que reduce al máximo la posibilidad de que el trabajo entre en barbecho o quede aparcado.
Con encaje legal
Todas las partes se han cuidado de que la propuesta tenga encaje legal. La disposición transitoria segunda del Estatuto de Gernika ya recogía la posibilidad de crear una comisión en el plazo de un mes para establecer las normas de los traspasos, pero nunca se ha llegado a activar desde la aprobación de esta ley en 1979. Se ha negociado en cierto modo a salto de mata, cuando surgía la oportunidad política y las mayorías en el Congreso lo facilitaban. Hubo algún intento antes de las elecciones generales de julio del año pasado. La entonces vicepresidenta española, Nadia Calviño, llegó a confirmar públicamente que se estaba estudiando su composición o la posibilidad de reactivar otras comisiones permanentes que podrían servir para albergar esos debates transferenciales.
La portavoz del Ejecutivo vasco, Maria Ubarretxena
La consejera Ubarretxena quiere convocar la comisión para dar “velocidad de crucero” al diálogo y, como adelantó el lehendakari Pradales en la entrevista con este periódico, quiere empezar por los aeropuertos, los puertos y la gestión del litoral. El propio Tribunal Constitucional avaló el traspaso del litoral a Galicia, cuyo Estatuto es idéntico al vasco en ese punto; y existe la posibilidad de ir desbrozando las transferencias en materia de infraestructuras empezando por el aeropuerto de Foronda y, quizás, por la descatalogación del puerto de Pasaia como enclave de interés general del Estado.